Xalapa, Ver. El pasado jueves el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras ratificó ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado local por Coatzacoalcos, Renato Tronco Gómez, dos días después de haber hecho la primera solicitud.

Es decir, es solo cuestión de días para que los legisladores turnen el expediente a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales, y se vote el desafuero.

Pese a que ha asegurado en distintas ocasiones que no se trata de un tema político, la ratificación del juicio de procedencia no se ha realizado en otras ocasiones, como en el caso del alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, acusado de violencia intrafamiliar, y que derivado de un error en el nombre del municipio, permitió al edil ampararse, separarse de su cargo por 40 días y volver sin problema alguno.

El segundo “error” de este tipo, ocurrió con el alcalde de Ayahualulco, Abundio Rosas, cuyo expediente también fue enviado mal integrado.

De igual forma, en la solicitud de desafuero del alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, la acción fue tardía, y una vez que aprobó retirarle el fuero, el edil ya se encontraba prófugo.

Bravo Contreras ha explicado que “a consecuencia de que un fiscal especial me turna un acuerdo que dice que a la luz de esas constancias existen elementos  que dan la posibilidad que el señor Renato Tronco Gómez sea probable responsable del homicidio del ex edil de Las Choapas, solicita por mi intervención que yo acuda al Congreso a solicitar el juicio de procedencia en contra de un funcionario con fuero”.

Y agrega que “desde luego después de haber analizado que en efecto el acuerdo del fiscal fue fundado. La ley ya en materia del proceso legislativo exige la ratificación. Ya lo hicimos y estamos en espera de que se turne a comisiones”.

Aseguró que lo que opinen los políticos lo respeta, pero “lo único que hago yo es fincarme en constancias que se consignan y se encuentran en una averiguación criminal, no en dichos, ni comentarios ni opiniones; el dato duro de una investigación es lo que me dice que hay elementos para hacerlo probable responsable de un homicidio en el 2006”.

En la misma tónica, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha señalado que “es un tema donde ni yo soy el demandante ni yo soy la autoridad que resuelve el caso, son temas de índole jurisdiccional”.

El mandatario aseguró que es el propio poder judicial el que ha determinado la procedencia del caso, que “es un órgano autónomo que no depende del gobierno del estado ni mucho menos del gobernador de Veracruz”.

En ese caso, así como en el de Miguel Ángel Yunes Márquez, Duarte de Ochoa se lavó las manos al señalar que “ni el gobernador del estado, ni el gobierno de Veracruz tiene participación ni tiene ninguna injerencia en este sentido así que estaremos como todos los ciudadanos muy atentos a que el desarrollo de la misma transcurra con apego a la legalidad”.

Solicitud divide a priistas

El diputado priista Ricardo Ahued Bardahuil dijo que le llama la atención el caso “porque tardaron mucho tiempo en acordarse”. Dijo que la viuda tiene razón en exigir justicia sin embargo “de repente se acordaron después de ocho o nueve años que había algo y es una rapidez con la que trabaja la Fiscalía que me tiene asombrado”.

Agregó que el tema está enrarecido porque “es asombrosa la velocidad cuando hay muchos casos que ni siquiera pelan a la gente”.

El legislador llamó a la cordura de los actores políticos, ya que a los ocho millones de habitantes les interesa como sube la calidad de vida, como comen, como se medican,  como estudian, “a los veracruzanos no les importan los pleitos políticos de nadie, ni de familia ni individuales”.

Por el contrario, Juan Nicolás Callejas Arroyo negó de manera categórica que sea “una cacería de brujas porque es un aspirante a la gubernatura”.

Detalló que sin conocer a fondo el problema “creo que no terminaron, porque hay una denuncia de la que fue su esposa y creo que los que son autores materiales ya fueron sentenciados pero el caso no se había cerrado”.

Señaló que el Congreso no sanciona ni juzga; desmintió que se esté sancionando sus faltas a las sesiones, las tomas de carretera que haya realizado, “le puede pasar a cualquiera que no tenga el cuidado de que si está sujeto a proceso y este se termina no quede concluido”.

Cabe destacar que aunque en esta administración se han solicitado al menos cinco desafueros, solamente Sara Luz Herrera Cano, ex alcaldesa de Alvarado está presa por homicidio; Omar Reyes de Medellín, y Roberto Pérez Moreno de Coatepec, están prófugos.

De los otros casos, algunos se han desechado y de otros no se ha dado un dictamen final.