Un militar fue condenado a 31 años y tres meses de cárcel por haber privado de su libertad a una persona el 20 de mayo de 2012.

La víctima del militar hasta el momento no ha sido encontrada.

De acuerdo con las autoridades, la PGR acreditó la responsabilidad de un subteniente de infantería en el secuestro y desaparición de una persona.

La desaparición forzada ocurrió en el municipio Los Herreras, Nuevo León.

El elemento castrense además fue destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar otra función en el Estado mexicano por un periodo de 15 años.

Según la resolución, la sentencia está basada en la grave afectación y peligro que sufrió la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito, así como por las afectaciones que han sufrido los familiares, quienes sufren por la ausencia de su integrante, y los cuales no han podido acceder al derecho a la verdad.

En el fallo, el juez deslindó al Ejército Mexicano de esta conducta, con el argumento de que las propias fuerzas armadas han sufrido un perjuicio derivado del delito que cometió el ahora ex militar.