Sin acuerdo sobre las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de Mando Único y disolución de narcoayuntamientos, las Juntas de Coordinación Política del Congreso dejaron en el aire la posibilidad de ir a un periodo extraordinario de sesiones.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, informó que entre hoy y el jueves desahogarán los temas pendientes de la agenda legislativa, incluidas las iniciativas del Ejecutivo federal.

Será entonces cuando evaluarán si es posible aprobar las reformas antes del 15 de diciembre o si la Comisión Permanente, que quedará instalada el jueves, convocará a un periodo extraordinario de sesiones.

"De aquí al 15 de diciembre desahogaremos los trabajos en grupos ya instalados, de diputados y senadores, para poder desahogar tanto la agenda ordinaria como las propuestas que hizo el Presidente, con el alcance de que, si es necesario un mayor tiempo, no estamos negados, no descartamos la posibilidad de un extraordinario", expresó el coordinador del PRD.

"Hay minutas en Cámara de Senadores, minutas en Cámara de Diputados, que han merecido toda nuestra atención y que pueden diseñar lo que es el trabajo parlamentario de aquí al próximo día 15 de diciembre", dijo el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Tras una reunión a puerta cerrada, los líderes de las bancadas determinaron que, en el caso de los extraordinarios, cada Cámara tomará su decisión en materia de agenda y calendario, por lo que incluso se puede establecer un escenario en el que sólo una Cámara continúe laborando después del lunes.

"Si es que se requiere de un periodo extraordinario, cada Cámara podrá convocarlo respecto a sus pendientes. No descartamos la posibilidad de que fuera un periodo extraordinario común o el asunto del proceso legislativo de que la colegisladora también puede reenviar haciendo algunas modificaciones", indicó Barbosa.

Beltrones detalló que la agenda de pendientes incluye la reforma política del DF, el sistema anticorrupción, las leyes orgánicas de las fiscalías General, Anticorrupción y Contra Delitos Electorales.

El coordinador de los diputados del PAN, José Isabel Trejo, coincidió en que no hay consenso sobre las propuestas presidenciales para desaparecer las mil 800 policías municipales y concentrarlas en 32 policías estatales.

Señaló que los panistas requieren tiempo para analizar a fondo los temas, entre los que se incluye una reforma que permita a la Federación tomar el control temporal de los ayuntamientos infiltrados por el crimen.

"Nosotros tenemos que revisar a profundidad la propuesta del Presidente, en todas sus materias", dijo el panista.

"Respecto de si alguna de las propuestas del Presidente Peña tiene consenso: no. Ninguna tiene un consenso", agregó Barbosa.

En riesgo recursos para seguridad en municipios

La iniciativa presidencial para desaparecer a las mil 800 corporaciones policiacas municipales puso en juego una bolsa de miles de millones de pesos, que por concepto de distintos subsidios el gobierno federal destina anualmente a los municipios del país.

De prosperar la iniciativa de seguridad y justicia tal y como la propone el presidente Peña Nieto, el próximo año, los municipios mexicanos dejarían de recibir 4 mil 894 millones de pesos que de forma directa el gobierno federal les entrega a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.

Además del Subsemun, los gobiernos locales prescindirían de los porcentajes que cada uno de ellos tiene asignado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por  8 mil 191 millones de pesos; el relacionado con la prevención de delitos por 2 mil 600 millones de pesos y el subsidio de mando policiaco por 2 mil 759 millones de pesos, dijo al diario Excélsior el diputado Damián Zepeda, presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro.

La Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) como la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC), que respectivamente conjuntan a los municipios de extracción perredista y panista, rechazaron que la solución de la colusión de las policías municipales con el crimen organizado esté en la desaparición de los cuerpos municipales de seguridad.

Ricardo Bautista, director ejecutivo de la AALMAC, a la cabeza de un grupo de 292 municipios, dijo que su posición frente a la iniciativa del Ejecutivo Federal es divergente.

“Si bien coincidimos en la problemática, de que nada puede seguir igual, porque el municipio mexicano en varias regiones está muy debilitado, este es un tema que ya en el sexenio anterior con Felipe Calderón y Genaro García Luna nos plantearon lo mismo: la desaparición de las policías municipales, y un mando único y no prosperó”, sostuvo el ex presidente municipal de Tula, Hidalgo.

Renán Barrera, presidente de la ANAC, por su parte señaló que después de haber hecho un análisis de la iniciativa presidencial, ésta “nos parece a todas luces un retroceso monumental. En primer lugar no se garantiza la erradicación del problema con la desaparición de las policías municipales y, segundo, nosotros siempre hemos estado en favor del fortalecimiento de los municipios”.

El alcalde panista de Mérida sostuvo que “donde haya debilidades habrá que tomar medidas muy específicas, Iguala no es igual a todos, tenemos más de 2 mil 400 municipios en el país, más de 1800 policías, 2 mil elementos (policiacos) en promedio en México, y por supuesto que este es un tema que requiere presupuesto, capacitación, y mucha voluntad política”.

Tanto Bautista como Barrera son de la opinión que tal como fue enviada al Senado la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de seguridad no va a transitar en el Congreso. Los dos dirigentes municipales informaron que AALMAC y ANAC trabajan coordinadamente para evitar que se materialice esa iniciativa.

