Los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados iniciaron el cabildeo para el reparto de las 56 comisiones ordinarias, de las cuales las más importantes tradicionalmente han quedado en manos de PRI y PAN.

Entre otras que en la primera mitad del sexenio le permitieron al Ejecutivo aprobar sus reformas, el Partido Revolucionario Institucional ha controlado las comisiones de Trabajo, Gobernación, Presupuesto, Radio y Televisión –ésta a través del Partido Verde– y Energía.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara, las comisiones deben integrarse a más tardar en octubre, y antes de esa fecha ya tienen trabajo rezagado de los pendientes que les dejó la 62 Legislatura, la cual les heredó 459 iniciativas; de éstas 155 se presentaron entre mayo y agosto en la Comisión Permanente.

Como parte de las negociaciones se estila entre las bancadas que el PRI presida la Comisión de Presupuesto y Acción Nacional la de Hacienda –entre las de carácter económico–, y que el PRD esté a cargo de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Además, dentro de los grupos parlamentarios las comisiones también se otorgan como cuotas a los diputados y, como en la anterior legislatura, cuando no se cumple con las expectativas de quienes quieren presidir uno de esos grupos de trabajo se crean otras de carácter especial. Según el reglamento de la cámara, las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las ordinarias; esa regla no se cumplió. Para satisfacer la exigencia de legisladores que querían ser presidentes de una comisión, se integraron 38 especiales.

De éstas, sin embargo, 27 no trabajaron, aun cuando cada una representó un gasto anual aproximado de un millón 700 mil pesos, mientras cada comisión ordinaria representa una carga de 4 millones 400 mil pesos para el erario, debido a que cada presidente tiene asignado un automóvil con chofer, un teléfono celular, un secretario técnico, asesores y vales de despensa.

Las comisiones tienen la obligación reglamentaria de reunirse al menos una vez al mes, pero las 56 de la legislatura pasada no trabajaron desde el 30 de abril, estuvieron cuatro meses inactivas y ya no desahogaron ninguna iniciativa de las que tenían pendientes.

Por esa razón, entre mayo y junio, por acuerdo de todas las bancadas, la mesa directiva mandó a la basura 681 iniciativas –entre éstas la que pretendía privatizar el agua–, porque venció el plazo para presentar el dictamen respectivo.

De las 56 comisiones, el Revolucionario Institucional ha dominado en las más relevantes: Presupuesto, Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Trabajo, Derechos Humanos y la Jurisdiccional, encargada de revisar si es procedente una solicitud de juicio político contra funcionarios, legisladores, gobernadores o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la pasada legislatura no se dio entrada a un solo caso.

Acción Nacional ha mantenido, entre otras, las de Hacienda, Seguridad Pública, Economía y Transportes, mientras que el Partido de la Revolución Democrática está encargado de las de Vigilancia de la ASF, Seguridad Social y Puntos Constitucionales. Entre PAN y PRD, conforme los acuerdos de los coordinadores, se han alternado Cultura, y entre PRI y PRD, la del Distrito Federal.

Desde hace tres legislaturas la de Marina ha estado a cargo de Movimiento Ciudadano, presidida por José Manuel del Río.

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