Xalapa, Ver.- Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron opiniones encontradas sobre la solicitud de juicio de procedencia de la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, la LXIII Legislatura.

El coordinador del grupo partido Acción Nacional en el Congreso Local, Domingo Bahena Corbalá dijo que para el partido  la prioridad es la búsqueda de la verdad, y que no se olviden los homicidios de otros tantos periodistas en el estado.

“Nosotros que buscamos, que se diga la verdad  en todos los casos de desapariciones de periodistas, eso lo vamos a pedir siempre. Quien politizó el tema fue el PRI,  el partido en el poder. Si analizamos como se dieron las cosas, quien exige, quien se mete al tema es el PRI, señalando que se investigue un caso, cuando hay otros tantos casos en el estado”, dijo Bahena Corbalá.

E insistió: “nosotros lamentamos que estas cosas se den, pero nos preocupa que únicamente se investigue lo que puede generar un prejuicio político. Es garrafal para la justicia del estado, que el ejercicio de la justicia se de en este sentido”.

Alcalde de Medellín, sólo tiene denuncias de oídas

En entrevista a parte, Edgar Hugo Fernández Bernal dijo que la PGJE tiene la culpa de las investigaciones que realiza estén bajo sospechas, por sustentar señalamientos en contra del alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes,  en “oídas”.

“Se trata de denuncias de oídas que ponen en duda que el cuerpo de la persona encontrada sean  del periodista; en fin, creo que de inicio hay cosas que no están nada claras. Sabemos que hoy se turna la solicitud del juicio de procedencia, habrá que atender este asunto como cualquier otro.

“Hay un proceso violentado, con un acelere, me queda claro que los asuntos son muy delicados cuando alguien desaparece, cuando hay la presunción de un homicidio, pero no se pueden violentar los proceso ni de buscar chivos expiatorios, para calmar el reclamo ciudadano”.

En contra parte, Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva del Congreso,  enfatizó que este caso será tratado al igual que todos los de su índole: “se actuará en estricto apego a derecho”.

Aseguró que el trámite se hará sin tintes partidistas, porque “es un tema que no se relaciona con la política. Se trata de hacer justicia, porque una familia fue dañada”.

Por separado, el diputado local Juan Manuel Velázquez Yunes, presidente de la Comisión Instructora, dijo que como presidente de la comisión tomará el caso con mucha responsabilidad y respeto para con las partes involucradas. “Estaremos muy apegados a los lineamientos, yo he insistido en que éste es un procedimiento administrativo para desaforar o no a un funcionario no para impartir justicia y en ese sentido vamos a esforzarnos para que todo se haga rápido y aplicando los lineamientos que se indican para que sea imparcial”, comentó.

El legislador negó que haya presión para que el análisis que realice la Comisión Instructora sea nada más el desafuero. “El resultado del análisis que se haga puede ser en un sentido o en otro. En este caso los diputados que integramos la Comisión Instructora no podemos ser tendenciosos porque nosotros no impartimos justicia, para nosotros es un procedimiento administrativo muy cuadrado que tenemos que realizar de manera puntual tomando los elementos específicos para saber si procede o no el desafuero y nada más”, dijo.