La CNDH solicitó aplicar medidas cautelares para proteger a migrantes, defensores y activistas que participan en el viacrucis migrante, el cual permanece varado desde el jueves en Oaxaca.

Lo anterior se da luego de que el sacerdote Alejandro Solalinde presentara una queja por los operativos que mantiene el Instituto Nacional de Migración (INM) desde la semana pasada en el Istmo de Tehuantepec para impedir el paso de la caravana que busca llegar al DF.

La petición fue dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al INM, a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec, de acuerdo con un comunicado.

Tras participar en un seminario en el Senado, el ombudsman Luis González Pérez llamó a las autoridades para que entiendan y respeten la caravana.

“Estamos haciendo un llamamiento a la autoridad para que, precisamente, se entienda esa circunstancia (que) lo que busca este movimiento es visibilizar la situación de inseguridad, de maltrato, de condiciones difíciles que enfrentan en búsqueda de mejores condiciones de vida”.

Por otra parte, Perseo García, director de Amnistía México, cuestionó el operativo de seguridad del INM y de la Policía Federal en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino.

En conferencia de prensa desde Ixtepec, señaló que el dispositivo de seguridad que forma parte del Plan Frontera Sur criminaliza a las personas migrantes además de que es inconstitucional y violatorio de la ley en la materia.

En tanto, el sacerdote Alejandro Solalinde indicó que este miércoles el viacrucis migrante retomará su camino hacia el DF y que para ello presentó un juicio de amparo contra una detención masiva ante los juzgados federales ubicado en el Puerto de Salina Cruz.

Solicitan  retirar operativo

El Colectivo Migraciones para las Américas (Compa) consideró como un acto de hostigamiento e intimidación el operativo del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal implementado en inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca.

Por ello, la red integrada por 127 organizaciones civiles de 11 países de la región demandó el retiro del “llamado dispositivo de seguridad” que impidió desde el jueves 9 el paso de personas centroamericanas que integran el viacrucis migrante.

Con información de Reforma