La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) abrió una investigación interna relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya en junio del año pasado, luego de corroborarse que un grupo de sus elementos a bordo de tres camionetas llegó al sitio donde murieron 22 personas, alertados por una “llamada anónima”.

A través del oficio QR/SQI/DQPN/PI/2797/14 enviado a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), la Armada confirmó que su Contraloría general inició el año pasado el expediente interno para deslindar responsabilidades. Aun no se conocen, por lo menos públicamente, los resultados.

Dicha información fue revelada a partir de las solicitudes que hizo el ombudsman nacional durante la integración de la investigación por este caso, y que dio pie a la recomendación 51/2014 dada a conocer a finales de octubre.

“El jefe de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía de la Secretaría de Marina dio vista a la Inspección y Contraloría General de Marina por los hechos, iniciándose con ello la investigación previa al procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos”, informó la Armada a la CNDH según una nota del diario 24 Horas.

Hasta hoy, las responsabilidades por el caso Tlatlaya han recaído, por lo menos públicamente, en los soldados del 102 Batallón de Infantería del Ejército que participaron en el mismo y que fueron señalados de ejecutar extrajudicialmente a varias de las víctimas, así como en agentes ministeriales del Estado de México que encubrieron el caso y manipularon evidencia.

De la participación de efectivos de la Armada y la cobertura o apoyo que dieron en los hechos se conoce poca información.

El diario 24 Horas consultó a la Secretaría de Marina sobre el estado en que se encuentra esta investigación interna actualmente o si la misma ya fue cerrada con algún resultado, pero hasta el cierre de esta edición continuaba sin proporcionarse una respuesta en este sentido.

Intervención

A las 5 de la mañana del 30 de junio ocurrió, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el enfrentamiento en la bodega de la comunidad San Pedro Limón en Tlatlaya, Estado de México, entre supuestos elementos del crimen organizado y militares.

Solo 15 minutos después una persona se comunicó con la Base de Operaciones de la Armada en el municipio de Luvianos. Esto según lo reportado por el capitán de Fragata a cargo de la referida base. El denunciante anónimo, sabía no sólo de los disparos, sino de los contendientes en el mismo.

“Aproximadamente las 05:15 horas, se recibió información vía telefónica de una persona quién se negó a proporcionar su nombre y refirió que en las afueras del poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, escuchaba detonaciones de armas de fuego y que se decía era entre personal del ejército contra integrantes de la delincuencia organizada”, indica el informe naval.

Dos horas y media después del enfrentamiento, a las 7:30 de la mañana, los elementos de la Armada llegaron al sitio en tres vehículos. Los militares ya tenían montado un dispositivo de seguridad sobre la carretera.

Informe y retirada

“Fue un enfrentamiento con la delincuencia organizada… había tres mujeres secuestradas”, dijo el coronel del Ejército a los elementos de la Armada. Los marinos, según reportó el capitán de Fragata, escucharon a una de las sobrevivientes quien les dijo que había otras personas secuestradas, entre 10 o 12, en las inmediaciones.

El contingente naval hizo un recorrido junto con la víctima y un vehículo del Ejército para buscar a las otras personas supuestamente secuestradas. Se hicieron recorridos en las localidades de San Pedro Limón y Tlacouxpan, ambos pertenecientes a Tlatlaya.

Tras dos horas de recorridos, la búsqueda resultó infructuosa por lo que regresaron al lugar de los hechos donde dejaron a la sobreviviente de nuevo con los soldados. Poco después de las 11 de la mañana todos los marinos se retiraron del sitio.

La CNDH hace notar en su recomendación del caso que, si bien los elementos de la Armada parecen no estar ligados con el crimen pues llegaron después de que este terminó, su intervención debe ser objeto de revisión.

“Las víctimas refieren coincidentemente que fueron elementos del Ejército quienes privaron de la vida a las personas al interior de la bodega. Sin embargo, la aparición del personal naval también debe ser motivo de investigación”, señaló el ombudsman nacional.

Fuerzas federales habrían matado a dos mujeres en Apatzingán

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, insistió en que el segundo enfrentamiento registrado el martes en Apatzingán, tras el desalojo del ayuntamiento, fue iniciado por un grupo de civiles armados y que a consecuencia de este hecho murieron ocho personas (durante el primer enfrentamiento ocurrió otro deceso).

