Tres de los principales proyectos de la Secretaría de Gobernación (SG) vinculados al tema de seguridad y justicia verán reducido significativamente su presupuesto para el año entrante, según el proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, el Registro Nacional de Población (Renapo), responsable de la generación de la clave de identidad ciudadana, tendría 16 por ciento menos, aun cuando la clave es considerada elemento de ‘‘seguridad nacional’’ y es parte del decálogo en la materia presentado por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado.

Según la previsión hacendaria, ahora en análisis de los diputados, el Renapo pasaría de 649 a 546 millones de pesos, aun cuando la SG se planteó hace un año avanzar sustancialmente en la homogeneización de las actas de nacimiento, la generación de la clave única e incluso pretendía generar las bases para la producción de cédulas o micas de identidad.

Con ese propósito dejó en 2015 la austeridad presupuestal impuesta al Renapo, el cual en el bienio anterior –el arranque del actual sexenio– tuvo partidas anuales de sólo 200 millones de pesos, aproximadamente; en el año que transcurre tuvo autorizada una bolsa de 706 millones.

El relumbrón duró sólo un año; para el entrante vuelve a la baja. De los 546 millones de pesos propuestos, una quinta parte va para el pago de nómina y el resto a la operación de este registro, actualmente a cargo de más de 123 millones de expedientes.

El Registro Nacional de Población va de la mano con la creación del formato único nacional para la emisión de actas de nacimiento, a cuyo gasto para modernización también se aplicaría una baja.

El segundo rubro con afectación es el subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, al pasar de mil 9 a 713 millones de pesos, según los proyectos presupuestales diseñados por Hacienda para 2015 y 2016. Los recursos para este gran proyecto, identificado como el sistema de los juicios orales, ponen en un aprieto a los responsables de su aplicación, porque el plazo constitucional para implementarlo en todo el país vence en nueve meses, esto es, en junio de 2016.

Los funcionarios del sector han señalado que recurrirán a alternativas para cumplir con los objetivos que marca la Constitución; en ese contexto, no descartan la renta de inmuebles para la realización de juicios y buscar otras vías de ingresos para compensar la austeridad presupuestal.

En tanto, el plan antidelito, operado por Gobernación, bajaría 20 por ciento, al pasar de 2 mil 600 a 2 mil millones de pesos. El plan de Hacienda fue diseñado de esa manera pese a que las propias autoridades federales relacionan la aplicación del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia (en las mil colonias más violentas del país) con la baja de incidencia delictiva.

Hacienda plantea una reducción de los planes y operaciones de prevención del delito (tanto el operado por Gobernación como el aplicado en la Comisión Nacional de Seguridad), pero preserva –e incluso eleva un poco– el dinero para la operación en campo de la Policía Federal.

Gobernación no ha detallado el proyecto hacia la generación del 911 mexicano –teléfono nacional de emergencias–, incluido en el referido decálogo. En términos generales, la secretaría tendrá una baja (si así lo confirman los diputados) de 13 por ciento, al pasar de 77 mil a 67 mil millones de pesos. Hay recortes en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sistema penitenciario, Instituto Nacional de Migración y el mecanismo de diálogo con los pueblos indígenas, entre otros.

Comisionados del INAI no comulgan con la austeridad

A pesar de la política de austeridad ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto, la transición del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), traerá privilegios para sus siete comisionados, entre los que destacan el subsidio para la compra de vehículo, un bono de fin de año, un seguro de separación y prestaciones extraordinarias, todo por un valor superior al millón de pesos para cada funcionario.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, aunado a su salario mensual por 284 mil pesos máximos, los encargados de la transparencia y rendición de cuentas solicitaron diversos beneficios extraordinarios.

Según otra nota del diario 24 Horas, Ximena Puente, comisionada presidenta, y sus compañeros, Óscar Guerra, Areli Cano, Francisco Javier Acuña, Joel Salas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Patricia Kurczyn, pidieron a la Cámara de Diputados recursos para una “gratificación de fin de año” por 354 mil 854 pesos para cada uno.

A su vez, los encargados del Acceso a la Información y Protección de Datos pidieron una partida por 208 mil pesos para el “apoyo económico para la adquisición de vehículo”, y entre otros beneficios que podrían tener en 2016 está un “seguro de separación” por 350 mil pesos, percepciones extraordinarias por 58 mil 678 pesos y aguinaldo por 48 mil 420 pesos.

Los comisionados del INAI también disfrutarán de los servicios del ISSSTE con aportaciones para la seguridad social por 56 mil 678 pesos; un ahorro solidario de 16 mil 403 pesos; una prima vacacional de 7 mil 889 pesos; una prima quinquenal de dos mil 700 pesos; ayuda para despensa de 924 pesos; seguro de vida institucional por 18 mil 926 pesos y un seguro de gastos médicos mayores por 18 mil 884 pesos.

En suma, según el proyecto de Presupuesto Base Cero, donde se privilegia la austeridad, los siete comisionados del INAI tendrán prestaciones por un millón 83 mil 302 pesos y un salario por dos millones 336 mil 500 pesos.

En total, durante 2016, los comisionados ganarán tres millones 475 mil 480 pesos; sin embargo, el documento enviado a la Cámara de Diputados detalla que a su salario total se le retendrán un millón 74 mil 500 pesos de Impuesto Sobre la Renta, para que sus ingresos anuales queden en dos millones 400 mil 980 pesos.

Aunado a las prestaciones de los comisionados del INAI del próximo año, 24 HORAS reveló que la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información  en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en paralelo a la implementación de la reforma en transparencia, costó 77.8 millones de pesos y el 80% de los recursos fueron utilizados para el crecimiento de la alta burocracia en el órgano de rendición de cuentas.

Un informe que detalla lo gastado en la instrumentación de los cambios en transparencia, cuya copia posee 24 Horas, da cuenta que la transformación IFAI-INAI implicó la creación de 147 plazas de altos mandos, que tan sólo en el segundo semestre de 2015, costarán 61.4 millones de pesos.

La solicitud de información 66515 señala que entre el 2 de julio y el 31 de diciembre, el Instituto encargado de la transparencia en el país erogará 61 millones 460 mil 791 pesos en el pago de salarios y prestaciones a sus nuevos 147 altos funcionarios.

“Es importante señalar que todas las plazas creadas al igual que las ya existentes son de confianza y corresponden a puestos de estructura de nivel mando y personal de enlace, por lo que el INAI no cuenta con personal de base”, respondió el órgano garante de la rendición de cuentas a la solicitud de información.

El desglose de los nuevos puestos señala que el INAI contrató a 36 auxiliarías administrativos, 39 Enlaces-Proyectistas, 22 jefes de departamento, 29 subdirectores de área, 6 directores de área, 13 directores generales o jefes de ponencia y 2 coordinadores.