Gustavo Castillo García/ y II

Los peritos del estado de México trataron de “cuadrar” las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya. Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se “limpió” antes de que iniciaran los estudios forenses.

Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue “un tiroteo por fuego cruzado”. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).

Son numerosas las contradicciones entre los resultados de los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos.

Movieron los cadáveres

Otra discordancia consiste en que los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del gobierno mexiquense sostuvieron que la localización y ubicación de los cuerpos en el interior de la bodega sí correspondieron “a las últimas y originales” posiciones que tenían al momento de ser heridos y fallecer.

En sus reportes anotaron que lo corroboraron “por la presencia de indicios biológicos debajo de sus cuerpos (lagos o manchas hemáticas), así como por la ubicación de las livideces”, manchas que señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento, de acuerdo con la definición forense.

Los funcionarios de la PGR determinaron que los cadáveres fueron cambiados del sitio donde fallecieron, porque no encontraron correspondencia entre los rastros de tierra, residuos y escurrimiento de sangre que había en los cuerpos, las ropas y el suelo, con la zona donde se supone murieron.

Así lo explica el dictamen: “la presencia de maceraciones de tierra en ropas y en regiones expuestas del cuerpo, con la falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas con los escurrimiento de sangre sobre las prendas, superficies corporales y maceraciones hemáticas en el suelo”.

En la mayoría de las necropsias los peritos del estado de México no establecieron el denominado crono tanatológico (tiempo que transcurrió entre cada deceso y la práctica de la autopsia) y en general, los forenses sintetizaron: “signos tanatológicos de los veintidós cadáveres. Presentaron signos de muerte real y no reciente, con flacidez generalizada y livideces fijas, correspondiesen (sic) a la posición en la que fueron encontrados”.

Añadieron que “las posiciones que guardaban los cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, no corresponde con la posición final, al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición original, el subrayado fue hecho por la PGR”.

Midieron la temperatura de los cuerpos con la mano

La procuraduría federal también exhibe la manera en que los forenses estatales tomaron la temperatura de los cuerpos: algunos lo hicieron con un termómetro rectal, pero la mayoría sólo asentó, cuestión insólita, que al cadáver le pusieron la mano para medir la temperatura: los restos “tenían una temperatura igual o menor a la mano que realizaba la exploración o menor a la del medio ambiente”.

Las anotaciones se realizaron de la siguiente manera: cadáver número 1) “El resultado fue el siguiente: se trata de un individuo de sexo masculino (…) se aprecian signos de muerte real y reciente, con temperatura corporal inferior a la del medio ambiente, con rigidez cadavérica presente en partes posteriores del cuerpo”.

Cadáver 4) “30 de junio (…) aspecto exterior (…) con temperatura menor a la mano del explorador e igualándose con el medio ambiente”.

Mientras en los estudios correspondientes a la víctima número 3 se menciona: presenta signos de muerte real y reciente con temperatura rectal de 24 grados centígrados”.

Este es un dato que llama la atención, ya que los enviados de la PGR señalan en sus reportes que uno de los cuerpos ya presentaba “signos de descomposición y olores fétidos”.

En los documentos también se evidencia que los peritos mexiquenses sólo anotaron en sus reportes el día (30 de junio o primero de julio de 2014) en que practicaron las autopsias, pero no la hora, a pesar de que en uno de los casos se menciona que el cuerpo ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

Cadáver identificado con el número seis: “signos tanatológicos. Presenta signos de muerte real y No (sic) reciente en periodo de putrefacción en su fase de fetidez (…) con temperatura corporal menor a la mano que explora y semejante a la del medio ambiente”.

En términos generales, los expertos del estado de México señalaron que “en base a los signos tanatológicos observados en los cadáveres marcados del uno al veintidós, en el Servicio Médico Forense de este instituto se determina que su deceso ocurrió en un lapso de tiempo (sic) no menor a 20 horas y no mayor a 30 horas”.

La versión del “fuego cruzado”

A pesar de que los estudios realizados por los peritos federales detectaron que los militares accionaron sus armas de fuego a corta distancia de las víctimas, los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del estado de México expresaron que “por la ausencia de tatuaje, quemadura o ahumamiento en los orificios de entradas de los cadáveres, se determina que los disparos se realizaron a una distancia mayor a 70 centímetros entre la boca del cañón del arma empleada y las zonas anatómicas afectadas”.

En ese contexto, los estudios de las autoridades mexiquenses señalan que por la interpretación criminalística y tomando en cuenta la dispersión, distribución y localización de los indicios de índole balístico, tanto en el interior como al exterior de la bodega, se determina que en el presente hecho que nos ocupa se trata de un tiroteo por fuego cruzado donde se realizaron los disparos tanto de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la mencionada bodega”.

Los peritajes de la PGR agregan: “cabe señalar que de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los veintidós cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen, y que por su gravedad conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para realizar desplazamientos por sí mismos, posteriores a ser lesionados”.

En este caso, el 23 de septiembre de 2014, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia, tras ofrecer una conferencia magistral en el seminario La defensa nacional del Estado mexicano, declaró: “de acuerdo con algunos testimonios, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, lo que le valió agrias críticas, pues las investigaciones apenas comenzaban.

Ejecución extrajudicial

Un mes después, el 21 de octubre, la CNDH concluyó en sus investigaciones que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en los hechos, y que entre las víctimas estaban dos menores de edad.

En conferencia de prensa, el ombudsman explicó que tras realizar una indagatoria sobre el caso, logró comprobarse que si bien ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.

La CNDH emitió una recomendación que fue aceptada por la Sedena, y esta dependencia inició un juicio en el ámbito castrense contra ocho militares que presuntamente participaron en los hechos de Tlatlaya.

En paralelo, la PGR informó el pasado 30 de octubre que puso a disposición de un juez federal a cuatro militares, tres de tropa y un teniente, como responsables de haber cometido el delito de homicidio en agravio de ocho personas.

En ningún caso los juicios han concluido; están en la etapa de desahogo de pruebas. Los militares implicados están en la prisión del Campo Militar número Uno, en la ciudad de México.

Con información de La Jornada http://bit.ly/1FB2WEq