En México siguen siendo comunes las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura en el contexto de las actividades de la delincuencia organizada, pero también debido a la falta de rendición de cuentas de las fuerzas oficiales de seguridad, en un escenario donde la impunidad continúa siendo la norma, señaló el informe 2014/2015 de Amnistía Internacional (AI) La situación de los derechos humanos en el mundo.

En el documento, la organización de derechos humanos alertó que se siguen atribuyendo gran cantidad de abusos a militares y miembros de la Marina, que todavía son desplegados en gran número en operaciones de seguridad pública. Asimismo, se denunció que los periodistas y defensores de derechos humanos continúan sufriendo hostigamientos, amenazas e incluso asesinato.

En lo que se refiere a la actuación de la policía y otras fuerzas de seguridad, AI indicó que a pesar de la versión oficial de que la violencia de los grupos criminales ha disminuido, la situación sigue siendo grave, pues la cifra de homicidios en los primeros nueve meses de 2014 fue de 24 mil 746, frente a los 26 mil uno del mismo periodo de 2013.

El colectivo con sede en Londres puso de relieve el caso de la ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde al menos 15 presuntos delincuentes fueron ejecutados, pese a haberse rendido y estar desarmados.

En el rubro de desapariciones forzadas, AI lamentó que este delito sigue siendo abundante, igual que los secuestros, y el paradero de la mayoría de las víctimas sigue sin revelarse.

La organización subrayó que durante 2014 varias autoridades federales realizaron una serie dedeclaraciones contradictorias sobre la cantidad de personas desaparecidas, y añadió que el gobierno no hizo pública la metodología empleada para obtener dichas cifras.

Sólo siete condenas por desaparición forzada

Asimismo, destacó que la impunidad sigue siendo la norma en estos casos, como lo demuestra el hecho de que sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010.

El informe de AI también destacó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y consignó que en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no se especificó la probable responsabilidad de funcionarios estatales o federales.

De igual manera, el informe consigna que las detenciones arbitrarias y la tortura siguen siendo generalizadas en todo el país, por lo común para obtener confesiones autoinculpatorias, y aseveró que las denuncias por abusos continúan sin investigarse en su mayoría. Asimismo, deploró que numerosos periodistas y defensores de derechos humanos sufrieron ataques por realizar su trabajo.

En el mismo sentido, AI manifestó que la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo endémica en todo el país, lo mismo que la ejercida en contra de personas refugiadas y migrantes indocumentados. Señaló que las comunidades indígenas siguen siendo discriminadas y tienen un acceso muy limitado a los servicios básicos, además de que no son consultadas antes del inicio de megaproyectos en sus territorios.