Un 17 de octubre de 1947 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán se le reconocía a la mujer mexicana el derecho a votar y a ser electa en los procesos municipales a través de un decreto publicado en el Diario Oficial.

Este hecho fue el fruto de una lucha que llevaba décadas realizándose ya en 1853 un grupo de mujeres zacatecanas habían pedido al gobierno ser reconocidas como ciudadanas.

Una de las más importantes activistas fue Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza,  quién demandó el voto para la mujer de una manera rotunda en 1916:

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”, afirmaba Hermila Ganlido.

Sin embargo en 1917 cuando se redactó la Constitución no se le otorgó el voto a la mujer porque “el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”, según se justificó.

A pesar de todo, Hermilia aprovechó que en la redacción del artículo se había utilizado el término “ciudadanos”, lo que resultaba genérico y no excluyente para las mujeres, para postularse como candidata a diputada en 1918.  Su intento  no resultó como quería ya que aunque ganó, el Colegio Electoral no se lo dio como válido.

Estados como Yucatán y Chiapas sí concedieron el voto a las mujeres entre 1923 y 1925 pero sólo mientras duró el mandato de los gobernadores que promulgaban la ley, debido a que en cuánto  se cambiaba el gobierno desaparecía el derecho.