Peritos de la hoy Fiscalía General del Estado reconocieron que el gobierno de Ángel Aguirre realizó una deficiente investigación, con dolo y mala fe, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, revelaron que desde su llegada a la ciudad, la mañana del 27 de septiembre de 2014, para participar en los primeros trabajos de la investigación del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes, se les ordenó que no hicieran nada.

"El que tomó el control de la investigación fue el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, quien, junto con un grupo de investigadores, subieron al lugar llamado Cerro del Coyote, arriba de la colonia de Pueblo Viejo, a dirigir la excavación de fosas", explicó un funcionario de la Fiscalía.

Ese día, mencionó, también tuvieron conocimiento de que un grupo de policías municipales y de civiles se habían llevado en una camioneta de más de una tonelada a varios estudiantes.

"Las autoridades ya sabían de eso y no hicieron nada para iniciar la búsqueda de las personas secuestradas y detener a los delincuentes, incluidos a los policías, de quienes ya se sabía de sus nexos con la delincuencia", contó.

Fuentes de la Fiscalía consideraron que hubo mala fe por parte de las autoridades estatales para conocer la verdad de los hechos.

"Acuartelar a los policías durante muchas horas el sábado 27, pese a que ya se sabía que tenían mucho que contar, y después detenerlos y trasladarlos a Acapulco fue un error", afirmó otro de los expertos.

Al respecto, el asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el Gobierno de Ángel Aguirre tuvo una responsabilidad al no haber ordenado a la Policía Estatal que se evitaran los hechos del 26 y 27 en Iguala.

"Eso de esperar a que el Congreso desaforara al Alcalde (José Luis Abarca, hoy preso) sólo le dio tiempo a éste para que se diera a la fuga. Y eso podría configurarse en una presunta complicidad", manifestó.

Excluyen información Un informe de la Fiscalía de Guerrero sobre sus investigaciones del caso establece que en el expediente que integró, y que envío a la PGR, se da cuenta de las prendas de vestir de estudiantes que fueron encontradas en un autobús.

De acuerdo con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), la PGR no tenía en el expediente esta información.

El documento de la Fiscalía señala que a las 00:05 horas del día 27, personal de la dependencia se trasladó a las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia para verificar el reporte sobre un autobús Estrella de Oro abandonado con los cristales rotos y las llantas ponchadas.

"En el autobús se apreciaron en el interior y en los escalones rocas de distintos tamaños; y en el exterior, a una distancia de cinco metros de la unidad, se encontraban amontonadas diversas prendas de vestir (ocho playeras, un suéter y un pañuelo), una de ellas (un pañuelo) con manchas de líquido hemático", dice el expediente.

También indica que se informó a la CNDH sobre la participación del Ejército en la toma de datos de los hechos.

Normalistas habrían sido torturados

Horas antes de su desaparición, ocho estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos y presuntamente torturados en una casa de seguridad localizada en Cocula, Guerrero, según se desprende de una de las líneas de la indagatoria que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Según otra nota del periódico El Universal, la casa de seguridad, que ya fue localizada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia PGR, era operada de manera conjunta por el líder del grupo Guerreros Unidos en Cocula, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y el que fuera subdirector de Seguridad Pública, César Nava González, mismo que era integrante del Ejército antes de ser jefe policiaco.

En esa misma casa de seguridad se encontraron manchas de sangre que permitieron identificar a una persona que había sido secuestrada en los días previos a la desaparición de los 43 normalistas, lo que a juicio de los investigadores podría ser un indicio de que esa organización criminal operaba con gran libertad en el municipio de Cocula, cuyo alcalde, el priísta César Miguel Peñaloza Santana, fue acusado de presuntos vínculos con Guerreros Unidos.

No obstante, durante las investigaciones, la PGR no logró obtener una orden de aprehensión en su contra por parte de un juez federal.

Además, las autoridades ministeriales cuentan con el registro de diversas llamadas telefónicas entre policías y presuntos sicarios implicados en el plagio y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en las cuales se refieren a las víctimas como “paquetes” y en las cuales se pone en duda el destino final de los normalistas.

