Fue aprobado por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Fernando Yunes Márquez, en el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la ley.

La propuesta del Senador Fernando Yunes fue apoyada por todos los partidos políticos, de parte del PRI hablaron a favor el diputado Alejandro Montano Guzmán, de Veracruz, y el senador David Penchyna Grub, de Hidalgo; y por el PRD la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Distrito Federal.

Durante su intervención en tribuna, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el Senador Fernando Yunes expuso que el día 19 de abril se hicieron públicas 6 denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República desde el mes de noviembre del año pasado, contra funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz por la desviación de casi 2 mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a salud y educación.

“Hasta el día de hoy, la PGR no ha respondido a nuestro exhorto de apegar sus actos a la Constitución y proceder en contra de los responsables de este desvío multimillonario; hoy damos a conocer 6 nuevas denuncias presentadas también por la ASF ante la PGR en noviembre del año pasado”, dijo.

Manifestó que estas denuncias acreditan la desviación de más de 2 mil 100 millones de pesos, provenientes de fondos federales, que el Gobierno del Estado de Veracruz debía haber destinado fundamentalmente al Seguro Popular y a la Educación Básica y Normal.

“En estas 5 denuncias aparecen como presuntos responsables señalados por la Auditoría Superior de la Federación, 2 ex funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz que actualmente son candidatos del PRI a Diputados Federales: Antonio Tarek Abadalá Saad, por el Distrito de Cosamaloapan y Edgar Spinoso Carrera, por el Distrito de Martínez de la Torre”, manifestó.

El Senador Veracruzano señaló que la omisión del Ministerio Público Federal es claramente un acto de encubrimiento y de protección política a dos candidatos que no debieran estar haciendo campaña, sino sometidos a un proceso penal por haberse robado los recursos federales que estaban destinados a mejorar las condiciones de salud y los servicios educativos de casi 8 millones de veracruzanos.

Además, dijo que las pruebas de la Auditoría Superior de la Federación son inequívocas, porque se trata de auditorías ya concluidas y dictaminadas, apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por si fuera poco, de documentos donde el propio Gobierno del Estado de Veracruz reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos, lo que no ha sucedido, pero aunque los devolvieran, el delito ya se ha cometido.

Señaló Yunes Márquez que en las mismas denuncias aparecen también como presuntos responsables otros funcionarios que ocupan posiciones relevantes en la estructura del Gobierno del Estado de Veracruz; estos son: Tomás Ruíz González, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas; Gabriel Deantes, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre Morales, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Vicente Guillermo Benítez González, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación; Lorenzo Antonio Portilla, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y Antonio Ferrari Cazarín, Director de Patrimonio del Estado de Veracruz.

El Senador Fernando Yunes Márquez dijo que el Partido Acción Nacional reprueba la simulación y el engaño: “El Gobierno Federal habla de combate a la corrupción y de transparencia, pero en los hechos impide que la corrupción se combata y la transparencia sea una realidad; la PGR, al encubrir a los hoy candidatos del PRI a diputados federales, se hace cómplice de su verdadero objetivo, que es buscar el fuero constitucional para evitar que pueda procederse en su contra por los delitos que han cometido”.

Señaló que Acción Nacional exige que el gobierno apegue su conducta a la legalidad y que la PGR se conduzca  con apego a la Constitución y de manera inmediata actúe en contra de quienes  han saqueado las arcas públicas, causando un daño gravísimo a los veracruzanos.

“Hace más de seis meses que la Auditoría Superior de la Federación presentó las denuncias y la PGR se mantiene omisa, aún cuando –como ya afirmamos- las pruebas son irrefutables; la PGR no debe sujetar su actuación a los tiempos políticos”, dijo.

El Senador Yunes Márquez manifestó que el Estado de Derecho no debe interrumpirse durante los procesos electorales, al contrario, los órganos encargados de procurar y administrar justicia deben enviar mensajes claros de que México está cambiando y que sin duda el cambio más importante es el establecimiento de un Estado de Derecho pleno.

Los resolutivos del punto de acuerdo detallan:

1.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder de inmediato conforme lo mandata la Constitución a integrar la averiguación previa correspondiente, para que los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la Ley.

2.- Se solicita igualmente a la Procuraduría General de la República informe de inmediato a ésta Soberanía sobre las acciones que haya llevado a cabo en relación con éstos graves hechos, a partir del mes de noviembre de 2014 en que las denuncias fueron presentadas.