En su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el legislador Fernando Yunes Márquez, dio la bienvenida a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y autoridades en el acto inaugural de las Primeras Jornadas de audiencias y mesas de trabajo en materia de desaparición forzada de personas.

Yunes Márquez manifestó que este tema es de gran trascendencia para México. “El delito de desaparición forzada es una de las conductas que más aquejan y han dañado nuestra sociedad en los últimos años; ejemplo de ello es el caso de Ayotzinapa, uno de los acontecimientos más trágicos de los que México ha sido testigo, ocasionado como consecuencia de la corrupción e infiltración del crimen organizado, dentro de diversas instancias tanto municipales, como estatales”.

Dijo que además de éste, existen miles de casos de personas desaparecidas en diversos estados y regiones del país, pero no todos se encuentran documentados en expedientes judiciales, derivado de la falta de confianza de la población hacia las instancias de procuración de justicia en nuestro país.

El Senador Fernando Yunes dio a conocer que de acuerdo, con el informe anual de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, proporcionado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de personas desaparecidas o no localizadas al 31 de diciembre de 2014, respecto al fuero común, se distribuyó por entidades federativas de la siguiente forma:

El 21.7% (5,392) se le vio por última vez en Tamaulipas; 8.8% (2,184), en Jalisco; 7.8% (1,947), en Nuevo León; 7.8% (1,945), en el Estado de México; 6.2% (1,540), en Chihuahua, y 6.2% (1,536), en Sinaloa; y esta suma de personas en estas seis entidades federativas representó el 58.6% del total nacional.

En cuanto a los registros del fuero federal, al 31 de diciembre de 2014, un total de 418 personas permanecían como desaparecidas o no localizadas.

Dijo que a diferencia de los casos del fuero común, los registros del fuero federal se concentran en una menor cantidad de entidades federativas, en particular, el 60.8% de los casos se concentraron en Guerrero, con 109 personas (26.1%); Tamaulipas, 82 personas (19.6%); y Veracruz, 63 personas (15.1%); les siguen el Distrito Federal, con 36 casos; Estado de México, con 18; Coahuila, con 16; Chihuahua, con 15; Jalisco, con 13; y Michoacán, con 12 casos.

Indicó que la suma acumulada a la fecha de corte de las personas desaparecidas o no localizadas en estas nueve entidades federativas representa el 87.1% del total nacional de personas desaparecidas del fuero federal.

Yunes Márquez subrayó que la tipificación de este delito en el orden jurídico nacional, no ha sido del todo eficaz, si bien se encuentra tipificada en el orden federal, únicamente 22 de las 32 entidades federativas lo castigan, y solo 2 de ellas (Chiapas y Guerrero), expidieron leyes especiales sobre el delito en comento.

“Por ello, el pasado 10 de julio de 2015 se aprobó una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Desaparición Forzada de personas”.

Dijo que con este nuevo instrumento normativo, se logrará una homologación del delito de desaparición forzada para los tres niveles de gobierno, a la par de una mayor seguridad jurídica para todos sus destinatarios.

Precisó que en esta materia México ha suscrito Instrumentos Internacionales en esta materia, como lo es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y el Estatuto de Roma.

De igual manera, destacó, existen iniciativas en el Senado que proponen diferenciar el delito de desaparición forzada cometido por servidores públicos directamente, y por particulares que actúen con el consentimiento de aquellos, creando un tipo equiparado para las desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las cuales son conocidas como “desaparición involuntaria de personas”.

Dijo que este sentido todo el espectro delictivo quedaría cubierto respecto de las conductas que directamente conforman la desaparición forzada, además de que las iniciativas proponen tipificar conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos, que son igualmente graves.

Señaló que desde el Senado de la República se refrenda el compromiso de atender y resolver las problemáticas ocasionadas por este grave delito y que sin duda afectan directamente la dignidad y los derechos humanos no solo de los mexicanos, sino de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio nacional.

“Estaremos atentos a las observaciones que nos hagan llegar y que sin duda son fundamentales para la elaboración de un ordenamiento jurídico que garantice y salvaguarde la integridad de todas las personas”, reiteró.

Presentes en esta primer jornada de trabajo en materia de desaparición forzada el Senador Roberto Gil, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Secretaria de la Comisión de Justicia; y a la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, entre otros.