El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron a las autoridades mexicanas que realice una profunda investigación para esclarecer la desaparición y posible homicidio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y que los culpables sean llevados ante la justicia. Es un signo de la consternación que ha causado internacionalmente este incidente.

A partir de la instrucción presidencial de que el gobierno federal atrajera el expediente, ayer el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se trasladó a Iguala, Guerrero, para conducir las pesquisas, luego de que el 26 de septiembre los normalistas fueron agredidos a tiros por policías municipales, y días después se localizaron seis fosas clandestinas cuyas víctimas están en proceso de identificación para determinar si entre los cuerpos están algunos de los estudiantes.

Entre los avances de la investigación, de acuerdo con autoridades federales, una de las líneas apunta a los nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de Los Beltrán Leyva. Se indaga al edil como posible prestanombres al servicio de esta organización.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que Washington está siguiendo de cerca el “preocupante” caso de estos estudiantes. Y pidió que se realice una indagatoria “completa y transparente” de los hechos.

“Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los desaparecidos, a los que expresamos nuestras condolencias”, señaló la vocera, quien se mostró confiada de que la investigación que han iniciado las autoridades mexicanas permita esclarecer los hechos. “Los culpables deben ser llevados ante la justicia”, añadió.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que la desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes “enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”, aunque oficialmente el gobierno de México aún no ha confirmado el crimen de los jóvenes.

Insulza expresó su profunda consternación por los hechos. Recordó mediante un comunicado que, según declaración de sicarios confesos, algunos de los estudiantes desaparecidos habrían sido ejecutados por orden del crimen organizado en los alrededores de Iguala, por lo que el máximo representante de la OEA pidió el esclarecimiento de “un asesinato tan inhumano como absurdo”.

Manifestó su apoyo al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

PGR ya tenía denuncia contra el edil de Iguala

La Procuraduría General de la República tenía abierta desde junio de 2013 una averiguación contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su probable participación en el crimen de tres activistas campesinos, y según declaraciones, el mismo edil habría disparado contra uno de ellos.

El 1 de julio de 2012 los pobladores de Iguala eligieron a Abarca Velázquez como presidente municipal, arropado por la coalición Guerrero nos Une (PRD-PT-MC). Un año más tarde, la PGR y la Secretaría de Gobernación eran advertidas de presuntos nexos del alcalde con la delincuencia organizada.

Según otra nota del diario 24 Horas, las autoridades desconocen la ubicación de Abarca Velázquez desde el pasado 2 de octubre, después de pedir licencia al cargo para que pudiera declarar en el caso de seis personas asesinadas y 43 desaparecidas, pero nunca se presentó.

Según denuncias presentadas ante la PGR, desde junio de 2013 la dependencia inició la investigación por el crimen de tres líderes sociales de la Unidad Popular (UP) de Iguala, levantados por un comando el 30 de mayo de ese año y encontrados muertos el 3 de junio.

De acuerdo con la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, el 29 de mayo de 2013, ante el hostigamiento contra los líderes sociales de la UP, decidieron interponer una denuncia en la alcaldía en contra de Abarca Velázquez.

Al día siguiente, después de una manifestación pacífica, los líderes sociales Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón fueron plagiados; tres de ellos Arturo, Rafael y Ángel aparecieron muertos cuatro días después -con señas de tortura- en la carretera federal Chilpancingo-Iguala.

Luego de este hecho, uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa, acudió a un notario para declarar los hechos que vivió al momento del secuestro, donde acusa directamente al alcalde prófugo de encabezar la tortura y asesinato de los activistas.

“El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al término de nuestra tortura se dirigió el presidente José Luis Abarca al ingeniero Arturo Hernández diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte. Al ingeniero lo siguieron torturando, y aproximadamente 10 minutos después el director de la Policía Municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo Hernández y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente José Luis Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon, quedó descubierto”, indica su testimonio proporcionado por la Red.

El 2 de junio de 2013, el perredista líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, da una conferencia de prensa en el hotel Crown Plaza de Acapulco, donde revela los hechos violentos y pide que Abarca Velázquez sea investigado por las autoridades estatales y federales.

“Los denunciamos ante los medios y después ante todo tipo de autoridades estatales y federales. Las estatales nos prestaron atención y ayuda, pero las federales nos ignoraron”, declaró el perredista ayer al diario 24 Horas.

