Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos y por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado, reveló el gobernador de ese estado, Graco Ramírez.

En entrevista con El Universal TV, confirmó que “tiene incluso un proceso, una orden de presentación (en su contra) y está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos y sabemos que también hay antecedentes en la PGR”.

Detalló que Figueroa lo contactó para establecer un pacto a fin de que pudiera organizar palenques, los cuales serían usados para el lavado de dinero, con el compromiso de tener pacificado al estado. De hecho, señaló que este tipo de “pactos” se establecieron con gobernadores anteriores.

También ratificó que “un político”, cuyo nombre no reveló y del que sólo dijo “no pertenece al PRD” y “no es un gobernador que haya estado en Morelos”, le llamó para los mismos fines. “Me reservo su nombre ya que la investigación está en las áreas de inteligencia y es del conocimiento del secretario de Gobernación, (Miguel Ángel) Osorio Chong”.

Graco Ramírez presumió que, a dos años de su administración, se han dado golpes certeros contra el crimen, especialmente contra Guerreros Unidos y Los Rojos. Del primero, dijo, se han detenido a 11 de sus líderes “que no encontraron refugio en Morelos, como tradicionalmente ocurría en tiempos pasados”.

Del segundo, comentó que falta la captura de Santiago Mazari, El Carrete, quien, aseguró, “está cercado” y quien le ha enviado mensajes con amenazas directas a través de un portal de internet —Jojunarco—, que tiene su servidor en Estados Unidos y ya fue localizado, por lo que está bajo investigación.

Atribuyó las amenazas a la versión de que estaría protegiendo a Guerreros Unidos. “Yo no estoy protegiendo ni a unos ni a otros, estoy persiguiendo a todos. En Morelos no estamos dispuestos a que los gobernadores y autoridades establezcan complicidades con la delincuencia organizada como ocurrió en el pasado”, explicó.

En la nota que publica este día el periódico El Universal, el mandatario informó que hace poco se decomisó un narcolaboratorio, lo que afectó de manera importante a Los Rojos: “Su fortaleza es que se dedica a la producción de amapola, por lo que ya no depende de la cocaína de Colombia”.

Señaló que El Carrete pretende imitar a Servando Gómez Martínez, La Tuta, “al tratar de exponer que quiere apoyar al pueblo en el combate a Guerreros Unidos y mostrarse más eficaz que la policía”.

De ahí que algunos padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa le hayan solicitado su ayuda para tratar de localizarlos.

Por otro lado, precisó que se ha logrado la captura de 700 delincuentes y de 28 células delictivas; hay procesos abiertos contra ex alcaldes y contra dos ex jefes de la policía vinculados con actividades criminales.

El problema, detalló, es que los alcaldes, por omisión o complicidad, han aceptado designar a directores de las policías locales vinculados con líderes de la delincuencia. No es un problema de partido alguno, aclaró, “la penetración es estructural”.

Además, están bajo proceso los dos últimos secretarios de Hacienda y de Finanzas de la administración de Marco Antonio Adame, por un presunto desvío de 400 millones de pesos del erario.

Estas acciones han permitido disminuir en un 70% la incidencia de delitos de alto impacto como el secuestro y las extorsiones. Destacó que de los 30 secuestros que se tenían al mes, “hoy sólo tenemos el reporte de uno o dos. Hemos logrado disminuir este delito hasta en un 90%. Desde que se recibe la primera llamada de rescate, se les localiza y se detiene en un plazo de 10 horas”.

Graco Ramírez resaltó que en Morelos ya existe un Mando Único Policial con 5 mil elementos, los cuales sustituyeron a 700 policías estatales y a 5 mil municipales “mal pagados y sin capacitación. La penetración del crimen en la procuraduría y en los órganos de seguridad era notable y evidente”.

Sin embargo, para seguir dando golpes certeros a la delincuencia organizada pidió la intervención del gobierno federal para que Caminos y Puentes Federales (Capufe) se conecte a la Plataforma México y les comparta información privilegiada que captan las cámaras instaladas en las casetas de peaje, lo que permitiría inhibir el robo a transportistas de carga y de vehículos que luego son usados en otros delitos.

También anunció la instalación de un nuevo Batallón del Ejército en la localidad de Los Lagartos, en Jojutla, donde operarán 700 efectivos, así como el uso de drones en áreas de inteligencia. Con estas acciones, dijo, “hemos blindado a Morelos”.

Prevalece el vínculo de 22 municipios de Guerrero con el narco

El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, reconoció que en Iguala no se ha logrado erradicar todos los vínculos y complicidades establecidos por el ex edil José Luis Abarca, como tampoco se ha podido terminar con el cacicazgo del ex gobernador Ángel Aguirre.

