Elementos de la Policía Federal interceptaron uno de los autobuses que habían tomado 14 normalistas de Ayotzinapa en la terminal de camiones de Iguala la noche de 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, los federales encañonaron a los estudiantes y los obligaron a bajar del autobús Estrella Roja 3278 en la cercanías de Palacio de Justicia, aunque no los detuvieron, de acuerdo con testimonios de los alumnos y del chofer de la unidad recabados por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los jóvenes que iban en ese autobús lograron escapar y ninguno de ellos está entre los desaparecidos.

Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el conductor de la unidad afirmó en una primera declaración manuscrita del 26 de septiembre de 2014 que los agentes federales que se trasladaban en dos patrullas le ordenaron que se dirigiera a la caseta de Iguala, hasta donde lo escoltaron.

Ahí, le dijeron que se comunicara con "su patrón" en la empresa, desde donde le dieron la instrucción de que se dirigiera a Jojutla.

Los agentes federales no hicieron referencia al hecho en las declaraciones que rindieron ante la PGR y tampoco el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, se refirió a este hecho en las entrevistas que sostuvo con el grupo independiente, dijeron los expertos en entrevista con Reforma.

El GIEI hizo un llamado a las autoridades a investigar y aclarar lo sucedido con un autobús que fue tomado por los normalistas esa noche, pero que no fue incluido en las investigaciones de la PGR.

"El hecho de que el autobús no apareciera registrado en la investigación y se hubiera narrado sobre el mismo un suceso que no ocurrió (que fue destruido a la salida de la estación, como consignó la PGR en el expediente) es en sí mismo un elemento de sospecha.

"¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se procesó? ¿por qué no se tomaron evidencias? ¿Por qué no se identificó hasta que el GIEI señaló su existencia?", cuestionaron los expertos de la Comisión Interamericana en el informe presentado el pasado domingo.

El quinto autobús

Los integrantes del GIEI consideran que la investigación sobre lo sucedido con este autobús -un Estrella Roja con número 3278- es uno de los puntos clave para esclarecer los hechos en los que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa.

Los expertos confirmaron la existencia de este autobús -al que habían hecho referencia los estudiantes en sus declaraciones ante la PGR- con un video que fue facilitado al grupo por la Central camionera de Iguala, pero que tampoco formaba parte de las investigaciones de la Procuraduría General de la República.

Según testimonios de los jóvenes que se trasladaban en ese Estrella Roja, y con una primera declaración del chofer de la unidad (que luego cambió radicalmente), el autobús salió de la terminal y fue interceptado por al menos dos patrullas de la Policía Federal en la zona del Palacio de Justicia, cerca de la salida a Chilpancingo.

Los agentes federales encañonaron a los estudiantes y los obligaron a bajar del autobús, relataron los normalistas y el chofer en un manuscrito hecho el 27 de septiembre y entregado por la empresa camionera a la PGR.

Después, el chofer dijo que los federales lo escoltaron hasta la caseta de Iguala y ahí le pidieron que se comunicara con sus empleadores para que le dieran instrucciones.

"Dos patrullas de federales me guiaron hacia la caseta de cobro y ahí me digieron (sic) que me reportara con mi patrón para que me indicara que es lo que iba a hacer con el autobús, y hablé a tráfico de Cuautla y me dieron indicaciones que me viniera para Jojutla y de Jojutla me enviaron a Cuautla de las 5:00 am", escribió el chofer en esa primera declaración.

Los jóvenes que iban en ese autobús lograron escapar y algunos se refugiaron toda la noche en la casa de una vecina que les dio asilo y otros en un cerro cercano a donde ocurrió la detención. Ninguno de ellos está desaparecido.

Los agentes federales no hicieron referencia al hecho en las declaraciones que rindieron ante PGR y tampoco el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, se refirió a este hecho en las entrevistas que sostuvo con el grupo independiente, dijeron los expertos en entrevista con el periódico Reforma.

El GIEI entrevistó a policías federales adscritos a Iguala y aún quedan pendientes cuatro entrevistas, entre ellas la del comandante.

Contradicciones

El chofer del Estrella Roja cambió su versión de los hechos en declaraciones posteriores en las que dijo que los normalistas se bajaron del autobús apenas saliendo de la terminal porque pensaron que el camión no estaba en buenas condiciones.

Por otra parte, en la consignación que hizo PGR de los hechos efectivamente hay una referencia a un autobús tomado por normalistas, además de los otros dos abordados en la central de Iguala de la empresa Costa Line, pero se señala que éste fue destruido por los estudiantes, algo de lo que no existe evidencia alguna, afirmaron los integrantes del GIEI.

En el documento, el grupo exhorta a la PGR que investigue a qué se deben las contradicciones entre las dos versiones brindadas por el chofer del autobús entre sí y con las declaraciones ya contrastadas de los normalistas.

También, a qué se debe que la existencia de este autobús se haya omitido en el expediente, "debido a que estos hechos tienen un papel clave en las circunstancias del ataque a los normalistas tal y como ha sido señalado en este informe".

En una de sus recomendaciones, los integrantes del GIEI exhortan a investigar el tráfico de drogas desde Iguala en autobuses de pasajeros, y señalan que hay antecedentes de casos documentados en Estados Unidos.

