Por falta de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas del Senado – PRI, PAN y PRD-, la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución, propuesta por el presidente de la república Enrique Peña Nieto, para rediseñar el modelo de seguridad pública y establecer un nuevo sistema policial serán procesadas hasta el mes de febrero.

Así lo informaron los líderes del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Jorge Luis Preciado; y del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quienes en conferencia conjunta confirmaron que no se logró transitar la propuesta enviada por el mandatario federal el pasado 2 de diciembre por falta de tiempo para revisarla y definirla, entre otros factores.

Sin embargo, como una medida alterna se acordó la creación de una agenda de trabajo en materia de seguridad, justicia penal y derechos humanos con el fin de atender no solo las iniciativas del jefe del Ejecutivo federal, sino otros proyectos presentados por los propios legisladores sobre el tema.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, detalló que se iniciará un programa de trabajo sobre el modelo del federalismo en materia penal y de seguridad que incluye ocho puntos: un nuevo modelo policial; la ley reglamentaria de la fiscalía general; sistema nacional anticorrupción; sistema de competencias en materia penal; sistema de transparencia y rendición de cuentas; intervención federal en casos de crisis de seguridad o por infiltración del crimen organizado; desaparición forzada, así como una ley nacional de ejecución penal.

El perredista detalló que para definir los temas de esta nueva agenda, se iniciarán encuentros entre legisladores y distintas dependencias del gobierno federal, además de abrirse audiencias públicas con expertos y sociedad civil, tras lo cual se construirán los dictámenes necesarios para abrir la discusión formal a partir de febrero.

El senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez señaló que será durante el mes de enero cuando estos diálogos tengan lugar, pues aseguró que “existe coincidencia en que las iniciativas enviadas por el Presidente de la República plantean la posibilidad de tener un país más seguro (…) El tiempo en que nos llegaron las iniciativas no permitió que lográramos los consensos suficientes entre las distintas fuerzas políticas, pero eso no quita la posibilidad de que durante el mes de enero podamos trabajar en esto”.

Por su parte, el senador Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció públicamente la voluntad política del PAN y del PRD para resolver el primer paquete de iniciativas que envió el presidente en materia de justicia y seguridad.

Cierra Senado sesiones con múltiples pendientes

El Senado cerró anoche de forma abrupta el periodo de sesiones, sin reforma política y sin la respuesta que esa cámara había prometido dar al pliego petitorio de los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Una maniobra del PAN, cuya bancada se ausentó del salón de plenos, llevó a romper el quórum a las 10 de la noche, por lo que el periodo de sesiones debió clausurarse, sin que se hubiera aprobado tampoco la reforma constitucional que desindexa al salario mínimo de indicadores de multas, recargos y otros pagos y una docena más de dictámenes, agendados en segunda lectura.

Cuando se votaba una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, resultó que sólo había 58 senadores, por lo que se clausuró esa sesión y se convocó a otra para 10 minutos después. Transcurrió media hora, pero los panistas no regresaron; pasaron lista 60 legisladores, no había quórum y se acabó el periodo.

Según otra nota del periódico La Jornada, el vicepresidente del Senado, el perredista Luis Sánchez, dijo que “la sociedad exige cambiar la forma de hacer política y una parte de este Senado escucha a la sociedad. Los faltistas han traicionado a los habitantes del Distrito Federal, a los familiares de Ayotzinapa y a los trabajadores de México”, recalcó.

También quedó pendiente el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales (Fepade), toda vez que pretenden reformar la minuta que les remitió la Cámara de Diputados sobre la ley Reglamentaria de la Fiscalía General, la que regula ambos cargos.

Lo que sí se alcanzó a aprobar fue la nueva ley para regular la deuda de estados y municipios, criticada por legisladores de PRD, PT y parte del PAN, por considerarla insuficiente.

El dictamen se aprobó en lo general por 85 votos a favor y 13 en contra. “Esta ley lleva a nivel constitucional los excesos que se están cometiendo en estados y municipios. Hay senadores que dicen que habrá control en una comisión bicamaral: es absolutamente falso. Incluso se abre la puerta para que los fideicomisos puedan contratar deuda”, advirtió el perredista Mario Delgado.

El presidente del Senado convocó más tarde a una reunión de la junta de coordinación política, en la que se leería la respuesta a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.