Xalapa, Ver.- Durante el Primer congreso estatal del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Fedipev) los jubilados anunciaron que analizarán y buscarán la asesoría jurídica para hacer uso del derecho civil y penal a fin de denunciar ante los juzgados estatales y federales por el delito de daño al patrimonio de los veracruzanos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, al secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín y al director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) Armando Adriano Fabre, así como al consejo directivo.

Al hacer uso de la voz, líderes regionales de jubilados de todo el estado de Veracruz, mencionaron que pasarán de las solicitudes por medio de oficios y documentos ante el IPE y de exigencias a través de manifestaciones hacia la aplicación de las leyes penales.

“Tenemos que hacer demandas en la vía civil porque hay un daño al derecho de los trabajadores y la responsabilidad política la tenemos que ejercer, exigiendo juicio político.”, dijeron.

Señalaron que la actuación del gobierno de Veracruz con respecto a las finanzas del IPE pone de manifiesto su bajó interés por solventar el pago de las pensiones, por lo que se organizarán para apoyar a que haya una alternancia de partido político en el poder del Titular del Ejecutivo estatal en las elecciones del próximo año.

“Pero como estos funcionarios ya se van, no les importa nada, pero tenemos el poder político, tenemos que sacar al Partido Politico que está ahorita en el poder, tenemos que votar por otro partido, por otro candidato que nos respete, nos queda la movilización política y eso vamos a hacer”, acordaron.

En voz de los pensionados, acordaron buscar la figura jurídica y las vías judiciales para denunciar a los actores políticos que acabaron con el recurso de los pensionados.

Uno a uno de los jubilados reunidos en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rebsamen” expresaron su sentir con respecto a la falta de pago de sus pensiones y porque el gobierno de Veracruz declaró que el IPE está en quiebra.

Los jubilados dijeron que tienen el derecho a la pensión después de haber trabajado 30 años para el estado, por lo que no tienen ninguna obligación de hacer marchas y plantones para hacer valer la ley.

Alertaron a los trabajadores del gobierno del estado que no los han basificado y sólo los tienen por contrato, porque en cualquier momento serán despedidos o en su caso llegarán a la edad senil sin derecho a una pensión.

“Si continúan así los compañeros, sin exigir sus derechos a una base laboral, se van a juntar dentro de poco con nosotros para hacer marchas y plantones porque el gobierno no les quiere pagar su jubilación”, dijo un maestro de la región de Córdoba.

Estas denuncias penales, y civiles ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y ante jueces federales explicaron los jubilados servirán para obligar al consejo general del IPE, a su director, al gobernador y al titular de la Sefiplan a que detallen cómo se manejan los recursos del Instituto desde hace 62 años de su creación.

“Las leyes dicen que todo funcionario público tiene responsabilidades política, responsabilidad penal, civil y administrativa, entonces ocupemos lo que el derecho nos da, tenemos que hacer las denuncias penales correspondientes que nos digan que le han hecho al dinero, porque hay corrupción de intereses, qué le hicieron al dinero”, detalló un jubilado del norte del estado. 

Avc