Villa Aldama, Ver.- David Peña Rodríguez, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, lleva caso de Juan Daniel López y Lawrence Maxwell Ilabaca, señala que con la detención de manifestantes  no solo se criminaliza a la protesta sino que “se manda un mensaje de miedo”.

“Se está utilizando a las instalaciones del propio estado, a la propia PGR, no sólo para criminalizar la protesta, sino para mandar un mensaje de miedo a la población. Tratan de decirnos que sí tú sales a protestar yo te puedo detener, te puedo acusar falsamente y te puedo mandar a un penal de máxima seguridad, como el de Veracruz, y eso manda el mensaje de miedo”.

Peña Rodríguez, quien se encuentra con familiares de detenidos en el penal de Villa Aldama, comenta que el proceso de detención e internamiento de los detenidos ha tenido varias irregularidades, entre ellas las siguientes tres:

La primera irregularidad cometida contra los detenidos, es que fueron detenidos por policías del Distrito Federal, “y en lugar de haber sido trasladados al Ministerio Público del DF, la primera violación es que fueron detenidos por policías del DF y presentados ante la PGR”.

La segunda irregularidad tiene que ver con su presentación de los detenidos ante la SEIDO, “ellos tenían que haber sido presentados ante la delegación de PGR del Distrito Federal y no ante la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada”.

El abogado estima, que l determinación de la autoridad, de llevarlos ante la SEIDO era para preconfigurar un delito, es decir, el policía suponiendo que alguno hubiera estado en el enfrentamiento, ese enfrentamiento no daba para “delincuencia organizada”, y el policía al llevarlos a la SEIDO ya estaba prejuzgando”.

“¿Qué implica que hayan sido trasladados a la SEIDO? Que en SEIDO se negó por su régimen jurídico que tuvieran acceso a un abogado, no tuvieron acceso a la defensa, la declaración la tuvieron que rendir con abogado de oficio, es decir, no tuvieron acceso a sus familiares; eso no hubiera pasado si hubieran sido trasladados o al ministerio público del fuero común, o al ministerio público del fuero federal”.

La tercera acción irregular en la detención de los manifestantes del 20 de noviembre, fue el traslado a penales de máxima seguridad alejados  de sus domicilios, alejados de sus redes de apoyo.

“Esta acción de la autoridad va dirigido también a desvincularlos de sus redes, a obstaculizar el propio ejercicio de defensa; creo que haciendo la lectura de todos estos elementos, nos damos cuenta del mensaje que quiere mandar la autoridad. Están obstaculizando la defensa”.

Sobre el estado físico de los detenidos, comentó que “varios de ellos que están golpeados, están revisando las condiciones físicas de las compañeras que están en Nayarit, afortunadamente al parecer, ninguno de ellos tiene fracturas o lesiones mayores, ya fueron revisados por los médicos aquí al ingresar”.

Sin embargo, comentó que la defensa está pidiendo que acuda personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer su propia evaluación del estado que guardan los detenidos”.