Los niveles de corrupción en México han aumentado en los últimos 3 años, mal que genera pérdidas por 1.5 billones de pesos al año, reveló la organización Transparencia Internacional (TI) a la Cámara de Diputados.

A través del informe Índice de Percepción de la Corrupción, la organización no gubernamental establece que “México ocupaba en el año 2012 el lugar 100 dentro de los 175 países más corruptos. Al año 2014 México ocupa el lugar 103, es decir que hoy (2015) la percepción de la corrupción ha aumentado”, afirma este organismo en su reporte, entregado a los diputados federales.

La organización, que promueve medidas contra la corrupción política en el ámbito internacional, recordó que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que equivalente a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras emitidas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Más aún, subraya el informe, “la corrupción tiene un costo de 70 mil millones de pesos para las empresas instaladas solamente en la ciudad de México”, agregó la organización internacional, al citar cifras del último informe de la Confederación de Patrones de la República Mexicana (Coparmex) en la materia, de este año.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, Transparencia Internacional advierte al Congreso de la Unión que el incremento de este mal “debilita a los gobiernos, hacen más difícil la gobernabilidad y la estabilidad de una región o un país generan desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y por consiguiente, se debilita el tejido social”.

El documento, cuya copia posee 24 Horas, explica que la corrupción es posible por la discrecionalidad del uso del poder y la posición monopolística que gozan los funcionarios públicos cuando tienen que ver con cuestiones con particulares o ciudadanos.

“Pero sobre todo de asimetría de la información en la gran mayoría de los casos, lo que incentiva al agente público a medir las ganancias de extraer renta de un particular versus el costo de ser sorprendido y enjuiciado, o llevado a la cárcel”, sostiene.

La ONG recuerda que a pesar de la implementación de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestó que dicho ilícito “impacta negativamente sobre el desarrollo de un país en su conjunto, además de la legitimidad de los gobiernos y las élites gobernantes”.

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia en febrero de 2014, en tanto que en mayo pasado hizo lo conducente sobre la reforma anticorrupción, que aprobaron los legisladores federales.

El Índice de Percepción de la Corrupción fue turnado al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera; al titular de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Manilo Fabio Beltrones, así como al presidente de la comisión de Gobernación, Abel Salgado Peña.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México fueron las entidades más corruptas del país.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la última y difundida el año pasado, midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. Cabe aclarar que el tipo de corrupción que se abordó en la muestra es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos.

De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró un 50.6%, seguido del de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8%.

Jefes de bancadas evaden la transparencia

Ninguno de los legisladores que integran las juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado cumplió con transparentar sus declaraciones de patrimonio, hacendaria y de intereses.

Además, nueve de ellos están ubicados de media tabla para abajo en el ranking que elabora el sitio www.atlaspolitico.mx, que mide cinco variables relacionadas con el trabajo legislativo.

Según otra nota del periódico Reforma, entre los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, el peor calificado es Alberto Anaya, coordinador del PT, con una puntuación de 1.49, de 5 puntos posibles en el ranking 5D.

Le sigue el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien está en el sitio 279 de 500.

El priista está a media tabla en los indicadores de activismo legislativo, que mide las iniciativas presentadas, debate parlamentario y asistencia a reuniones del pleno.

Tiene cero en auditoría legislativa, que mide los puntos de acuerdo presentados y en transparencia.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, está en el lugar 258, y presenta los mismos puntos flacos que Beltrones.

Arturo Escobar, coordinador del PVEM, está en 112, con puntuaciones altas en activismo, auditoría y debate parlamentario, pero con una inasistencia cercana a 40 por ciento de las sesiones.

La mejor evaluada de entre los coordinadores es la del Panal, María Sanjuana Cerca, en el sitio 12; seguida del coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, en el 26.

Entre los senadores de la Junta de Coordinación Política, el de peores registros es el priista Emilio Gamboa, el 103 de una lista de 128 senadores.

Gamboa tiene bajas puntuaciones en activismo, auditoría, debate parlamentario y transparencia, aunque es uno de los senadores con más asistencias a las plenarias.

Carlos Puente, coordinador del PVEM, está en la posición 78 por haber presentado pocas iniciativas y pocos puntos de acuerdo, aunque tiene notas relativamente altas en debate parlamentario y asistencia.

El coordinador mejor posicionado es el perredista Miguel Barbosa, en el lugar 28, con puntuación por encima de la media en activismo legislativo, debate parlamentario y asistencia. Tiene puntuaciones bajas en auditoría legislativa y cero en transparencia.

El ranking 5D es publicado en la plataforma www.atlaspolitico.mx, un proyecto de tres jóvenes estudiantes de Harvard que arrancó el año pasado en Brasil y este año comenzó a medir a los legisladores mexicanos.

La medición retoma el trabajo legislativo de diputados y senadores desde que inició la actual Legislatura, el 1 de septiembre de 2012, hasta el 30 de abril de 2015.

Los datos utilizados para generar los indicadores provienen del Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación y de las páginas de internet del Senado y la Cámara de Diputados.