"La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas (...) podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero), específicamente en ese autobús", se lee en el informe.

"El negocio que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones (de Chilpancingo, equipo de futbol), al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora", se afirma en el documento.

Investigadores insisten en interrogar a militares

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano que amplié su mandato, a fin de interrogar a 26 militares del batallón 27, con sede en Iguala, y ahondar en la investigación sobre los hechos del 26 de septiembre donde murieron seis personas y desaparecieron 43 normalistas.

Originalmente, el mandato del GIEI era del 2 de marzo al 2 de setiembre, tiempo en el que los cinco expertos analizaron el expediente, interrogaron a implicados, entrevistaron a testigos y accedieron a las pruebas, esto con el consentimiento del Estado mexicano.

Como resultado de este trabajo, el pasado domingo presentaron un Informe, con reservas debido a que existen pendientes, como la entrevista a los militares, la cual les fue negada en diversas ocasiones.

Ahora, el Grupo, respaldado por la Comisión Interamericana, solicitaron al gobierno mexicano una prórroga de dos meses del mandato para cumplir con los pendientes (incluida la entrevista a militares), además de darle seguimiento a las diferentes líneas de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.

Según otra nota del diario 24 Horas, para este nuevo periodo de mandato sólo falta la autorización foral del Estado mexicano, esto por medio de la firma de un nuevo convenio entre la Comisión Interamericana y la Cancillería mexicana.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Estado mexicano está dispuesto a prolongar el periodo de mando del GIEI, para garantizar la transparencia de la investigación y llegar a la verdad.

“El Presidente dará instrucciones para buscar un acuerdo que se nos ha pedido, por los peticionarios, por los propios integrantes de la Comisión de Expertos, para estar un tiempo más, y que la apertura de México, la apertura ante este problema, será total, y se les seguirán dando, como lo ha hecho la PGR en lo particular, y todas las demás instituciones, todo el apoyo”, dijo el funcionario.

Peña podría reunirse con los padres de familia de desaparecidos

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su total disposición a reunirse nuevamente con los padres y madres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi un año. ‘‘Ya me he reunido con ellos y tengo la total disposición’’ de volver a hacerlo, y con la presencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que el pasado domingo entregó los resultados de sus investigaciones del caso.

Además, el mandatario anunció que por medio de la cancillería se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación del mandato del GIEI, para que los expertos concluyan sus trabajos.

Al fijar la postura del gobierno de la República sobre el reporte del GIEI, el Ejecutivo sostuvo que las indagatorias sobre los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 –donde seis personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas, además de los 43 normalistas que siguen desaparecidos– continuarán ‘‘hasta saber qué fue lo que realmente pasó’’ y llevar a los culpables ante la ley.

‘‘La sociedad mexicana demanda conocer la verdad’’

Este fue el primer tema que abordó en el discurso que dio en San José Chiapa, Puebla, durante la ceremonia de inauguración del Bulevar Industria Automotriz y el Distribuidor Vial 9 Periférico en la capital poblana.

Según otra nota del periódico La Jornada, Peña Nieto subrayó su ‘‘invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres t madres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente. Me une a ellos el deseo de conocer la verdad de lo que ahí, lamentablemente, haya ocurrido. Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la República, sino porque la sociedad mexicana demanda’’ conocer la verdad.

Con este tema inició el mexiquense su participación en el acto al que también asistieron el gobernador Rafael Moreno Valle, secretarios de Estado, así como directivos y trabajadores de la empresa automotriz Audi.

Nuevamente se refirió a la desaparición de los estudiantes como el caso que ha indignado y lastimado a la sociedad mexicana y resaltó que, en aras de esclarecer los hechos, su gobierno solicitó la asistencia técnica de la CIDH. Fue así como se integró el GIEI, el cual ha contado con todas las facilidades para sus investigaciones, dijo. Enseguida reconoció que sus integrantes han realizado un trabajo profesional.

Ahora corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) valorar los resultados del grupo de expertos e incorporarlos a su propia investigación. Sin mencionar de manera específica el señalamiento de los especialistas respecto de que es científicamente imposible que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, Peña Nieto mencionó que las diferencias en las diligencias realizadas por la PGR se superarán con nuevos peritajes que den mayor certeza y en los que participarán grupos de peritos forenses del más alto nivel.

El titular del Ejecutivo retomó la conclusión que confirma lo encontrado por la PGR, sobre la participación y probable responsabilidad de los policías municipales de Iguala y de Cocula, junto con el crimen organizado. Con base en ese dato se han ejercido 110 órdenes de aprehensión ‘‘y no cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley’’.

Señaló que el caso se mantiene abierto, la investigación continúa, lo mismo que la búsqueda de los normalistas y será el Poder Judicial quien determine cuándo habrá de concluir.

Por esa misma razón la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará a la CIDH un acuerdo para ampliar el mandato del GIEI. Además, señaló, para evitar que hechos trágicos como éste se repitan, el gobierno federal impulsa reformas legales.

Peña Nieto se refirió a la iniciativa de reforma constitucional que presentó al Congreso para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, fortalecer las instituciones de seguridad pública del país y redefinir el sistema de competencias en materia penal.

Indicó que también enviará un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y una de desaparición forzada de personas.