Un juez decretó ayer prisión preventiva contra el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a quien además dictó un auto de procesamiento por su supuesta implicación en la red de corrupción aduanera conocida como La Línea.

Tras pasar más de 100 horas en arresto provisional y dormir cinco noches en una cárcel militar capitalina, Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar el miércoles pasado al serle retirada la inmunidad, fracasó ayer en su intento de quedar en libertad restringida.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, aceptó las alertas del Ministerio Público, la Procuraduría General, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de que Pérez tiene “capacidad de huir” y “obstaculizar la averiguación de la verdad” con la falsificación, adulteración, destrucción y modificación de pruebas.

César Calderón, abogado del ex presidente, solicitó al juez favorecerle con medidas sustitutivas para que quedara libre o en arresto domiciliario. En lo que mostró como ejemplo de la voluntad de su cliente de enfrentar a la justicia, entregó al juzgado tres pasaportes de Pérez, uno diplomático y dos ordinarios.

Sin embargo, Gálvez coincidió en el riesgo de fuga y “obstaculización a la justicia” y recordó que la estructura criminal a la que se acusa de la millonaria defraudación en las aduanas está formada por más de 50 personas, 15 de las cuales están prófugas. Por ello, decretó el auto de prisión preventiva por los tres meses permitidos por la ley.

Como presidente, Otto Pérez nombró a los funcionarios detenidos o fugitivos de la red de sobornos en aduanas que evadió impuestos y puede influirlos para que cambien testimonio, alegó Gálvez.

Sobre su decisión de vincular al ex mandatario a proceso, subrayó que “en ningún momento estoy diciendo que es responsable”. Lo que se hace, añadió, es un procedimiento para ligar a una persona a un caso y corresponderá a las partes procesales desvirtuar o probar sus argumentos, justificó.

Pérez, de 64 años, seguirá preso en Matamoros, cuartel capitalino de detención de hombres y mujeres que es regido por la administración civil penitenciaria y en el que permaneció en prisión provisional desde el pasado jueves en la noche.

En una entrevista con la agencia Associated Press, Pérez Molina dijo que su celda es un cuarto pequeño con baño y que tiene una pequeña ventana con barrotes; tan grande como una computadora portátil.

La celda está en el cuartel militar de Matamoros, en la capital del país, que es manejada por el sistema penitenciario civil.

Dijo que el lugar tiene una puerta de metal y que sólo los guardias la pueden abrir por fuera. Según el ex mandatario generalmente la celda está abierta y que él puede salir hasta un pequeño corredor al frente del cuarto. Dos guardias lo custodian.

Agregó que padece de picaduras de mosquitos, que tuvo fiebre durante el fin de semana y que un médico le recetó antibióticos.

Con el ex gobernante, defensores y acusadores, Gálvez realizó tres audiencias —jueves, viernes y martes— y en la de ayer decidió que hay elementos para procesarle y enjuiciarle por asociación ilícita, defraudación tributaria y cohecho pasivo. El juez dictaminó que el último día que la fiscalía tiene para concluir la investigación es el 7 de diciembre y programó la audiencia de apertura a juicio para el lunes 21 de diciembre a las 9:00 horas.

Tras el fallo, dictado a las 15:30 horas de ayer, Pérez, visiblemente demacrado, reafirmó ante la prensa su inocencia y reprochó que el juez aceptara todas las peticiones de los acusadores en su contra.

“No hay argumentos sólidos” y “ni una sola prueba”, dijo, al fustigar a la CICIG, querellante con aval de la Organización de Naciones Unidas instalada en 2007. “No entiendo” la decisión del juez de “ligarme al proceso”, precisó.

“Tengo frustración” con la justicia, afirmó. “No he evadido” la ley y “he dado la cara y la voy a seguir dando”, porque “me siento tranquilo. No he participado en ninguna estructura criminal”, añadió, al subrayar su confianza en que en su caso habrá justicia.

La audiencia de este martes se realizó dos días después que la celebración de elecciones generales, en las que el comediante Jimmy Morales ganó con 23.86 por ciento de votos, mientras la izquierdista Sandra Torres (19.73 por ciento) y el magnate Manuel Baldizón (19.63 por ciento) se pelean el segundo puesto con 98.55 por ciento del escrutinio.

Según otra nota del diario La Jornada, la fiscalía y la Cicig cuentan con 88 mil escuchas telefónicas, entre las cuales habría una en la que se percibe al ex presidente hablando con Carlos Muñoz, superintendente de la SAT, y ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria. Por ley, esa agencia es un ente autónomo y sin injerencias del Ejecutivo.

El cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada. Esto, según la fiscalía, permitió a la red de corrupción el desvío de 28.5 millones de quetzales (3.8 millones de dólares), de los cuales 50 por ciento habría ido para la cúpula integrada, presuntamente, por Pérez Molina y Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta.

Al menos 100 personas son investigadas por este caso, entre ellas Baldetti, quien renunció en mayo y también está en prisión preventiva. La estructura de defraudación estaba dirigida presuntamente por su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo.

Este jueves, el Congreso de Guatemala elegirá y juramentará al nuevo vicepresidente del país, que será seleccionado de entre tres candidatos propuestos por el jefe del Estado, Alejandro Maldonado: el abogado Gabriel Medrano, el académico Juan Alfonso Fuentes Soria y la economista Raquel Zelaya.