A pesar de haber registrado avances, México está lejos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, y persisten rezagos importantes en el acceso a información y métodos anticonceptivos, en particular para ciertos grupos de la población, como adolescentes y mujeres indígenas, advierte el informe Niñas y mujeres sin justicia, derechos reproductivos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

El estudio indica que en el país la cifra de embarazos adolescentes es alta y va en aumento. De los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años, con 64.2 nacimientos por cada mil. Asimismo, de acuerdo con cifras oficiales, de cada 10 adolescentes en ese nivel de edad, dos han estado embarazadas más de una vez.

Asimismo, dice, se calcula que 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años. El embarazo adolescente es un problema multifactorial que requiere legislación y políticas públicas dirigidas no sólo a promover y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos con consejería amigable y sin discriminación, sino también la atención urgente del Estado para prevenir y atender la violencia sexual, evitar el matrimonio infantil, impartir educación sexual integral, dar acceso a la interrupción legal del embarazo y garantizar una atención médica especializada, entre otros.

Gire también realizó solicitudes de acceso a la información a las secretarías de Salud federal y locales acerca de si cuentan con personal capacitado para proveer de consejería e información anticonceptiva a indígenas, así como sobre la existencia de folletos o material audiovisual en sus idiomas.

El reporte señala que aunque en ciertos casos se presenciaron intérpretes, se especificó que sólo había uno o dos en cada entidad o no se proporcionó información acerca del número y su distribución.

Lo anterior hace evidente una realidad alarmante: la garantía del derecho a la información sobre anticonceptivos no está disponible para una parte importante de las personas en el país, lo que constituye una grave situación de discriminación, señala.

Añade que en otros casos, las autoridades respondieron que las indígenas, en caso de no hablar español, llegaban al centro de salud con sus propios intérpretes, familiares o líderes comunitarios.

Resulta esencial modificar el concepto de control poblacional a uno de anticoncepción, con una perspectiva de derechos humanos que reconozca la titularidad de las personas, en particular las adolescentes, sobre sus derechos.

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