Las primeras detenciones derivadas de la construcción de la línea 12 del Metro fueron cumplimentadas anoche por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en contra de Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos ejerció acción penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la también llamada línea dorada.

Las autoridades también solicitaron la colaboración de la Interpol para la localización y detención de Enrique Horcasitas Manajarrez, ex director del proyecto Metro, para cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, al autorizar contratos para la realización de una obra cuyo proceso de licitación se declaró desierta en la construcción de la Línea 12 del Metro.

Según otra nota del diario El Universal, el pedimento también incluye a Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de obras Civiles, y Sergio Aguirre Mendoza, subdirector de Obras y apoyo Técnico, sobre quienes pesa la emisión de una ficha roja.

Además, la dependencia investigadora solicitó el apoyo institucional para la oportuna emisión de alertas, tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para detenerlos en caso de que los ubiquen.

De manera especial se pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir alertas migratorias a las naciones de Alemania, Canadá y Estados Unidos, donde presumen que los ex funcionarios del Proyecto Metro pudieron escapar, luego de que en varias ocasiones se les buscó en su domicilio para que respondieran ante las imputaciones que les hicieron y nunca respondieron al Ministerio Público.

Enrique Horcasitas es señalado como el principal responsable de las diversas fallas en la Línea 12 del Metro, que lleva más de un año prestando servicio de manera parcial, motivo por el que la Contraloría General del Distrito Federal lo inhabilitó por 20 años para ocupar un puesto en la administración pública.

A los detenidos, Juan Manuel Martínez Juárez, ex subdirector de costos y concursos del Proyecto Metro, y Abraham Vizcarra Baltazar, ex jefe de la unidad departamental de concursos, se les imputa haber otorgado y autorizado un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, con el cual se supervisaría la construcción de la línea 12, pero esta licitación se declaró desierta.

Juan Armando Rodríguez Lara, quien se desempeñaba como director general de administración del Proyecto Metro, “fue aprehendido tras acreditarse su participación en la retención ilegal de contribuciones, por un monto equivalente a 8 millones 396 mil 322.96 pesos, al aplicar indebidamente las reglas fiscales en materia local y federal”.

Por ese hecho fue acusado de cometer el delito de concusión (complicidad), el cual está tipificado como grave en la ley penal.

Aunque la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal emitió sanciones administrativas contra 37 personas, contenidas en 54 averiguaciones, y se formularon denuncias ante la PGJDF por la posible responsabilidad penal de 15, no se había detenido a ningún involucrado en la construcción de la línea dorada, la cual mantiene cerradas 11 de las 20 estaciones desde el 12 de marzo de 2014.

Indagan por lavado de dinero a empresas

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga por fraude y lavado de dinero a las empresas y funcionarios relacionados con los contratos de construcción de la Línea 12 del Metro.

Fuentes federales informaron que la subprocuraduría revisa si los servidores públicos recibieron sobornos por medio de terceros.

Según otra nota del periódico Reforma, las autoridades no han confirmado que las constructoras o sus filiales triangularan recursos a los funcionarios a través de familiares, empresas o amistades.

Pero la SEIDO continúa con varias solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar los movimientos monetarios de los implicados.

Las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro son Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso y Alstom; mientras que CAF vendió los trenes al Gobierno del DF mediante una adjudicación directa.

Según datos proporcionados, la SEIDO atrajo las averiguaciones DDF//SPE-X/1756/14-06 y UEIDCSPACAJ/SP/M-XVII/336/2014, iniciadas en la Delegación Metropolitana y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR.

Una de ellas empezó con un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que dio vista a la PGR sobre conductas del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard por los posibles delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades.

La otra indagatoria de la que se hizo cargo la SEIDO inició por una denuncia de Roberto Alcántara, presidente del denominado Colegio de Profesionales en Derecho, y Miguel Ángel Barragán, presidente de la Fundación Manos de Seda.

Uno de los puntos de partida de esta indagatoria es el Informe de la Cuenta Pública 2011, donde la Auditoría Superior establece que el GDF pagó más de 32 millones de pesos por trabajos que no fueron ejecutados por la constructora.

Las investigaciones administrativas refieren una supuesta disposición de mil 577 millones de pesos de una cuenta por liquidar certificada, en favor de ICA, y otra por 866 millones 496 mil pesos, cuyo destino aparentemente se desconoce.