El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que las autoridades “no podrán dar por concluido” el caso Ayotzinapa hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos.

Dijo que los hechos en Iguala “son el ejemplo más significativo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones: Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, exigió.

Al rendir el informe de actividades del organismo a su cargo para el ejercicio 2014, en el seno de la Comisión Permanente, el ombudsman nacional advirtió que “nadie debe caer en la tentación de la violencia”.

“El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos. México no puede renunciar a su convicción democrática ni violentar su Estado de derecho”, subrayó según una nota del periódico Crónica.

Agregó que “entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de la erosión de la legitimidad de estructuras estatales obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso”.

Sostuvo que no hay manera de recuperar la aparente normalidad que tenía el país antes de los hechos de Iguala, “porque era anómala, estaba asentada en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.

Señaló que las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han generado “son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”.

Como se observa y era de esperarse, una buena parte del discurso de González Pérez se centró en el asunto de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de modo que admitió que la crisis de credibilidad hacia las instituciones que trajo consigo el caso de los normalistas desaparecidos “afectó también a la CNDH”.

“Hoy más que nunca, rendir un informe anual cobra trascendencia cuando ha ocurrido un hecho tan deplorable como el de Iguala, pues marca un antes y un después en la vida de nuestro país. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede seguir siendo la misma después de estos hechos”, planteó.

González Pérez añadió que lo sucedido en Iguala indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados, antes no se puede dar por cerrado este expediente”, advirtió.

PGR buscará a los líderes de Los Rojos

La Procuraduría General de la República investiga al grupo criminal Los Rojos y la intervención que pudo tener en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que está punto de detener a algunos de sus integrantes.

Jesús Murillo, titular de la PGR, dijo que hay una indagatoria en curso que les ha permitido identificar a los miembros de esa organización.

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, que se transmite por Milenio Televisión, y que ayer difundió la primera de dos partes de la conversación, al procurador se le cuestionó por qué solo han detenido a delincuentes de Guerreros Unidos y no de Los Rojos.

Murillo respondió: "Estamos en esa investigación, estamos a punto de detener".

En las declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez, El Cepillo, relató que entre los normalistas había infiltrados de Los Rojos, ya que así lo confesó uno de los estudiantes, cuando estaba a punto de ser ejecutado en Cocula.

El procurador dijo que en la muerte de los estudiantes se conjugaron dos móviles: uno el interés político del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de evitar que los jóvenes cometieran desmanes en la alcaldía, como ocurrió en meses pasados.

Mientras que Guerreros Unidos creyeron que los normalistas estaban ligados con Los Rojos. "Y entonces se combinan las dos cosas, esto es lo que se deduce de las declaraciones de los grupos (de ex policías, sicarios y ex funcionarios) a quienes se interroga", explicó según otra nota del periódico Milenio.

Subrayó que la confesión de los delincuentes está sustentada con dictámenes periciales y testigos. "Aquí sobra el sustento. Están desaparecidos, fueron detenidos por policías", los uniformados los entregaron a Guerreros Unidos y los llevaron a un basurero. "Ahí los mataron" y sus restos los echaron al río San Juan.

El funcionario reconoció al Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual ha trabajado con mucha responsabilidad, y puntualizó que también se solicitó la participación de expertos en distintas especialidades para llegar a "la verdad histórica de los hechos".

Mencionó que va acusar de desaparición forzada a los policías que participaron en el asunto, a José Luis Abarca, así como a todos aquellos funcionarios que hayan tenido que ver con el asunto.

Dejó claro que por el momento los ha responsabilizado por el delito de secuestro agravado que se castiga con 140 años de prisión para garantizar que no haya impunidad.

Director de la normal sigue bajo investigación

El director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, evitó una acusación de la Procuraduría General de la República en su contra por el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero aún se encuentra bajo investigación por posible delincuencia organizada.

Esto, ya que hay declaraciones firmadas frente al Ministerio Público de miembros de Guerreros Unidos que vinculan a Hernández con el grupo delictivo de Los Rojos.

Autoridades federales indicaron al diario 24 Horas que en diciembre la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) analizó las evidencias reunidas en torno al director de la escuela Normal, y determinó que no tenía responsabilidad en el plagio y homicidio de los estudiantes.

Se estableció que el director del plantel sabía y pudo haber instruido el desplazamiento de los estudiantes el 26 de septiembre, así como el secuestro de autobuses, sin embargo la procuraduría no vio responsabilidad criminal de Hernández respecto al destino que luego tuvieron los normalistas.

Pero de forma paralela, el equipo de fiscales que la SEIDO tiene destinados exclusivamente a profundizar en las redes criminales que operan en Guerrero, recibió la instrucción de dar seguimiento a los datos sobre el posible nexo de Hernández con el narcotráfico, y robustecerlo con pruebas si estas existen.

“Como dijo el procurador, del tema de los estudiantes no se aprecia responsabilidad. Lo que tenemos son investigaciones en curso por delincuencia organizada en Guerrero, esas siguen y si hay pruebas eventualmente sería llamado (el director) a declarar”, dijo un funcionario de PGR que pidió reserva con su nombre.

Una de los aspectos que se analizan, comentaron las fuentes consultadas, es la utilización del financiamiento otorgado a la Normal que en 2014 fue de casi 50 millones de pesos.

La PGR solicitará a Interpol la emisión de nuevas fichas rojas para dos objetivos prioritarios vinculados con la desaparición de los normalistas, y cuya captura no se ha logrado. Se trata de órdenes de detención internacional en contra del ex jefe de la Policía de Iguala Felipe Flores y el lugarteniente de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil.

En la PGR sospechan que ambos pudieron haber huido del país y se presume que podrían haberlo hecho de forma ilegal a través de la frontera con Estados Unidos, por lo que se requiere de la ficha roja para la eventual captura.