La Comisión Permanente, a propuesta del senador panista Fernando Yunes Márquez, aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que integre la averiguación previa y ejercite la acción penal para que los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud, en Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la ley.

En el punto de acuerdo se pide a la PGR remita un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo con relación a estos hechos, que comprenda desde noviembre de 2014, fecha en que las denuncias fueron presentadas.

El legislador veracruzano recordó que el 19 de abril se hicieron públicas seis denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó ante la PGR desde noviembre del año pasado, contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz por el desvío de casi dos mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a salud y educación.Sin embargo, “hasta el día de hoy, la PGR no ha respondido a nuestros exhortos de apegar sus actos a la Constitución y proceder en contra de los responsables de este desvío multimillonario”, indicó Yunes Márquez.

Además, dijo, hoy damos a conocer cinco nuevas denuncias presentadas también por la Auditoría en noviembre del año pasado, donde se acredita la desviación de más de dos mil 100 millones de pesos de fondos federales, que el gobierno de Veracruz debió destinar al Seguro Popular y a la Educación Básica y Normal.

Yunes Márquez señaló que las pruebas de la ASF están apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por documentos donde el propio gobierno del estado reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos.

En todas las denuncias, añadió, se acredita que los funcionarios que desviaron los recursos, realizaron movimientos bancarios primero con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas, para después retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final del capital.

“Para el Partido Acción Nacional es altamente preocupante el hecho de que la PGR no haya cumplido con la responsabilidad que le señala el artículo 21 de la Constitución de ejercitar acción penal ante los tribunales y solicitar la imposición de las penas a quienes la ASF señala como presuntos responsables de estas conductas ilícitas tipificadas en la legislación penal vigente, en agravio de la Hacienda Pública Federal”, expuso el legislador federal.

En las cinco denuncias, apuntó, aparecen como presuntos responsables dos ex funcionarios del gobierno de Veracruz que actualmente son candidatos del PRI a diputados federales: Antonio Tarek Abadalá Saad, por el distrito de Cosamaloapan y Edgar Spinoso Carrera, por el distrito de Martínez de la Torre.

“La omisión del Ministerio Público federal puede ser un acto de protección política a dos candidatos que no debieran estar haciendo campaña, sino sometidos a un proceso penal por haberse robado los recursos federales que estaban destinados a mejorar las condiciones de salud y los servicios educativos de casi 8 millones de veracruzanos”, aseveró.

En su turno, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks indicó que ante el momento que vive el país, lo que se requiere es aplicar el Estado de derecho y se vea reflejado tanto la transparencia como la rendición de cuentas.

La preocupación que mi grupo parlamentario, dijo, es que en este caso estamos hablando de 12 denuncias presentadas y que en seis meses no hay evidencia clara de lo que ha hecho la PGR.

“Estas denuncias no fueron formuladas por un partido político, fueron hechas por la Auditoría Superior de la Federación, por eso lo que esperamos en el corto plazo es que haya una actuación conforme a legalidad, conforme a verdad y que los veracruzanos y los mexicanos sepamos qué es lo que está aconteciendo”, exigió.