Las tensiones entre partidos políticos de oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyeron  durante la sesión de ayer, donde se designó a Eduardo Gurza Curiel como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, nombramiento que fue avalado por la mayoría de las fuerzas políticas.

Al Consejo General del INE regresaron el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social y Partido Humanista; sin embargo, todavía persiste la resistencia de fuerzas de izquierda como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) que demandan la resolución de un pliego petitorio de 15 puntos.

‘‘Fue un manotazo suficientemente enérgico para generar la alarma’’, aseveró el panista Francisco Gárate, quien justificó: ‘‘Hay signos positivos para resolver inconformidades’’, pero demandó a los consejeros cortar ‘‘el cordón umbilical del partido por el que fueron propuestos’’.

Con PRD, PT y Morena aún ausentes en protesta por lo que consideran ‘‘sesgo parcial’’ con que se ha conducido el instituto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, reiteró sus posiciones de la víspera –hechas por medio de una carta abierta–, asumiendo que ‘‘la autoridad electoral no puede ser refractaria e insensible a las preocupaciones y posiciones de ninguno de los partidos. Sin embargo, confío en que pronto se restablezca la normalidad plena’’.

Se dijo respetuoso de quienes aún no retornan al Consejo General, al tiempo que ponderó el ‘‘paso adelante de los cuatro partidos políticos’’ que regresaron, lo cual refuerza a la institución en una sesión donde, con el nombramiento del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, se da respuesta a una de las principales inquietudes de los partidos inconformes.

En su caso, dijo, es un compromiso de todos los actores cuidar el sistema democrático en el entorno actual.

Entre los panistas llamó la atención que Gárate y el diputado Alfredo Botello regresaran cuando la víspera el senador Javier Corral (PAN), representante titular del Poder Legislativo, había anunciado que no estaba de acuerdo en volver.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, en entrevista telefónica, Corral explicó que tenía actividad en Chihuahua y que, en su caso, el presidente del partido, Gustavo Madero, había determinado el regreso. ‘‘Es su facultad y responsabilidad, que no comparto, pero él es quien lo decide’’.

Dijo que aún no se ha dado respuesta a las demandas que motivaron la decisión (de salir), porque no hay evidencias de que se resolverán los problemas que, eventualmente, volverán a presentarse.

Gárate recordó que postergar la discusión sobre los lineamientos para la neutralidad de los programas sociales fue ‘‘la gota que derramó el vaso’’, pero ello evidenció inconformidades en otros ámbitos, como la fiscalización y especialmente el desempeño de la Comisión de Quejas, que estaban generando condiciones de impunidad para ‘‘un partido’’ y resoluciones no acatadas por particulares.

Destacó que si bien hay ‘‘signos positivos’’ para resolver demandas, el INE requiere de consejeros imparciales ‘‘que puedan actuar con absoluta independencia y, ciertamente, con sus visiones, con sus ideas, que enriquezcan esta mesa’’.

Por su parte, el priísta José Antonio Hernández Fraguas saludó el retorno de los partidos, pero ratificó sus críticas a la estrategia de ‘‘linchamientos mediáticos’’ y de ‘‘encender hogueras para quemar reputaciones profesionales y la dignidad personal de quienes no sirven a sus intereses’’. Consideró que se han magnificado supuestas irregularidades con calumnias y señalamientos en contra de su partido.

A su vez, Juan Miguel Castro, de Movimiento Ciudadano, aseveró que el origen del problema es que, por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por primera vez en precampañas se otorgaron tiempos equitativos en radio y televisión. Por eso se dispararon los espots de gobierno y del PVEM para revertirlo. Dijo que regresaban porque debe fortalecerse al INE y en su reconstrucción deben participar todos.

Encuentro Social y el Partido Humanista coincidieron en que el regreso a la mesa se hacía como alternativa para solucionar los problemas, pero si persistían acciones como el uso electorero de programas sociales, no dudarían en denunciar penalmente a la titular del ramo, Rosario Robles, dijo Berlín Rodríguez, de Encuentro Social.

Al explicar la propuesta de Gurza Curiel, el consejero presidente del INE destacó la importancia de la designación para instrumentar un sistema que permita asumir uno de los mayores desafíos que trajo la reforma electoral: la fiscalización. Subrayó la larga trayectoria profesional de Gurza, quien ha estado 14 años a cargo de la Dirección General de Auditorías Especiales de la Auditoría Superior de la Federación y era titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.

Al referirse a Gurza, el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo: ‘‘Su amplia experiencia y probado profesionalismo son muestras de su capacidad plena’’. A su vez, el también consejero Arturo Sánchez señaló que el funcionario recién nombrado tendrá enfrente un desafío importante por la complejidad que tiene el modelo de fiscalización.

