Decenas de miles de estudiantes, académicos, activistas, artistas, integrantes de organizaciones no gubernamentales y familiares de los 43 alumnos desaparecidos de la escuela Normal rural de Ayotzinapa se movilizaron en 27 entidades, la Ciudad de México y 15 países, para exigir la localización con vida de los normalistas ausentes desde el pasado 26 de septiembre y castigo a los responsables del hecho.

En Washington la organización Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de responder “muy tarde” a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y de “encubrir la masacre” cometida en junio en Tlatlaya, Estado de México, dentro de un patrón de “desidia” ante las crisis de derechos humanos.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en una conferencia que el Presidente de México tardó “cuatro días en reaccionar” al caso de los 43 estudiantes desde que se conoció, el pasado 26 de septiembre, y cuando se pronunció lo hizo “mal, sosteniendo que el problema es de Iguala”.

De acuerdo con una nota del periódico Milenio, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el DF se registraron las principales manifestaciones para demandar la aparición con vida de los normalistas de Iguala. En esos lugares hubo bloqueo de carreteras, toma de negocios y de planteles educativos.

En Chilpancingo, alrededor de 20 mil personas, incluidos familiares y compañeros de los desaparecidos, marcharon sobre la Autopista del Sol para dirigirse al centro de la ciudad.

Dicha movilización, en la que también participaron policías comunitarios, duró casi dos horas y culminó en la plaza principal Primer Congreso de Anáhuac, donde se desarrolló un mitin y al final los inconformes instalaron un plantón por tiempo indefinido.

En Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se sumaron a las protestas y tomaron por más de nueve horas refinerías, aeropuertos, autopistas, comercios y dependencias federales.

De igual forma, aproximadamente 70 mil docentes suspendieron clases en más de 13 mil escuelas de la entidad para participar en las movilizaciones.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, destacó la presencia de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la marcha de protesta; en esa misma entidad, cubiertos con pañuelos en la boca y con velas blancas, maestros, estudiantes y representantes del gobierno local realizaron una marcha del silencio.

En Baja California Sur, cerca de 200 académicos y alumnos se movilizaron por las principales calles de la ciudad y concluyeron con un mitin en la explanada del Palacio de Gobierno.

En Colima, ciudadanos se manifestaron frente a la Catedral de la capital del estado, donde encendieron veladoras y lanzaron consignas para pedir que sean encontrados con vida los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En Michoacán, integrantes de la CNTE, así como organizaciones sociales, populares y normalistas, realizaron bloqueos y movilizaciones en el Puerto de Lázaro Cárdenas, así como un paro laboral de 24 horas y el cierre de la Secretaría de Educación en el Estado.

En Quintana Roo, aproximadamente 200 personas se movilizaron de la plaza El Crucero hasta el Monumento al Maestro, donde leyeron los nombres de los desaparecidos y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

También se realizaron marchas y movilizaciones En San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Yucatán, Nayarit, Tabasco, Zacatecas y Aguascalientes.

En el extranjero también hubo protestas en más de 21 ciudades de 15 países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Alemania, Colombia, Canadá, Bolivia, España, Noruega, Dinamarca, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Brasil y Francia.

En Estados Unidos, en ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles o Seattle, las movilizaciones se realizaron frente al consulado mexicano, donde se mostraron pancartas con leyendas como "Justice for Ayotzinapa".

En Londres, Reino Unido, la manifestación se hizo en la embajada de México, donde algunas decenas de personas portaron mantas condenando el "narco-gobierno" del país.

Berlín y Múnich, en Alemania, fueron otras de las ciudades en sumarse al movimiento; frente a la embajada mexicana se colocaron las fotografías de los normalistas desaparecidos.

En Madrid, España, se pidió justicia por los 43 desaparecidos en una protesta realizada en Puerta del Sol, en donde se representó a la muerte con algunos esqueletos; también se pidió justicia en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona.

El consulado mexicano en Montreal, Canadá, fue otro lugar donde hubo protestas de algunos simpatizantes con el movimiento.

