Si alguien sabe de penales de máxima seguridad en el Cártel de Sinaloa, ese es Dámaso López Núñez, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán.

El Licenciado, como le apodan, fue jefe en la Policía Judicial de Sinaloa, agente del Ministerio Público y subdirector de Seguridad y Custodio del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, justo cuando Guzmán Loera se hallaba interno.

Documentos judiciales de México y Estados Unidos muestran que uno de los lugartenientes de El Chapo es experto en penales de alta seguridad, por lo que pudo tener información privilegiada sobre sistemas de seguridad y vigilancia.

De acuerdo a testimonios recabados en la causa penal 16/2001-V del Poder Judicial, de la que EL UNIVERSAL obtuvo copia vía la Ley de Transparencia, López Núñez fue uno de los empleados del sistema penitenciario que el 19 de enero de 2001 le ayudó a El Chapo a escapar del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).

Dámaso fue uno de los funcionarios que comenzó con la venta de privilegios que relajaron la disciplina del penal de Puente Grande y que finalmente concluyeron en la fuga de Guzmán Loera. Actualmente López Nuñez está libre y la PGR se niega a dar información respecto a si tiene o no alguna averiguación previa en curso o alguna orden de aprehensión, bajo el argumento de la “secrecía” de investigación.

En complicidad con él, El Chapo Guzmán y Héctor Luis El Güero Palma, introdujeron artículos no permitidos en sus estancias, como hornos de microondas y celulares. Además ingresaban alcohol, viagra, drogas y prostitutas, las cuales se quedaban con ellos en las celdas hasta por tres días mientras celebraban fiestas de cumpleaños.

Sobornos. En el expediente judicial se asienta “que el 90% de los trabajadores de ese reclusorio recibieron diversas cantidades que van desde doscientos cincuenta pesos por turno para los oficiales en prevención, los segundos comandantes por una mensualidad de nueve mil pesos y los comandantes de compañía recibían tres mil dólares mensuales; el subdirector de Seguridad Interna recibía cinco mil dólares al mes, dinero que era por los servicios a los mencionados (delincuentes)”.

El Licenciado era un conocedor del funcionamiento operativo y de corrupción del sistema penitenciario. El puesto de subdirector sólo estaba supeditado al del director del penal y formaba parte del órgano de gobierno.

El poder de López Núñez dentro de la estructura de Puente Grande le permitía ser uno de los candidatos a cubrir las ausencias del entonces director, Leonardo Beltrán Santana, cuando éste tuviera que faltar a sus labores.

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