Xalapa, Ver.- (AVC) El Poder Judicial del estado tendrá que rentar inmuebles para 15 distritos judiciales este año por no contar con edificios propios para la entrada en vigor del sistema penal oral, acusatorio y adversarial.

“Tenemos para arrancar en las salas que tenemos y por el otro lado tendremos que alquilar bienes inmuebles para adaptarlos y que ahí mismo se realicen estos juicios. No vamos a dejar de prestar ese servicio por el hecho de que no tengamos el bien inmueble donde se pueda desarrollar el juicio. Aún cuando fuesen rentados, los tendríamos”, indicó.

El magistrado presidente, Alberto Sosa Hernández, aseguró que el próximo 11 de mayo entrarán en vigor en los distritos de la zona norte del estado, pero únicamente habrá salas para juicios orales en Tuxpan y Pánuco.

“Empezamos en la zona norte en las salas de Pánuco, Ozuluama, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Tuxpan, desde hace algún tiempo, de todos ellos tenemos nuestras propias edificaciones en Pánuco y Tuxpan. En el caso de Tantoyuca estamos viendo cómo rentar instalaciones”, dijo.

Entre los distritos en los que se tendrá que rentar edificio para adecuar las salas de juicios orales están Orizaba, Huatusco, Misantla, Zongolica, pues el magistrado presidente aseguró que aún hay 13 distritos en que deben contar con propios inmuebles con los requisitos que marca la Secretaría Técnica para cumplir con la tarea.

Cuestionado en torno a si se podrán iniciar los juicios orales en esas zonas a tiempo, Alberto Sosa consideró que es una obligación hacerlo ya sea con infraestructura propia o rentada. Además, señaló que tras la entrada en vigor del nuevo sistema penal en los 19 distritos este año, en 2016 ya sólo se agregarán los distritos de Veracruz y Cosamaloapan.

Sosa Hernández consideró como difícil lograr que estén todas las salas de juicios orales, debido al reducido presupuesto con que el Poder Judicial en el estado cuenta, pues recordó que si bien este ejercerán mil 500 millones de pesos, la mayoría está destinado al pago de nómina y un porcentaje menor a la construcción de la infraestructura necesaria para los juicios orales.