A unos días de que venza la licencia que por seis meses pidió Aguirre Rivero en el cargo, Ortega Martínez admitió en entrevista con este diario que, de cara a las elecciones, hay por lo menos 22 municipios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, en los cuales corresponde a los partidos deslindar a sus candidatos. Se refirió a los ayuntamientos de Tierra Caliente y los de la Montaña alta, aquellos que colindan con Michoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca.

También señaló que hay ‘‘tres focos rojos’’ en este proceso electoral: Tixtla, por ser el municipio donde se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa –de ese ayuntamiento son 14 de los 43 normalistas desaparecidos de Iguala–, y algunas zonas de Chilpancingo y Tlapa.

En otra nota del diario la Jornada, el gobernador interino, cuyo mandato podría alargarse seis meses más a partir del próximo viernes, confió en que las próximas semanas se dé un gran acuerdo que garantice que en el estado haya comicios el próximo 7 de junio.

En conversación con este diario, en el hotel Hilton Alameda, expresó que el tema de las narcocandidaturas no puede obviarse cuando el estado cuenta con ayuntamientos donde las bandas delincuenciales ‘‘se han apoderado prácticamente de los territorios de cultivo y cosecha de goma de opio, que se obtiene a partir de la amapola. Guerrero es el primer productor de goma de opio en el mundo’’, advirtió.

‘‘Sería una irresponsabilidad (no hablar de la posibilidad de candidatos vinculados con el narcotráfico), porque eso es parte del drama de Guerrero y parte de lo que yo llamo las herencias malditas’’, indicó como preámbulo para referirse a la ‘‘gran masa de campesinos, pobladores de la Montaña alta y la sierra, que se convierten en presa fácil de la delincuencia organizada’’ debido a los rezagos ancestrales, la pobreza y la marginación. Y una vez que los narcotraficantes los hacen ‘‘dependientes, en una forma de esclavitud moderna, secuestran a adolescentes para hacerlos sicarios, secuestradores, incluyendo a jovencitas para la trata de personas y cobradores de derecho de piso’’.

El mandatario interino admitió que es esa zona donde se presume el vínculo de las autoridades locales con el crimen organizado. ‘‘Son 14 municipios de la Costa Grande y de la Costa Chica, y los de la Montaña alta. Lo tenemos que reconocer, porque nos lo golpea en la cara la tragedia de Iguala’’.

Por eso, afirmó, ‘‘es muy importante la elección ahora; con lo que pasó, ya nada puede volver a ser igual, y esa es una reflexión en que insisto mucho a los líderes del movimiento que están llamando al boicot electoral. Les digo: ‘¿por qué no mejor convocan a un gran diálogo con los partidos, donde el primer requisito sea que queremos candidaturas limpias, sin vínculos con la delincuencia organizada, para que nunca más volvamos a tener una tragedia como la de Iguala?’’

–A propósito, ¿en Iguala se cortó de tajo todo el poder de los Abarca? –se le preguntó.

–No es nada fácil erradicar el vínculo de autoridades cuando, por cierto, arriban a la presidencia municipal teniendo nexos con la delincuencia organizada. Ellos (los narcotraficantes) tienen la idea de que no van a financiar la campaña de un político tradicional; ‘ahora vamos a penetrar ese partido para que nos postule’. Entonces es ahí donde se generan también complicidades entre liderazgos de los partidos, que cierran los ojos frente a quien trae recursos económicos para invertirlos en las campañas, sin investigar su procedencia.

Sobre la influencia de Aguirre Rivero, afirmó que hay una tradición muy arraigada en la cultura política guerrerense, basada en los liderazgos caciquiles, por lo que la entidad necesita ‘‘un renacimiento y una nueva clase política que abreve de los valores de la democracia’’.

Destacó que continúan las investigaciones sobre el gobierno del mandatario con licencia y se ha ordenado a la contraloría del estado auditar los recursos de esa administración, ‘‘y a nosotros mismos, en la ruta de los libros blancos’’. Adelantó que están por concluir más de 20 auditorías y hay que poner en manos de las autoridades correspondientes ‘‘lo que proceda, si hubo desvíos o mal uso de los recursos’’, añadió.

Ortega Martínez también se refirió a la violencia que ha asolado a Acapulco. Indicó que es una realidad que no se puede negar, pero en todo el estado. No obstante, dijo que ‘‘se producen estas incidencias de choques violentos entre grupos delincuenciales que se cobran cuentas entre ellos; yo no lo vincularía al tema de la fragilidad de las instituciones electorales ni la vulnerabilidad del proceso electoral’’, afirmó