La Tuta, el Z-42 y los hermanos García Simental denunciaron que por declarar en contra de mandos del penal de El Altiplano por la fuga de El Chapo Guzmán, fueron recluidos en celdas insalubres en las que tienen que comer en el baño.

Los narcotraficantes publicaron un desplegado en el periódico Reforma en el que acusan de violar sus derechos humanos a la Directora Jurídica del Centro de Readaptación Social No. 1, Leonor García García; al secretario Técnico y representante legal del Consejo, y a la directora Técnica.

Afirman que son hostigados por la Policía Federal, que según ellos, no tienen nada que hacer en ese lugar. Se quejan de que a sus esposas las desvisten totalmente aduciendo razones de seguridad, y que a ellos les dan comida en estado de descomposición.

También acusan al encargado de despacho de la Dirección General del Cefereso por no atender las exigencias de los reos y sus familiares.

De acuerdo con los reos, el hostigamiento empezó después de la fuga de El Chapo. Según ellos recibieron la visita de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

El funcionario les habría pedido que cooperaran contando lo que sabían de la fuga de El Chapo y les ofreció mantener sus declaraciones en secreto y evitar represalias contra los que declararan.

Según los narcotraficantes, declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo.

“Funcionaros de alto nivel, cuyos nombres constan en la averiguación, sólo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardó el secreto que necesitaba la indagatoria”, dice el desplegado.