En Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el reporte preliminar de su visita In Loco a México.

Durante la conferencia de prensa para presentar este informe preliminar, Edison Lanza como Relator Especial para la Libertad de Expresión, dijo que este lugar de México  “los periodistas quedan en medio de un fuego cruzado y son víctimas de asesinatos,  de hostigamiento y de amenazas, tanto por parte del crimen organizado, como –en algunos casos- de agentes estatales”.

Entre los testimonios presentados por la CIDH, destaca el de uno de los periodistas que asistió a la audiencia de la Comisión en Veracruz.

“En México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi.

“Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”, dijo el periodista.

En su informe preliminar, la  CIDH afirmó que durante su estancia en Veracruz tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos.

Y alertó: “en los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebrarán elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.

La CIDH también refirió a los graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas, en Veracruz, durante en el 2014.

Y señaló que aunado a los hechos de violencia, se suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores”.

La CIDH valoró como positiva la creación de la Comisión de Atención a Periodistas en Veracruz.

Dijo que  a la fecha este mecanismo ha otorgado medidas a  un número importante de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo.

Durante la visita in loco, la CIDH recibió a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y a periodistas durante las audiencias celebradas en el Distrito Federal y visitó el estado de Veracruz donde desde 2010 a la fecha se han registrado 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad.

Violencia y amenazas contra periodistas y comunicadores

La  CIDH dijo  en su informe que lo que sucede en Veracruz no es una excepción, sino por el contrario, una situación generalizada para todo el país. Y expresó su preocupación el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios contra los periodistas y comunicadores de México.

Según ha registrado la Relatoría Especial de la CIDH, en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015.

“En la última década la Comisión ha utilizado su mecanismo de medidas cautelares a fin de solicitar a México que proteja a un número importante de periodistas que han sido desaparecidos, o sufren actos de hostigamiento y amenazas”.

Planteó que “la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales”.

La CIDH estima que “los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos.

La comisión dijo en su informe que pese a la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la reforma que le otorgó la facultad de atracción de las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión, aún existen grandes desafíos políticos y jurisdiccionales para reducir los altos índices de impunidad.

“La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su conjunto”.

Deficiencias en el mecanismo de protección defensores de DDHH y periodistas

En cuanto a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, la CIDH recapituló que en 2012 se aprobó la ley mediante la cual se adoptó el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Dijo que la creación del mecanismo se hizo en cumplimiento a una recomendación hecha por la CIDH y la ONU en 2010. Y aunque en un principio enfrentó dificultades, ahora el mecanismo ha mejorado sus procesos internos para tramitar las solicitudes de protección.

Sin embargo “siguen existiendo retos importantes para garantizar la protección de los solicitantes”.

Desde el 2012 hasta la fecha, el mecanismo informó que hay 463 beneficiarios de medidas de protección, de los cuales 190 son periodistas y 273 defensores y defensoras.

“La Comisión observa que esta evolución deberá ser fortalecida con elementos tales como: la sostenibilidad financiera en el tiempo, el desarrollo de una política de prevención, la promoción del mecanismo en las entidades federativas -donde no se lo conoce-, la coordinación con las autoridades locales -algunas de las cuales no tendrían la voluntad política de colaborar- y la falta de confianza por parte de algunos sectores de la población objeto”.

Además, existe la necesidad de que el mecanismo de protección se articule con las entidades encargadas de  investigar las agresiones, como la CIDH lo ha señalado en otras oportunidades “el medio más eficaz para proteger […] es investigar eficazmente los actos de violencia y sancionar a los responsables”. Esto permitiría al programa ganar confianza entre la población que debe atender.

Sin perjuicio de los avances señalados, la Comisión recibió con preocupación información sobre la persistencia de desafíos en el funcionamiento del Mecanismo.

Según la información recibida, el mecanismo tendría deficiencias administrativas y operativas de distinta índole:

“La demora en la implementación de las medidas y la falta de seguimiento a la efectividad de las mismas, deficiencias en el funcionamiento de los botones de pánico y la consiguiente falta de respuesta por parte del mecanismo, son las falencias más mencionadas por algunos beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil”.

La CIDH, también tuvo conocimiento de la carencia de perspectiva de género en la evaluación y adopción de las medidas de protección, así como el enfoque diferencial frente a líderes indígenas.

Progresivo retroceso en la política de transparencia

Por otra parte, la CIDH ha tomado nota de algunas dificultades que enfrentan las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares para acceder a información pública.

Pese  que el Estado mexicano aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo marco se otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la atribución de desclasificar la información relativa a graves violaciones a los derechos humanos; la nueva legislación estableció que esa decisión puede ser impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República cuando medien razones de seguridad nacional.

“Esto ya ha producido impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, además de dilatar el acceso a la información clave para investigar estas graves violaciones. Tampoco existe claridad respecto de cuales van a ser los lineamientos o los criterios que se aplicaran para tomar una decisión”.

Durante la visita in loco la Comisión tomó conocimiento de un progresivo retroceso en la política de transparencia activa e información pública de las muertes de civiles y militares en operativos de seguridad, en particular cuando intervienen las fuerzas armadas.

Dijo que le ha reportado que los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos y en los últimos dos años los medios de comunicación y las organizaciones sociales han debido acudir al uso del recurso de acceso a la información para acceder parcialmente a esta información, tanto a nivel nacional como estatal.