Bautista manifestó: “No va a pasar en los términos que la ha presentado el Ejecutivo federal, porque estamos trabajando juntos, otra vez, nuestros senadores del PAN y del PRD. Ellos van a abrir un espacio de comunicación con las asociaciones de municipios y con los gobernadores, vía la Conago, porque no se puede imponer esta medida”.

El dirigente de la AALMAC expuso que no existe en el mundo gobiernos locales, municipales, que no tengan autoridad sobre su policía. “Si tú no tienes esta parte coercitiva para que el ciudadano cumpla o persiga los delitos del orden que te corresponde, pues entonces el municipios sería una autoridad administrativa nada más, como era antes de 1999”.

Bautista se refirió a que si usan como ejemplo Italia, Alemania, Colombia o España, que tienen policías nacionales, esto, dijo, no quiere decir que la autoridad municipal no tenga poder o mando sobre los cuerpos policiacos. “En Colombia, sobre la policía nacional que trabaja en los municipios, el mando lo tiene el presidente municipal local, pero el mando único si es un mando bien planeado organizado que se articula y se coordina, pero no está subordinado”.

Barrera confirmó que ANAC y la AALMAC están en contacto para este caso. Recordó que en el anuncio presidencial él y Bautista estuvieron juntos en Palacio Nacional y que en conjunto decidieron “con mucha responsabilidad y seriedad hacer el análisis de la propuesta y pronunciarnos de manera anticipada.

“Coincidimos —sigue el alcalde meridano—, en varios puntos, como que tanto la AALMAC como ANAC han trabajado para fortalecer las debilidades  municipales, desde luego están ahí, son un hecho, pero que hay dos visiones: una es de desaparecerla y otra es trabajar por fortalecerlas. Me parece que es la mejor medida que pueda haber, y me parece que al ser un mensaje donde hubo ausencia de autocrítica, con respecto a lo que ha sucedido, nos deja todavía más dudas sobre la verdadera intención de la propuesta”.

Recordó Barrera que lo que existe actualmente es un problema institucional, donde, dijo, el gobierno federal nunca ha estado impedido de poder intervenir, incluso en un caso como el de Iguala, que no era por respeto a una autonomía, ni por los tiempos que la propia ley marca, sino que cuando hay situaciones graves al estado, la ley lo faculta para poder intervenir, recordemos el michoacanazo y la intervención de la fuerzas federales, incluso del Ejército y la Armada.

“En todo esto estamos a favor, para nada estaríamos defendiendo que se sigan infiltrando o que siga habiendo contubernio con autoridades de cualquier nivel, lo que sí nos parece grave es que esto pudiera ser un pretexto para atropellar una vida institucional y una vida que tiene que ver con la autonomía de los municipios”, dijo Renán Barrera.

En este contexto, el titular de la ANAC contempló que para la discusión del tema, en el Congreso se formarán comisiones y se harán análisis profesionales, pero que como está no pasará. “Es un tema sumamente complejo, muy débil la propuesta, se ha quedado muy corta en el sentido de diseñar los mecanismos y de presentar alternativas; se habla de manera muy tajante y además de la carga económica que no deja de ser para los municipios, pero me parece que sí va a ser muy complicado que se pueda tomar en cuenta una decisión tal cual cuando no está acompañada de estrategias que busquen combatir la infiltración del crimen en los estados, incluso posiblemente hasta en la Federación”, insistió.

Damián Zepeda, el presidente de la comisión de Hacienda en San Lázaro, además de proporcionar las cantidades que están en juego debido a la iniciativa presidencial, señaló que, como los demás legisladores panistas, él no está de acuerdo.

“No compartimos la visión de que deban desaparecer de manera generalizada las policías municipales y que se deba criminalizar a todos los municipios por igual; sin duda hay municipios con debilidad institucional, ahí debe de haber esquemas de mando único o de apoyo subsidiario. Sin embargo no todos tienen la misma situación. Ni es la solución cambiar de mando”, indicó según la nota del periódico Excélsior.

De acuerdo con el legislador, “la propuesta en términos generales va contra el federalismo y, por supuesto que no son nada más las corporaciones policiales municipales las que están infiltradas, también hay debilidades en las estatales y las federales.

“Creemos que el planteamiento debe ser más integral, no estamos de acuerdo con la desaparición generalizada, pero se pueden buscar esquemas mixtos, como se vio en el pasado y es lo que hay que explorar, donde haga falta que se hagan declaratorias de emergencia que se haga un sistema de indicadores, hay esquemas distintos, que serán analizados.

De acuerdo con el diputado Zepeda, lo que señala la iniciativa presidencial es que los recursos que hoy en día se tienen etiquetados para las policías municipales pasen a manos de los estados; que plantea en un transitorio todas las participaciones de los municipios se retengan y además, dijo el legislador, le generan a los municipios la obligación de darle todos los recursos materiales, humanos a los estados para que se hagan cargo del servicio.

“Habría que analizar el sistema de la repartición de las participaciones, procede legalmente, porque hay un tema constitucional que cuidar, pero definitivamente es uno de los temas más débiles a mi juicio”.