En Argentina y en Bolivia se colocaron fotografías de los desaparecidos en rejas metálicas. También se convocó a marchas en Río de Janeiro, Brasil, y en Bogotá, Colombia.

En países como Noruega, Dinamarca, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Francia, simpatizantes subieron fotografías a redes sociales donde se informó que se solidarizaban con el movimiento y se pidió justicia por los desaparecidos.

Académicos acusan crimen de lesa humanidad

El asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Manuel Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de otros 43, “constituyen un crimen de lesa humanidad, según la precisa definición de Naciones Unidas”, aseguraron destacados académicos de tres instituciones de educación superior, entre ellos siete eméritos.

Agregaron que ante estos hechos, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no pueden eludir su responsabilidad.

Según otra nota del diario La Jornada, profesores e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Pedagógica Nacional (UPN), así como de El Colegio de México (Colmex) firmaron un documento en el que señalan que este crimen “ha sido ejecutado por la policía de la ciudad de Iguala, Guerrero, y por la fuerza pública del estado. Son responsables de estas fuerzas el presidente municipal de Iguala y el gobierno de Guerrero. En consecuencia deben también responder por esos hechos y sus secuelas”.

El texto es suscrito por 64 investigadores de las tres casas de estudios (en el transcurso del miércoles se esperaba que se sumarán muchos más). Entre ellos están los eméritos de la UNAM Luis de la Peña, Adolfo Gilly, Alfredo López Austín, Humberto Muñoz, Annie Pardo, Manuel Peimbert y Silvia Torres; la directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, y 13 consejeros universitarios, como Octavio Solís, Sofía Tajonar y Teresita Cortés.

También firman el pronunciamiento John Ackerman, Alejandro Álvarez Bejar, Ana Buquet, Ana María Cetto, Manuel Falconi, Elvira Concheiro, Montserrat Gispert, Mireya Imaz, Carlos Imaz, Polar López, Massino Madonessi, Teresa Ordorika, Imanol Ordorika, José Antonio Pérez Islas, Eréndira Sandoval y Herlinda Suárez, de la UNAM. Por la UPN signan el documento Leticia Acebal, Luz María Garay, Andrés Lozano, Guadalupe Oliver, Xavier Rodríguez, Rosa María Torres, además de Manuel Gil Antón, de El Colmex.

El pasado 26 de septiembre, en la Normal Rural de Ayotzinapa policías municipales atacaron a tiros a los normalistas, dejando un saldo de seis personas muertas (tres estudiantes de ese plantel), más de 20 heridos y 43 desaparecidos.

Ha trascendido que los desaparecidos pudieron ser entregados a integrantes del crimen organizado. Aunado a ello, el fin de semana autoridades del estado hallaron fosas clandestinas con varios restos de cuerpos calcinados, por lo que en diversos sectores se ha exigido que se efectúen las indagatorias necesarias para determinar si se trata de los normalistas desaparecidos.

En el documento, los académicos subrayan: “La colusión y colaboración entre la fuerza pública, sus patrullas y sus armas, y las bandas delincuenciales participantes en este crimen de lesa humanidad está probada y reconocida por todas las investigaciones. Los gobernantes de Guerrero no pueden eludir su responsabilidad en estos hechos”.

Enfatizan que los estudiantes y los egresados de las escuelas normales rurales del país “forman parte del magisterio de nuestra nación, tan urgida de educación, salud, ingresos, derechos sociales, libertad, igualdad, democracia y paz. Ellos son nuestros estudiantes y también nuestros colegas. Ellos y sus familias se cuentan hoy entre los más pobres y desprotegidos, y desde hace décadas han sido y siguen siendo objeto de agresiones sistemáticas y de denigraciones racistas”.

Los académicos de las tres instituciones de educación superior e investigación expresan su dolor y repudio ante “esta tragedia”, y manifiestan su solidaridad y apoyo a las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos.

“Como ciudadanos y educadores demandamos a las autoridades (de los tres niveles de gobierno) la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los crímenes y el castigo de los responsables materiales e intelectuales”.

Asimismo, hacen un llamado a profesores, investigadores y estudiantes de todo el país a brindar completa solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, con sus familias y con su escuela.