Finalmente, Marco Antonio Baños (también consejero del instituto) externó su respaldo a la propuesta de Lorenzo Córdova y dedicó su intervención a reivindicar a Alfredo Cristalinas, quien ‘‘en algunos tramos de la discusión pública ha sido injustamente señalado’’.

Guerrero y Michoacán, focos rojos para elecciones

Un tercio de los asesinatos de políticos ocurridos en la última década han sido cometidos en Guerrero y Michoacán. Mientras que en estas dos entidades se han registrado 29 crímenes de alcaldes, diputados (locales y federales) y candidatos a puestos de elección popular, en el país se han contabilizado 90 homicidios de políticos de esos mismos rangos.

Una revisión hemerográfica realizada por el diario El Universal revela que en esta región engarzada por Tierra Caliente han sido ejecutados siete diputados, tres candidatos a legisladores, diez presidentes municipales, ochos ex alcaldes y un candidato a alcalde. Y si a ello sumamos el asesinato de seis síndicos, siete regidores y un candidato a regidor, la cifra se eleva a 43 crímenes de políticos, colocando a estos estados como los más peligrosos para ejercer o aspirar a un cargo de elección popular.

La fiebre de violencia política de la región comenzó en 2005, registrando picos de criminalidad en 2008, 2010 y 2013. Veintitrés de estos homicidios han ocurrido en el estado de Michoacán y 20 en Guerrero.

Y es que no hay fuero constitucional que frene una ráfaga de un Ak-47, ni influencias en las alturas que anulen las propiedades corrosivas de 20 litros de ácido en los que se diluye un candidato con todo y oferta electoral, o charolazo que dote a un diputado de impunidad bastante para eludir el fondo de una fosa clandestina, como epílogo de su carrera pública.

De acuerdo con otra una nota de El Universal, el último año sin asesinatos de políticos en esos dos estados fue en 2004.

Esta violencia es el resultado de los intentos del crimen organizado por “llegar a la acción de gobierno a través de la acción política”, primero “comprando campañas completas con todo y candidato, para simplificar la negociación, en lugar de ir comprando la policía, los mandos de seguridad, el Ministerio Público, etcétera”, dice José Luis Domínguez Rodríguez, doctor en investigación social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Lamentablemente hay lugares donde no es un elemento incidental, sino estructural, con niveles de reproducción rutinaria y alta capacidad para colonizar los partidos políticos, que se expresa en un rango de prácticas muy variadas, pues no es lo mismo dar una gorra y una playera en un mitin, que ofrecer una Hummer, ofrecer empleo en la administración, o llegar al extremo de la coacción y el uso de la violencia para orientar un resultado electoral”, considera Víctor Alarcón Olguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales e investigador en el área de procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La violencia surge entonces “cuando un tercero con capacidad de movilizar recursos modifica el equilibrio, la estabilidad del mapa y los sistemas de intercambio”, señala Domínguez Rodríguez.

Octavio Augusto Montes Vega, investigador del Colegio de Michocán (Colmich), quien ha impartido cátedra sobre investigación de geografía política en tiempos violentos en la Universidad Autónoma de Madrid, dice que los intentos de poner gobiernos por parte del crimen organizado son inherentes a cualquier poder económico. En cuanto a la violencia, matiza: “A veces hay vendettas familiares que se incrustan en redes políticas, otras, el político es objeto del crimen en tanto figura pública, y hay casos en los que efectivamente la clase política está en el negocio”.

Las limitaciones legales para sancionar las manifestaciones del fenómeno son lo más preocupante para Alarcón Olguín. Por ejemplo, la coacción violenta en Guerrero y Michoacán, donde los propósitos ilegales pueden fundirse “con los argumentos revolucionarios como no creer en la lucha electoral, impedir la credencialización, la instalación de las casillas, los conteos”.

Y el corazón de esa zona es Tierra Caliente, que más que a su clima seco y temperaturas calcinantes, debe su nombre a una noción de desprecio alimentada por el centralismo mexicano que la condenó al rezago, dice Montes Vega.

Agrega que “ya los conquistadores le habían llamado el verdadero infierno, donde la gente anda desnuda, un planeta de burros se dijo después, debido al arrieraje; tierra de bichos, de enfermedades, inaccesible, peligrosa, tierra caliente... Una etiquetación discursiva peyorativa, históricamente útil para justificar la explotación irracional de recursos, incluida mano de obra barata, es por parte de capitales depredadores de la industria agrícola, minera o del narcotráfico”.