Xalapa, Ver.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), debió enviar a Veracruz en los últimos tres años, alrededor de 200 millones de pesos para apoyar el Sistema Acusatorio de Juicios Orales, sin embargo se desconoce si fueron recibidos y aplicados, informó el ex secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Salvador Martínez y Martínez.

Tras los reclamos por la carencia de infraestructura para implementar los juicios orales al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Martínez y Martínez recordó que la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia del Sistema Penal  (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, hizo un planteamiento de que en este primera etapa se habló de que sólo se asentarían las bases para iniciar la nueva forma de ejercer el derecho penal.

Recordó que se tiene como fecha límite el 18 de junio del 2016 para que en todo el país estén listas las salas de los juicios orales.

“Me parece que es un problema mucho más complicado que eso, se tiene una fecha límite, y que habría que darle seguimiento, algunos lo interpretan ya como la confesión de un fracaso, y del arranque, tampoco hay que llegar a tal extremo”, expuso.

Argumentó que en el año 2012 Veracruz recibió seis millones; en el 2013,  nueve millones de pesos; mientras que en el 2014, la cifra subió a 15 millones y en el 2015 se cree debió recibir 170 millones de pesos para la implementación de los juicios orales.

En la entrega de los recursos a las entidades dijo el académico hubo una estrategia “si no errónea, por lo menos si limitada” porque a los estados que presentaban un avance en las construcciones de los juicios orales se les otorgaba más presupuesto y a los atrasados les quitaban.

“Cuando a mí me invitan a participar, me doy cuenta que Veracruz es penúltimo en esto, entonces los recursos eran mínimos, se logra avanzar un poco, pero ciertamente los recursos que había eran insuficientes, es decir el Estado tenía que haberse hecho cargo con sus propios recursos y esto en una situación crítica como la que estamos viviendo es muy difícil” dijo.

La infraestructura física y tecnológica es clave para que Veracruz tenga un proceso judicial diferente, pero si esto no se da, las deficiencias del ejercicio del derecho “van a ser muy grandes”, opinó.

Con respecto a que el magistrado del TSJE, Alberto Sosa Hernández, argumentó que no compraron espacios para la implementación de las salas de juicios orales pero si se rentaron, el académico expuso que hizo lo que se requiere para llevar a cabo un sistema penal acusatorio.

Sin embargo, subrayó que “no podemos echar en un saco roto son las víctimas del delito, que son niños, mujeres, personas de la tercera edad, todos son importantes”.

Avc