Xalapa, Ver.- (AVC) La construcción del gasoducto en San Rafael violenta la normatividad  de protección civil estatal, al construirse a menos de 35 metros de la mancha urbana de la ciudad, lo que pone en peligro a miles de familias en la zona, denunciaron  ciudadanos del Frente en Defensa de la Vida y en Oposición al Gasoducto de la Muerte.

En conferencia de prensa, revelaron que a pesar de la negativa ciudadana, que constan en dos actas de cabildo, así como dictámenes de protección civil que revelan su peligrosidad, la construcción continua, por lo ciudadanos emprenderán acciones jurídicas en contra de la empresas GNI y el alcalde de San Rafael, por omisión.

Sergio Meza , integrante del frente denunció que según la normatividad los ductos transportadores de derivados del petróleo – como el gas natural- deben tener una distancia mínima de 35 metros del desarrollo urbano,  situación que  está siendo incumplida pues la tubería está a menos de tres metros de viviendas.

Además cerca del gasoducto hay alrededor de diez escuelas donde corren peligro más de 2 mil 600 menores al construir este gasoducto.

El proyecto diseñado para abastecer  de gas natural a la empresa juguera Citrofrut,  fue rechazado en enero del 2012 por la Dirección General de Planeación y Regulación de Protección Civil por no cumplir con las medidas necesarias.

Sin embargo, el promovente cambió el trazo del gasoducto, por lo que el proyecto fue nuevamente considerado, sin embargo sigue sin cumplir con las disposiciones legales que marca Protección Civil, lo que pone en riesgo  a miles de habitantes.

Los ciudadanos de San Rafael, denunciaron que se han instalado tres campamentos pacíficos en las comunidades de Tepetates, Potrero Nuevo y el municipio de San Rafael, donde apenas este miércoles fueron agredidos por más de 100 policías del IPAX, que resguardan la construcción del gasoducto, cuando los vecinos trataron de impedir la llegada de más maquinaria.

También denunciaron que han sido hostigados contantemente por personal de la empresa constructora, quienes los han amenazado y amedrentado, tal como consta en la denuncia ante el Ministerio Público bajo el número 143/2014.

Lamentaron que el ministerio público local haya  estado evadiendo la denuncias en contra de la empresa, y el alcalde de San Rafael sea omiso ante las denuncias ciudadanas y la normatividad que impiden a esta empresa construir en esa zona.

“El alcalde dice que no puede intervenir porque es zona federal, y los permisos los otorga directamente la SCT,  pero hay actas de cabildos donde se acordó la no construcción, pero se hizo caso omiso”, señalaron.

Los habitantes, advirtieron que emprenderán medidas jurídicas contra las agresiones, y la empresa quien violenta todas las normatividades.