Algunas de esas conversaciones están referidas por otros sicarios, quienes señalan que el ex subdirector de Seguridad Pública del municipio de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y César Nava, no lograban ponerse de acuerdo sobre el lugar al que debían trasladar a los estudiantes.

En la indagatoria se refiere que los ocho normalistas que fueron llevados a la casa de seguridad que tenía Guerreros Unidos en el municipio de Cocula, primero los tuvieron en Lomas del Zapatero, lugar en el que la célula de ese grupo delictivo que operaba en Iguala acostumbraba llevar a sus víctimas.

Sin embargo, por una orden de Valladares los trasladaron a Cocula en una camioneta que resultó ser el pago de un secuestro cometido por ese mismo grupo delictivo en semanas previas a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

El traslado de este primer grupo de jóvenes se suma a las versiones de otros presuntos participantes en los hechos que hablan de diferentes destinos para los estudiantes normalistas que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, de los cuales también dio cuenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el informe del GIEI, existen cuatro posibles destinos de los alumnos de Ayotzinapa: un paraje en Pueblo Viejo localizado en Iguala, una casa de seguridad en Lomas del Zapatero que también se ubica en Iguala y una más que se refiere a su posible incineración en el basurero de Cocula, por lo que la casa de seguridad localizada en Cocula representa una nueva ubicación de los jóvenes, previo a su desaparición entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La ubicación de otra víctima en la casa de seguridad de Cocula, ajena a la agresión masiva que sufrieron los estudiantes de Ayotzinapa, así como la detección de vehículos que fueron entregados a Guerreros Unidos derivado de otros actos ilícitos, demuestran que los integrantes de esa organización criminal coludida con policías y actores políticos tenían “el control territorial” de Iguala y Cocula, sin que las autoridades federales o estatales intervinieran en favor de los pobladores.

Retrasa Senado integración de Fiscalía Especial

La Junta de Coordinación Política del Senado no logró acordar un posicionamiento institucional ante el caso de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que sólo habrá debate del tema en la sesión de hoy en el pleno senatorial.

El senador perredista Miguel Barbosa expresó que la falta de acuerdo en temas como el de crear una fiscalía especial para el caso de los normalistas desaparecidos, daña la imagen del Senado.

“Este caso deja mal al Senado como institución. No somos capaces de fijar a una posición pública de lealtad a la institución, de lealtad a la verdad y de lealtad a las víctimas”, sostuvo según otra nota del diario Crónica.

Adelantó que incluso del debate pactado no prosperará en una votación para fijar postura como Senado sobre la base de los documentos que PRI, PAN y PRD presentarán ante el pleno.

Dijo que el PAN cambió de opinión y no se quiso unir al PRD y PT para impulsar un documento conjunto, en el que se pedía la creación de la fiscalía especial.

“Yo creo que sí hay un asunto de un acuerdo distinto a lo hablado en la Junta la Coordinación entre PAN y PRI, sí pues es eso, yo creo que es hasta normal que se puedan dar”, expresó el perredista.

El PRI, abundó Barbosa, retiró la posición de crear una comisión legislativa y “se atrincheran negándose a todo”.

Y señaló: “para nosotros es una posición absolutamente errónea. El partido en el poder, sus bancadas, el propio Gobierno federal debieran admitir el debate político”.

Mencionó que el PRD mantendrá su postura de pedir a la PGR crear una fiscalía especial para el caso Iguala.

Por su parte, el senador priista Emilio Gamboa expresó que los coordinadores negociaron debatir el tema.

Indicó que el PRI tampoco impulsará la fiscalía para que atienda no sólo el caso Ayotzinapa, sino en general los desaparecidos.

Y destacó: “Que no se nos olvide: había un presidente municipal en Iguala, donde se llevó a cabo esto, porque no fue en Ayotzinapa, era un presidente municipal del PRD; el jefe de la policía era un militante del PRD y parece que se les olvida a mucha gente. Nosotros queremos buscar la verdad y que la Procuraduría haga su trabajo bien y serio, como lo está haciendo en este momento”.