Según el perredista, también se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para pedirle apoyo, pero fue ignorado.

“El Senado de la República acordó en dos ocasiones solicitarle a la PGR que atrajera la indagatoria por el crimen cometido contra los líderes sociales de iguala de mayo de 2013 y la procuraduría no atendió el llamado del Senado, omitió atraer las investigaciones a pesar de que existían los elementos que presumían delincuencia organizada y todo lo asociado a eso”, detalló.

A un año, los familiares y líderes sociales están escondidos en algunos estados del país para evitar represalias en su contra. Tienen miedo y es poco probable que puedan aparecer en público, finalizó Bejarano.

La PGR sí tiene abierta una investigación relacionada con el homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y en donde pudo haber estado involucrado algún grupo del crimen organizado.

Autoridades federales indicaron a este diario que se trata de un expediente en integración, en donde se han recabado testimonios, pero no se había procedido penalmente en contra de nadie todavía.

Cabe señalar que existen testigos que relacionan al alcalde de Iguala José Luis Abarca con este caso pero el Ministerio Público aún no había identificado con pruebas a los responsables. Además en el caso del alcalde, la PGR estaba imposibilitada a actuar en su contra por el fuero del que goza.

En términos oficiales, el titular de la PGR Jesús Murillo Karam señaló el martes pasado que no tenía una averiguación consignada o dirigida directamente en contra del alcalde de Iguala.

Habitantes temen represalias de policías

Los habitantes del municipio de Iguala, Guerrero, en particular los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de los heridos en el ataque del 26 y 27 de septiembre, temen por su vida ante posibles represalias por parte de la policía estatal.

Así fue establecido por la CNDH mediante la investigación por violaciones graves a los derechos humanos que realiza esta institución en aquella ciudad.

De acuerdo con los testimonios recabados, la población teme debido a que la policía estatal cuenta con datos personales -como domicilios- y conoce en qué hospitales son atendidos los sobrevivientes del ataque perpetrado por policías municipales coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

En entrevista con el periódico Crónica, el Primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, explicó parte del trabajo que ha realizado esta institución, para lo cual este servidor público estuvo en aquel municipio para recoger información de primera mano.

¿La gente de Iguala tiene desconfianza de la policía estatal?

—El día de ayer (lunes) visité Iguala con el objetivo de seguir recabando evidencias; pero, principalmente, para ver la condición de salud de algunas víctimas que continuaban siendo atendidas en algunos hospitales.

Cuatro familiares comentaron que la atención médica era la adecuada, pero cuando se tocó el tema de la seguridad manifestaron el temor, miedo a ser víctimas de otro tipo de agravios. Me manifestaron la desconfianza que tenían para cuando salieran del hospital.

Nos solicitaron medidas inmediatas con el objetivo de darles garantías a su seguridad personal. Le marqué (telefónicamente) al procurador de Guerrero y dijo que atendería la solicitud.

El Primer Visitador explicó que durante otro recorrido, un grupo de personas le manifestó temor a las autoridades policiacas ante la tensión que se siente en la entidad, por lo que el funcionario solicitó medidas cautelares para las víctimas.

“Lo que puedo observar es que hay preocupación, hay sensación de inseguridad, hay una desconfianza muy clara ante las autoridades de seguridad pública del estado. No quieren salir de su casa porque sienten el temor de ser víctimas de ataques”, dijo.

Sobre las 43 personas desaparecidas, Luis García enfatizó que fueron solicitadas medidas para que el Estado realice acciones efectivas de búsqueda y localización, para que sean presentadas vivas lo antes posible.

Para las investigaciones, la CNDH desplegó un grupo de 30 visitadores conformado por abogados, médicos, psicólogos y criminalistas, quienes han realizado 233 diligencias consistentes en 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos.

Además, ha dado 74 servicios de atención psicológica a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas; así como 32 visitas tanto al lugar de los hechos, a domicilios de las víctimas, a hospitales públicos y privados, al Servicio Médico Forense, a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, y al lugar donde fueron encontradas fosas clandestinas.

La CNDH también ha girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y se han obtenido 24 expedientes clínicos y 6 necropsias.