Xalapa, Ver.- (AVC) Las licitaciones de la ronda cero y uno para extracción de gas y petróleo en campos petroleros, amenazan en una primera etapa a más de 170 mil hectáreas en 18 municipios del estado que serán entregadas a empresas extranjeras, denunció Moisés Reyes Fausto, líder de la Central Campesina Cardenista.

Advirtió  que tras las licitaciones prevista en la Reforma Energética, ni Petróleos Mexicanos (Pemex), ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se han acercado a los campesinos, quienes desconocen el destino de 377 núcleos agrarios y temen por el destino de su tierra.

Dijo que se avizora un problema social grave, pues los campesinos no van a permitir que les despojen de su tierra, en la que siembran caña,  maíz y tiene  actividades ganaderas, de las cuales viven sus familias.

Señaló que de no avanzar en las mesas de negociación con la Secretaria de Gobernación sobre la intervención de empresas petroleras en comunidades, recurrirán a organismos internacionales para ampararse y evitar afectaciones a más de 280 mil familias de Veracruz.

Advirtió que es una falacia el resarcimiento del daño que prevé la Ley de Hidrocarburos donde señala que dará hasta el tres por ciento de las utilidades de la empresa en extracción de gas, y el 1.5 por ciento en caso de campos petroleros y otros proyectos estratégicos, a los campesinos afectados.

Reyes Fausto consideró esto una trampa, pues dijo que esta participación estará basada en utilidades de la empresas, luego de extraer el petróleo, pagar impuestos, lo que no garantiza ni tiempo ni recursos para los campesinos afectados.

“Si es que vemos una ganancia, la veremos hasta en 15 y 10 años, mientras tantos no vamos a tener utilidades y los nos van a dejar campos contaminados que no nos van a servir para cosechar ni sembrar en varios años”, advirtió.

Ante esta problemática, organizaciones campesinas e indígenas pugnan porque se legisle sobre el consentimiento libre para los proyectos, “si no se logra eso, va a haber un problema social”.

Alrededor de 38 organizaciones campesinas e indígenas se agruparon a nivel nacional y el próximo 21 de junio se unirá una caravana nacional para acordar la estrategia nacional de la defensa de los núcleos agrarios ante la reforma energética.