Xalapa, Ver.- (AVC) El gasoducto que pretendía atravesar la cabecera municipal de San Rafael pudo desviarse en su trazarlo aproximadamente diez kilómetros de la zona habitacional, gracias a la resistencia de la población y a que pudo formarse una contraloría ciudadana tripartita, modelo único en el país, aseguró Sergio Meza Dupont, uno de los afectados por este proyecto.

En entrevista explicó que existían zonas de alto riesgo, debido al tráfico y a la cercanía con el río, sin embargo desde el momento en que se anunció, la población inició una resistencia contra este proyecto, en el cual también la información que fluía era poca y no se hacía de manera oficial.

Insistió en que cuando llegan este tipo de proyectos, los alcaldes tratan de evadir la responsabilidad que tienen, pues buscan la manera de decir que este es un tema de competencia federal, sin embargo son los que permiten el cambio de uso de suelo para que estas instalaciones se concreten.

Señaló que esta contraloría ciudadana tripartita, en donde se encuentran ciudadanos de San Rafael, representantes de la empresa propietaria del gasoducto y representantes del Gobierno, ha permitido que diálogo y negociación entre las partes.

Gracias a eso ya son diez kilómetros los que se han podido modificar el trazo original y se espera llegar a otros diez kilómetros más, esto sólo mediante la resistencia que han implementado desde el momento en que supieron del proyecto.

Ahora el pendiente que existe es concretar los acuerdos y garantizar que se tomen las medidas necesarias de prevención de accidentes, pues dijo que si bien se estarían tomando las medidas de seguridad que exige la norma, no están exentos de accidentes.

Originalmente el gasoducto se pretendía introducirlo a un costado de la carretera costera y en algunos puntos pasar por la cabecera municipal, lo que ponía en riesgo a miles de familia, pues las afectaciones de una explosión podrían llegar incluso hasta un kilómetro de distancia.

Es por ello que ahora han estado compartiendo su experiencia con los habitantes de la comunidad de La Orduña, que se encuentra en un momento idóneo para poder sacar adelante modificaciones al proyecto.