Xalapa, Ver.- A cinco años de la polémica por la instalación de videocámaras en los baños de mujeres del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), este jueves el nuevo OPLE se vio obligado a derogar el acuerdo del Consejo General por el que se inhabilitó por tres años a Noé Pérez Elvira, autor del ilícito.

Lo anterior abre la posibilidad de que el ex funcionario sea reincorporado al cargo que ostentaba, que se le paguen los salarios caídos y se le indemnice por el daño moral, lo que pone en riesgo la complicada situación económica del órgano electoral.

Durante el debate del tema, los representantes de los partidos políticos criticaron la manera en que prácticamente el IEV se dejó ganar, por la mala defensa del área jurídica, por lo que magistrados determinaron dejar sin efecto la “sanción” que se impuso hace cuatro años.

También se observó que si se hubiera presentado una denuncia penal contra Pérez Elvira en este momento el tema no se estaría discutiendo en el ámbito administrativo, que obligará al pago de un elevado monto económico.<br />

Después de que se dio lectura al acuerdo del órgano electoral, de parte del Secretario Ejecutivo, Víctor Moctezuma Lobato, se pidió una copia del acuerdo de tribunales para poder conocer el alcance de la determinación.

En primera ronda el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Colorado Silva, aseguró que es una “lastima” que el área jurídica se dejó ganar ante un hecho tan controvertido y que generó un gran desprestigio para el órgano electoral local.

“Noé Pérez fue señalado de poner las cámaras, pero es bueno hacer notar que el principal señalado de estos hechos inmorales, que jamás fue castigado, fue el anterior director de prerrogativas y partidos políticos, tal parece que fue protegido Octavio García, a quien se le removió del cargo por una conducta inmoral, por haber comprado el examen del OPLE”.

El representante del Alternativa Veracruzana (AVE), Alfredo Arroyo, cuestionó cuánto se tendrá que pagar a Noé Pérez Elvira, a lo que el secretario ejecutivo, Víctor Moctezuma, insistió que no sabía si se le tenía que cubrir algún pasivo, sin embargo, reiteró, que sin duda la resolución administrativa tendrá repercusiones económicas.

El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, reconoció que él no conocía a fondo el dictamen de la autoridad judicial, su respuesta generó que se observará que el hecho de no saber cuál era la resolución no lo exime de responsabilidad.

Lauro Cruz Zumaya, representante del PAN, dejo en claro que lo que se discutía no era el hecho de acatar o no la determinación de un magistrado, el tema en la mesa era que  si quienes siguieron el proceso jurídico siguen trabajando para el IEV.

“Quienes entendemos un poco de derechos, sabemos que la nulidad lisa y llana se decreta porqué motivos, y debe haber algún responsable de esa omisión, por decir lo menos, debe decirse que la persona involucrada en estos hechos o los funcionarios tenían coincidencia con el personal que cometió el asunto y había una relación al menos laboral, que probablemente condujo a que la defensa o el proceso legal no se cuidará de manera tal”.

Los hechos parecen indicar que se impuso una sanción para tapar el ojo al macho y dejar que con el tiempo el ex trabajador del IEV quedará absuelto.

Se cuestionó si el tema era realmente reciente o simplemente el anterior Consejo lo dejo pasar en tanto asumían funciones los nuevos funcionarios electorales y se dijo que era el momento de mostrar transparencia y con eso tener un voto de confianza de los ciudadanos, pues no bastaba con decir que era una resolución que se tenía que acatar y ya.

Avc