En los 15 meses que Joaquín El Chapo Guzmán estuvo en el penal federal del Altiplano, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desaprovechó la oportunidad para hacer una profunda investigación sobre los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles que amasó el narcotraficante durante más de dos décadas de realizar actividades delictivas.

Lo anterior hubiera facilitado aplicar tanto el procedimiento de extinción de dominio como otras figuras legales previstas en las leyes mexicanas, pues con ello se habría podido ‘‘cortar los canales de financiamiento’’ que permitieron a Guzmán Loera fugarse del penal, coincidieron en entrevista con La Jornada los criminólogos y abogados penalistas Martín Millán, Felipe Rosales y José Luis Becerril.

A decir de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que fueron consultadas sobre la opinión de los abogados, en esos 15 meses la autoridad ministerial consiguió el abandono a favor del Estado mexicano de los bienes asegurados tras la captura de Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero de ese 2014.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de otras áreas de la PGR –quienes pidieron no mencionar sus nombres–, señalaron que los supuestos dueños de los bienes que fueron utilizados por El Chapo antes de su detención no acudieron ante las autoridades ministeriales y judiciales para reclamar y acreditar su propiedad legal durante los plazos establecidos por las leyes penales, por lo cual causaron abandono y están a punto de pasar a manos del gobierno federal.

Durante los meses de julio y diciembre de 2014, y marzo de 2015, la Seido efectuó las notificaciones públicas por medio de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en varios medios de comunicación impresos, pero nadie acudió a reclamarlos y/o a acreditar la legítima propiedad de los bienes.

Los embargos precautorios (ordenados por la autoridad ministerial el 20 y 28 de febrero, así como el 3 de marzo de 2014) corresponden a los siguientes bienes muebles e inmuebles:

“Fincas localizadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en las calles constituyente Enrique Colunga número 1825, colonia La Libertad; constituyente Emiliano García número 1811; Río Humaya número 137, colonia Guadalupe; Javier Mina número 1126, junto a las casas número 1118 y 1132, Fraccionamiento Los Pinos; Puerto de Veracruz 1647, entre Bahía de Ohuira y Puerto Marqués, colonia Vallado Nuevo; Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de San Miguel’’, destaca uno de los edictos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la finca ubicada en la calle Río Humaya, en Culiacán, fue cedida en comodato a una asociación dedicada a la atención de niños con cáncer.

Otro de los edictos publicados refiere que los vehículos automotores asegurados –todos con placas de Sinaloa– que están a punto de pasar a manos del gobierno federal son: ‘‘Camioneta Dodge Ram 2013 color rojo, placas UC-83 672; Pick-up Nissan 2008 color gris con blanco, placas UC-76-716; Volkswagen tipo van 2013 color gris, placas VNK-93-87; Volkswagen Jetta 2003 color gris, placas VMJ-92-27; Nissan Frontier 2004 con carrocería en color arena, placas TZ-73-468; Mercedes Benz C280 modelo 2009, color negro, placas VMX-97-73; Camioneta Chevrolet Cheyenne 2012 color plata, placas UC 74439’’.

También, ‘‘camioneta Chevrolet Captiva Sport 2013 color blanco, cuatro puertas, placas VMY-1584; Jeep Línea Wrangler Sahara 2013 color blanco, dos puertas, placas VNK2087; Chevrolet Malibú 2011 color blanco, cuatro puertas, placas VNA 4038, y camioneta Jeep Cherokee Overland 2006, color gris plata, cuatro puertas, placas VKP-2584’’, destaca el oficio de notificación.

En la lista de vehículos asegurados también se encuentran unidades Mercedes Benz blindadas y de lujo, así como teléfonos celulares, equipos de cómputo y relojes de diversas marcas que fueron incautados en el condominio Miramar, de Mazatlán (igualmente asegurado), donde fue capturado Guzmán Loera.

Según estimaciones preliminares realizadas por autoridades federales, dichas propiedades –la mayoría de las cuales estaban inscritas en el Registro Público de la Propiedad a nombre de personas que se considera que eran prestanombres de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera– tienen un valor comercial aproximado de 65 millones de pesos.

A decir de Millán, Rosales y Becerril, entrevistados por separado, los aseguramientos relacionados con la captura de El Chapo no representan ni 10 por ciento del total de los bienes que posee el narcotraficante, a quien la revista Forbes ubicó durante cuatro años consecutivos como uno de los hombres más ricos del mundo, pues calcularon su fortuna en más de mil millones de dólares.

