México. D.F. En la fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó de la Cuenta Pública 2013 del estado de Veracruz, se detectaron observaciones e irregularidades por un monto de al menos 3 mil 145 millones de pesos, lo que dejó al descubierto malos manejos de recursos públicos en todos los rubros del gasto federalizado, advirtieron diputados federales de Morena.

Por ello, se prevé que este miércoles los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, presenten ante el pleno de la Cámara baja un punto de acuerdo mediante el que proponen que la Cámara de Diputados federal exhorte tanto a la Procuraduría General de la República (PGR), como a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que investiguen ese presunto desvío de recursos públicos en el estado de Veracruz.

Los legisladores de Morena recordaron que en su momento, la ASF hizo recomendaciones para “hallar los recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación”.

Entre las irregularidades detectada, indican, se encuentran: pagos indebidos, deficiencias de control del proceso de gastos de operación, falta de conciliación y soporte documental de las erogaciones, transferencias a varias cuentas, falta de cumplimiento de pago, actos contrarios a la ética y la conducta institucional, entre otras observaciones.

De dicha fiscalización –dice el documento que presentarán- se desprende que en 2013 el gobierno del estado de Veracruz incurrió en irregularidades por más de 66.5 millones de pesos en el rubro de educación; más de 315 millones, en salud; más de 625 millones, en infraestructura estatal; e irregularidades por más de 32.9 millones en infraestructura municipal;

En materia de seguridad pública, las irregularidades detectas son por más de 260 millones de pesos; en seguridad pública territorial, el faltante es de más de 5.9 millones; en escuelas de tiempo completo asciende a más de 230 millones; ensubsidios para organismos descentralizados, son más de 2.8 millones; en lo que respecta al Seguro Popular, son más de mil 580 millones los que no se sabe dónde quedaron; y en medio ambiente, las irregularidades ascienden a más de 27.3 millones de pesos.

“Estas irregularidades han ocasionado que la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa sea investigada por el probable daño ocasionado a la federación y en las que, dado el tamaño de las irregularidades reportadas, pudieron haber sido desviados miles de millones de pesos”, precisa el documento.

Añade que por esos hechos, varios funcionarios públicos o ex funcionarios veracruzanos son ya investigados por la PGR, entre los que destacan, de acuerdo con medios de comunicación locales, los nombres de:

Juan Felipe Aguilar de la Llave, ex secretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Rafael Germán Murillo Pérez, ex secretario de Finanzas y Planeación. José Salvador Sánchez Estrada, ex secretario de Finanzas y Planeación.

Fernando Charleston Hernández, ex secretario de Finanzas y Planeación, diputado federal saliente. Mauricio Martín Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planeación y ex contralor general del Estado. Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Sefiplan. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general del Orfis, ex director general de Control y Evaluación de la Contraloría General del estado.

También menciona a: Jon Gurutz Rementería Sempé, ex secretario de Salud (2004-2007), actual delegado del IMSS en la zona sur de Veracruz. Leonel Bustos Solís, ex director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la Ssa, actualmente director general del Seguro Popular. Beda Ocampo López, directora de Recursos Humanos de la SEV. José Rafael Méndez Escobar, ex funcionario de la Secretaría de Salud. Clara Luz Prieto Villegas, subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la delegación de Sedesol en Veracruz, y ex contralora del estado. Jesús Guillermo Villegas Ríos, director de Control y Evaluación de la Contraloría del estado.

Además de Santiago Mota Bolfeta, director de la Comisión Constructora de Salud del estado. Nicolás Gerardo Baizabal Silva, ex subdirector de Operación Financiera de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación, cuando Javier Duarte era Subsecretario de Finanzas. Rocío Hernández Ríos, ex subdirectora administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud. Timoteo Aldana Carrión, director administrativo de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud.

Así como: Carlos González Cruz, ex jefe del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Salud de Veracruz. Edgardo Hernández Callejas, ex funcionario de la Secretaría de Salud de Veracruz. Juan Gabriel Hernández Jiménez, ex funcionario de la Sefiplan. Tomás José Ruíz González, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del estado; era secretario de Finanzas y Planeación al darse el ilícito. Gabriel Deantes Ramos, actual secretario del Trabajo y Previsión Social; era subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan al momento del ilícito.

También investiga, dice, a: Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Sefiplan; tenía el mismo cargo al momento del ilícito. Vicente Guillermo Benítez González, actual oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz; era tesorero de la Sefiplan al momento del ilícito. Lorenzo Antonio Portilla, actual auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Cuando se cometió el delito era director general de Control y Evaluación de la Contraloría General del gobierno del estado de Veracruz.

Lo mismo que a: Antonio Ferrari Cazarín, actual director de Patrimonio del Estado de Veracruz. Cuando se cometió el delito era subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal por Cosamaloapan, ex subsecretario de la Sefiplan. Édgar Spinoso Carrera  diputado federal por Martínez de la Torre, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde fue removido después de un escándalo de corrupción, junto con Gabriel Deantes.

Los legisladores de Morena señalan que tomando en cuenta que millones veracruzanos se encuentran en pobreza y pobreza extrema, el enriquecimiento ilícito a partir del manejo mafioso del erario público es inaceptable, por lo que recalcaron la necesidad de que se esclarezca el destino que tuvieron esos 3 mil 145 millones de pesos faltantes de la Cuenta Pública 2013 del estado de Veracruz, pero sobre todo que esos recursos económicos se le reintegren a la sociedad veracruzana.

Por ello, el punto de acuerdo que –con carácter de urgente y obvia resolución- que  presentarán en San Lázaro, también busca que se exhorte a la Cámara de Diputados local del estado de Veracruz, para que instruya al Órgano de Fiscalización Superior de ésta entidad, para que audite las obras y recursos financieros ejercidos en la Cuenta Pública de 2013, especialmente aquéllos en los que se encuentran involucrados recursos federalizados.