La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a Amado Yáñez, administrador único de la empresa Oceanografía, por la comisión de delitos financieros bajo la Ley de Instituciones de Crédito, en la modalidad de delito grave sin derecho a fianza.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el juez 14 de Distrito en materia penal giró la orden de aprehensión en contra de Yáñez por solicitud de la PGR, por violación al artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, informaron fuentes de la dependencia.

Yáñez había sido imputado en mayo pasado por el mismo artículo, pero con un monto menor al fraude en contra de Banamex. El delito se había calificado como no grave, por lo que hasta el lunes pasado seguía su proceso en libertad bajo fianza.

El artículo 112 en su párrafo cuarto establece que cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial exceda los 350 mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a 15 años y multa de 250 mil a 350 mil días de salario al responsable.

Además, específica que esa sanción se aplicará a “las personas que, con el propósito de obtener crédito, proporcionen a una institución de crédito datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución”.

Las cantidades establecidas como sanción van de 17 mil 500 a 24 mil 500 pesos de multa, a lo que se debe sumar la reparación del daño a Banamex, el cual supera los 5 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con el juzgado 14 de Distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México.

El juez concursal que lleva el caso determinó que Yáñez, en calidad de administrador único de Oceanografía, y los funcionarios de Banamex involucrados en el ilícito, cometieron delitos de carácter grave al dañar bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado, entre ellos la estabilidad y solidez del sistema financiero mexicano.

Según la resolución judicial y con base en pruebas aportadas por el Ministerio Público federal (MPF), el fraude contra Banamex fue un delito continuado, al registrarse entre septiembre de 2013 y hasta el 10 de febrero pasado.

En ese lapso, específica, se presentaron 166 estimaciones falsas e incluso alteradas de los contratos que realizó Oceanografía con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción.

Además, el juzgador destacó que el empresario y sus socios aprovecharon su relación con altos funcionarios de Banamex para lograr los contratos crediticios, conociendo de antemano que esas operaciones terminarían en quebranto o afectación al banco.

Según otra nota del diario 24 Horas, el titular de la PGR Jesús Murillo Karam dijo ayer que hay evidencia suficiente para proceder penalmente en contra del empresario a partir de las actividades irregulares de su empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que le redituaron un beneficio personal ilícito.

“La averiguación siguió abierta y nos dio tiempo además de poderla integrar claramente. Hoy estará siendo consignado por delitos que no admiten fianza y que ya incluyen todos aquellos hechos que consideramos que constituyen un delito y que son imputables al empresario”, informó el procurador.

Cabe señalar que Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía, era indagado desde hace varios meses por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales, fraude, entre otros.

Oficialmente la PGR no detalló cuántos de esos cargos serían imputados pero Murillo Karam garantizó que una nueva fianza ya no era viable.

Según las investigaciones, Oceanografía, bajo la dirección de Yáñez,  emprendió con la complicidad de varias personas, una operación fraudulenta que le generó tan solo a Banamex un quebranto de más de 5 mil 200 millones de pesos. Además se cometieron actos ilícitos como el evadir el pago de mil 164 millones de pesos en cuotas al IMSS.

El titular de la PGR defendió una vez más la actuación de las autoridades en la investigación de este caso. Hizo hincapié en que se prefirió en un primer momento proceder con cautela para preservar las fuentes de empleo de la compañía, no poner en riesgo la operatividad de Pemex, ni las inversiones en una caja de ahorro ligada a los involucrados en el caso.