Xalapa, Ver. El despido de más de 2 mil "aviadores" anunciado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, es parte de las acciones meramente recaudatorias que ha emprendido hacia el final de su administración, sostuvo el investigador de la Universidad Veracruzana, Leopoldo Alafita Méndez.

“Son caminos para obtener recursos para ese final de sexenio. Los recursos podrán venir de lo que propicia la ley de Tránsito, o el incremento a la nómina. Son fuentes de incremento seguros”, señaló.

El investigador aseguró que el gobierno de Javier Duarte sabía que ahí estaban esos personajes, sin embargo no se encontraba la forma de cesarlos. Aseguró que el problema no es actual sino que se arrastra desde administraciones pasadas.

Señaló que debe haber sanciones legales para el aparato gubernamental y dirigentes magisteriales, a los que acusó de complicidad. En ese contexto, dijo que tanto el gobernador, como los secretarios de educación y finanzas sabían de la existencia de estas personas, por lo que se debe investigar a fondo.

El investigador dijo que si la sociedad es seria, debe exigir castigo a acciones de esa naturaleza, por ser la que sufrió ese daño.

“Yo creo que los veracruzanos que son los que pagaron, los que sufrieron ese daño de los bienes públicos tienen derecho a saber mucho más de lo que se dice para justificar una medida de esa naturaleza. Quién los puso ahí, sí sabemos quién fue”

Y agregó que hay un dirigente magisterial “que es el que seguramente tiene más vela en el mantenimiento de una situación como estas; estoy hablando del profesor Juan Nicolás Callejas. Sin su consentimiento esas personas no podrían estar ahí”.

Dijo que la responsabilidad no exime a los funcionarios del gobierno del estado, por ser quienes tomaron la decisión de ubicar a estas personas en esa situación de irregularidad en la que permanecieron.

Sostuvo que no se trata solo de ventilarlo, sino “que esto tiene repercusiones mayores, no se puede quedar sin que esto vaya a las últimas consecuencias. Yo creo que la estructura gubernamental en primer término debe dar explicaciones”.

Agregó que independientemente de las lecturas del caso, esto pone en contexto que la sociedad veracruzana no es capaz de exigir cuentas “aun cuando tenemos evidencias de que las cosas están tan sucias como el gobernador lo ha ventilado”.