‘‘Es inconcebible que la PGR, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no hayan realizado una investigación exhaustiva de los movimientos financieros, empresas, registros contables o fiscales, y sobre las inscripciones de los bienes muebles e inmuebles a nombre de familiares y personas de confianza de Guzmán Loera. Eso le hubiera impedido mover dinero, le habría dificultado organizar su fuga’’, dijo el penalista y criminólogo José Becerril.

Millán y Rosales coincidieron en que el gobierno debió tomar todo tipo de previsiones para evitar la fuga del reo, como era haber tenido vigilancia permanente de efectivos del Ejército Mexicano y/o haberlo rotado constantemente de celda.

DEA y FBI rastrean bienes de El Chapo

Integrantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) rastrean en Colombia bienes y vínculos del jefe del Cártel del Pacífico, el prófugo Joaquín El Chapo Guzmán, con la idea de que “en algún momento”, el fugitivo usará esos contactos para tratar de escabullirse.

Así lo reveló en su edición de ayer el diario El Tiempo, con base en un trabajo de su unidad de investigación, en el cual se afirma que miembros de ambas agencias estadunidenses “pidieron hace algunos días a autoridades de Colombia toda la información disponible sobre los movimientos, hombres y contactos del Cártel del Pacífico en el país”.

Por su parte, la influyente revista colombiana Semana en su edición del domingo publicó un extenso reportaje con el título “La humillación del Chapo a México”, en el cual se afirma que para el delincuente las carretillas y los materiales de construcción que usaron sus secuaces para construir el túnel por el cual se fugó se convirtieron “en la primera señal de su libertad”, y añade:

“Para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, esas herramientas y ese túnel excavado en las narices del penal más seguro del país se han convertido en otro revés mayúsculo para su gobierno, que atraviesa por una crisis crónica desde mediados de 2014 y que hoy tienen al mandatario con una popularidad de apenas el 39 por ciento”.

Según otra nota del periódico Crónica, el diario El Tiempo, en su reporte sobre la solicitud de la DEA y el FBI sobre los bienes y vínculos del capo, dijo que Estados Unidos prevé que El Chapo podría intentar usar sus contactos en el país sudamericano para tratar de evadir “a los 10 mil hombres que lo persiguen en México”, así como a “autoridades de 199 países que lo buscan desde hace ocho días”, tras su fuga del penal del Altiplano.

El periódico aseguró que tuvo acceso a la información que las autoridades de Colombia poseen sobre la organización del capo, cuyo principal enlace entre el Cártel del Pacífico y la mafia colombiana es Ismael El Mayo Zambada.

‘‘A través de dos emisarios de nacionalidad mexicana —‘Jairo Ortiz’ y alias Montiel— controlan ya el 35 por ciento del mercado de la coca en Colombia, lo que representa cerca de 100 toneladas de droga al año”, añadió.

 Y precisó que los socios de Guzmán en Colombia se mueven “entre Cali, Medellín, Cúcuta y Bogotá. Y por el Valle están introduciendo miles de pastillas de metanfetaminas o ‘coca rosada’. Ese negocio, antes se los manejaba Julio César Paz Varela, alias ‘J1’, asesinado en 2014”.

Agregó que el Clan Úsuga, la principal organización de tráfico de droga en Colombia, al mando de Dairo Antonio Úsuga David (Otoniel) “le brindan apoyo militar a los mexicanos cuando están en Colombia y, además, son sus anfitriones y grandes socios”.

Afirma el diario que según una fuente de la policía Antinarcóticos, el contacto con el Clan Úsuga es “un empresario del Eje Cafetero que estamos a punto de judicializar. Él se encarga de coordinar los contactos y embarques hacia Europa y Asia, en participaciones iguales con el Cártel de El Chapo”.

Y agrega que dos jefes de la guerrilla de las FARC “son los otros grandes socios de los hombres de El Chapo, específicamente Darío Lee Díaz, ‘Robledo’, jefe del frente 48, que opera en Putumayo, y la cabeza de la columna ‘Daniel Aldana’, cuya zona de influencia es Nariño y parte del Cauca”.

Para el Cártel del Pacífico —prosigue el informe periodístico basado en documentos de inteligencia—, las FARC, el Clan Úsuga, la organización que se conoce como La Empresa, “son claves en su estrategia de tomarse ocho puertos en el Pacífico, desde México hasta Perú”.

Según el reporte, el cártel del Chapo ya maneja en Colombia 50 por ciento de la droga que sale por Tumaco, Buenaventura y el Urabá, que conforman una red con los puertos peruanos de Callao y Talara, y de Ecuador (Esmeraldas y San Lorenzo), así como Guatemala.