Poza Rica, Ver.- (AVC) Aunque un 90 por ciento de los juicios se resuelven a favor de ciudadanos que son víctimas de abusos por parte de autoridades municipales y estatales, una gran mayoría no acude a presentar su denuncia ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, pues por mes se reciben máximo 20 quejas, informó la defensora jurídica, Dulce María Moreno Hernández.

Destacó que desafortunadamente es bajo el índice de ciudadanos que conocen sus derechos y hacen uso de los servicios este órgano, que en la zona norte de la entidad veracruzana tiene su sede en el puerto de Tuxpan.

Indicó que en esta región dichas oficinas abarcan 48 municipios de la zona norte, sin embargo por mes es bajo el número de ciudadanos que buscan el apoyo, entre 15 y 20 quejas se llegan a tramitar.

Resaltó que ante esta situación el tribunal cuenta con un módulo itinerante que realiza recorridos en diversos municipios de la zona norte para poder recabar las quejas o brindar la orientación necesaria en los casos que competen a los ciudadanos.

“Piensan que van a perder mucho tiempo, les da flojera, creen que poner una denuncia no sirve, son varios factores, pero es baja la afluencia de personas”, manifestó la defensora jurídica que estuvo a cargo del módulo en el municipio de Poza Rica y que el viernes 29 de mayo se instalará en Papantla.

Subrayó que la atención es totalmente gratuita y el objetivo es brindar a los ciudadanos la orientación que requieren en situaciones de reclamo a autoridades estatales o municipales.

Recalcó que desde casos de despidos injustificados de elementos de las corporaciones de Seguridad Pública, cobros indebido de impuesto (predial, recolección de basura, saneamiento, drenajes), cobro indebido de los servicios de abastecimiento de agua, infracciones de tránsito, multas, cancelación de permisos, clausura de establecimientos y obra en construcción o hasta negativa a una petición ciudadana se pueden atender.

En el caso específico de Poza Rica resaltó que prevalecen quejas por cobros excesivos en los recibos de agua y la falta de atención de autoridades para los ciudadanos que solicitan  la realización de obras públicas.