Además de los contratos millonarios conocidos que recibió, Grupo Higa obtuvo uno más, el cual fue considerado “reservado”.

En junio de 2013, Banobras, entonces dirigida por Alfredo del Mazo Maza, benefició a una filial de la empresa con un contrato por mil 332 millones de pesos, el cual fue clasificado como reservado hasta 2025, según se informa en una nota del periódico Reforma.

La compañía de Juan Armando Hinojosa se hizo famosa por la Casablanca de la esposa del presidente Peña Nieto Angélica Rivera, y por grandes contratos que ganó en 2014, como el del tren México-Querétaro, el acueducto Monterrey VI y el Museo del Barroco en Puebla.

El área fiduciaria de Banobras, que presidía Del Mazo Maza, adjudicó el contrato de mil 332 millones de pesos, IVA incluido, a Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Higa.

El acuerdo era para ampliar de dos a cuatro carriles un tramo de la autopista Guadalajara-Colima.

El contrato FID-358-2013-03 fue adjudicado por el Fideicomiso 358, que es privado. Ese fideicomiso fue creado en 1987. Se le clasificó como privado porque empresas constructoras aportaron fondos y se vendieron al público Certificados de Participación Ordinaria (CPO).

Tanto las constructoras como los tenedores de CPO recibieron sus fondos en la década de los 90, con los que Banobras quedó como único fideicomitente, es decir, el único aportante de recursos. El 20 de diciembre de 2010, el Consejo Directivo de Banobras autorizó al fideicomiso un crédito simple de 4 mil 784 millones de pesos para modernizar la autopista, cuya concesión está asignada al fiduciario, es decir, al propio Banobras.

El contrato no aclara si hubo una licitación previa, aunque da a entender que existió algún tipo de competencia entre constructoras.

En cinco años se han sancionado 140 funcionarios por conflicto de intereses

En los últimos cinco años (2010-febrero 2015), la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 140 funcionarios por incurrir en conflictos de intereses, entre ellos está Sigrid Arzt Colunga,  ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y Jesús Ramírez Stabros, ex coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República.

Mediante la solicitud de información  0002700028715, la Función Pública reveló que de las investigaciones realizadas por conflictos de interés, la mayoría de sanciones fueron para servidores públicos de Pronósticos, Pemex, Prospera -antes Oportunidades- y Sagarpa.

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, bajo el expediente 11/14, la SFP impuso una amonestación pública a la ex comisionada del IFAI debido a que incurrió en un conflicto de interés al presentar y votar recursos de revisión de solicitudes de información que ella misma ingresaba bajo otro nombre.

En el caso de Ramírez Stabros, ex alto mando de la Presidencia de la República, la Función Pública investigó el conflicto de intereses bajo el expediente 55/14 debido a que al mismo tiempo de que se desempañaba como Coordinador de Vinculación era miembro del Consejo de Administración de la empresa española Iberdrola.

La dependencia aclaró que su sanción-inhabilitación por tres meses que concluyó en enero de 2015- no fue por conflicto de interés sino que el ex colaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, fue castigado, al final, por una negligencia administrativa.

El documento de la Función Pública revela que los 140 funcionarios que incurrieron en conflicto de interés han recibido sanciones que van desde su inhabilitación por 30 días hasta multas económicas.

Destaca el caso de Sergio Antonio Mora Galaz, ex funcionario del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), quien fue inhabilitado por 10 años y recibió una sanción de seis millones 179 mil pesos para reparar os daños  a la Hacienda Pública. Los detalles de conflicto de interés están catalogados como reservados.

Pronósticos para la Asistencia Pública es la dependencia con más sanciones impuestas por conflictos de interés: José Luis Jiménez Mangas, Héctor Hugo López, Carlos Alberto López  y Gustavo García Pérez acumulan multas por 189 millones de pesos  y su inhabilitación por 20 años debido a que como altos funcionarios encargados de organizar sorteos planearon un fraude para que Melate fuera ganado por sus familiares.

En 2011, cinco funcionarias del programa Prospera, cuyo nombre en ese entonces era Oportunidades, fueron inhabilitadas por entre 10 y dos años y multadas con 186 mil pesos por incurrir en un conflicto de interés en el manejo del programa de combate a la pobreza.

Petróleos Mexicanos, incluidas sus cuatro empresas subsidiarias, según la información proporcionada por la Función Pública, cuenta con 21 exfuncionarios sancionados por conflicto de interés y actualmente está abierta una investigación bajo el expediente 2014/PEP/DE272 en Pemex Exploración y Producción.

La información otorgada contiene la dependencia, nombre del funcionario y sanción impuesta, así como las investigaciones que siguen en curso por presuntos conflictos de interés en la Administración Pública Federal, siendo el ISSSTE las que más acumula con 25 servidores públicos bajo procedimiento.

Ex funcionario del DF otro que es investigado

Alfredo Hernández, ex secretario de Obras y Servicios del GDF, otorgó dos contratos por más de 71 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, SA de CV., donde su esposa Erika Molina Barragán se desempeña como directora comercial. El caso es investigado por las autoridades capitalinas por presunto conflicto de interés.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, bajo los expedientes EO-909005994-N28-2014 y EO-909005994-N29-2014, Planet Ingeniería recibió el 20 de octubre de 2014 dos contratos, uno por 30 millones 847 mil 254 pesos, y otro por 40 millones 483 mil 631 pesos, para la instalación de luminarias.

Tras la publicación de la información, Hernández García renunció el jueves pasado al cargo, luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le solicitara separarse de la Secretaría para facilitar las investigaciones.

El GDF informó que la Contraloría General y la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos iniciaron las indagatorias sobre un contrato de luminarias que realizó la Secretaría de Obras.