Cuestionado respecto a las fotografías que circulan en redes sociales en las que se ven 11 cuerpos junto a dos vehículos, Castillo Cervantes indicó que cinco de las personas muertas —entre ellas dos mujeres— viajaban en una camioneta de color negro, mientras que los otros tres fallecidos se transportaban en una camioneta blanca, junto con otros tres hombres que aún se encuentran heridos.

“Estos dos vehículos fueron los que rebasaron a sus propios compañeros y le dieron alcance a la Policía Federal (…) en la camioneta negra fueron cinco cuerpos y en el vehículo blanco dos cuerpos y cuatro heridos, de estos lesionados posteriormente falleció una persona en el hospital”, aseguró según la nota del periódico El Universal.

Castillo Cervantes reconoció que aunque se acordonó la zona no se logró hacer una preservación rigurosa de ésta, “debido a la cantidad de personas y la zozobra que genera el número de impactos”; sin embargo, sostuvo que tras aplicar pruebas de rodizonato de sodio a los ocho fallecidos, éstas resultaron positivas en los seis varones, por lo que se presume que detonaron armas durante el enfrentamiento, que Castillo calificó de emboscada.

Ante los cuestionamientos de los familiares de las víctimas en el sentido de que la Policía Federal disparó contra gente desarmada, en alusión a las dos mujeres que dieron negativo en las pruebas de balística, Castillo Cervantes dio a conocer que “ante este enfrentamiento, hacer la distinción entre 100 o 120 personas de quién tiene un arma de fuego, quién tiene palos, quién tiene piedras, cuando están recibiendo disparos, tiene que ser objeto de la averiguación previa”.

Aunque en ambas camionetas se encontraron ojivas de calibre .223, correspondiente a los rifles R-15 que utiliza la Policía Federal, el comisionado sostuvo que también se detectaron impactos de calibre .308 y nueve milímetros, que no corresponden con las armas utilizadas por los federales.

Además, señaló, se maneja la hipótesis de que estas personas pudieron haber muerto víctimas de fuego cruzado entre sus compañeros y los policías, pues los vehículos presentaban varios impactos en ambos costados.

Para sostener esta versión de los hechos, Alfredo Castillo —acompañado por el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, y Carlos Hugo Castellanos, coordinador del Centro Implementador del Mando Único— mostró un par de videos de cámaras de vigilancia colocadas en la calle Constitución de 1814.

En el primero de ellos se observa cómo un convoy de 20 unidades de la Policía Federal escolta a cuatro grúas que llevan al corralón seis de los vehículos que fueron asegurados tras el desalojo de la madrugada en la alcaldía; cuando el reloj del video marca las 7:46 horas se observa cómo varias camionetas alcanzan la retaguardia de los federales y varias personas bajan de ellas, mientras las camionetas negra y blanca rebasan a todos por el lado derecho para emparejarse con los uniformados. Después únicamente se ve gente corriendo para resguardarse.

El segundo video corresponde a una cámara de seguridad ubicada varias cuadras antes de donde ocurrió el enfrentamiento y en él se observa cómo pasan a alta velocidad las 22 camionetas en que supuestamente viajaban los agresores de los policías.

Cuando se le recordó al comisionado que hay varias versiones que indican que muchos de los que alcanzaron a los policías sólo portaban palos y piedras, Castillo Cervantes respondió que quien se sienta agraviado en sus derechos puede interponer la denuncia correspondiente, pero deberá explicar por qué quiso agredir a los policías.

“Los que buscan amedrentar y dar alcance a los policía son civiles (…) y si ellos consideran que se han vulnerado sus garantías, entonces tendrían que presentar su denuncia y decir por qué querían dar alcance a la Policía Federal y acreditar la propiedad de las camionetas”, indicó el comisionado.

En ese mismo sentido, aseguró que los peritajes comprueban que ninguno de los disparos que impactaron a las personas fallecidas fue realizado a menos de un metro, por lo que descartó las versiones de ejecuciones extrajudiciales que han circulado.

Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, indicó que 62 elementos y tres mandos declararán por estos hechos ante el Ministerio Público federal y ya han entregado sus armas para hacer los análisis de balística.

Calculó que este proceso se llevará al menos un par de días y que por órdenes del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se busca esclarecer lo antes posible este incidente.

Anoche, la PGR consignó ante un juez federal a los 44 detenidos que se encontraban apostados en la alcaldía de Apatzingán. Fuentes oficiales informaron que los detenidos fueron enviados al penal federal de Nayarit, y consignados por acopio de armas.