Policías municipales de Iguala, bajo las órdenes del grupo criminal "Guerrero Unidos", ejecutaron a por lo menos 17 de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, reveló que dos integrantes de la banda y un policía preventivo confesaron haber asesinado a los estudiantes en un cerro de la localidad de Pueblo Viejo.

Justamente en ese sitio agreste, agentes de la Procuraduría de Justicia del estado y de la PGR localizaron el sábado varias fosas clandestinas en las cuales han encontrado hasta ahora 28 cadáveres, la mayoría calcinados.

Como parte de las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas, las autoridades capturaron al policía municipal Honorio Antúnez Osorio, así a los presuntos narcotraficantes Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Velver.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, los tres confesaron haber participado de manera directa en el homicidio de los estudiantes.

"Estas personas fueron conscientes que trabajan para el grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos, identificando a un total de 30 efectivos de la policía preventiva municipal como integrantes.

"Manifestaron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes de Ayotzinapa (...) Lograron asegurar a 17 estudiantes a quienes trasladaron en un cerro de Pueblo Viejo en donde tienen fosas clandestinas y en donde dicen que los ultimaron", describió el procurador.

Los detenidos, de acuerdo con la versión oficial, dijeron que la orden de acudir hasta el sitio donde se encontraban los normalistas fue dada por el director de la Policía Municipal, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo.

Y que la orden de llevarlos a Pueblo Viejo y matarlos fue de un sujeto apodado "El Chucky", líder del grupo criminal.

El procurador de Justicia no descartó la posibilidad de que algunos de los restos hallados en las fosas pertenezcan a los estudiantes de Ayotzinapa.

Ante la pregunta de por qué fueron asesinados los estudiantes, el funcionario dijo que se sigue investigando.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero a evitar “actos de intimidación” de parte de funcionarios para permitir las investigaciones del caso.

Infiltró a la policía municipal cártel

El cártel Guerreros Unidos infiltró a la Policía Municipal de Iguala.

El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo ayer que 30 policías municipales y algunos de los mandos policiacos fueron señalados como integrantes del grupo delictivo.

Quien daba órdenes a los agentes policiacos de hacer labores de "halcones" y de asesinar a personas, indicó, es un individuo al que le apodan el "Chucky", uno de los líderes de la banda.

En conferencia de prensa, Blanco expuso que derivado de las investigaciones se logró establecer la participación de policías municipales y un grupo de sicarios en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, en los que murieron seis personas.

"De actuaciones se advierte que en los homicidios de los estudiantes de la normal rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, de las dos personas que viajaban en el autobús del equipo de futbol 'Avispones de Chilpancingo' y de una civil que transitaba por el lugar a bordo de un taxi, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala vinculados a la delincuencia organizada y sicarios a su servicio, particularmente del grupo conocido como los 'Guerreros Unidos'", externó en conferencia de prensa.

Relató que como parte de la investigación se detuvo al policía Honorio Antúnez, "El Patachín", quien tenía vínculos con los delincuentes Martín Alejandro Macedo y Marco Antonio Díaz Velver, ambos integrantes del cártel.

El procurador de Guerrero indicó que ya se libró órdenes de aprehensión contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; el subsecretario Alejandro Tenescalco Mejía y el supervisor en turno Luis Francisco Díaz, por su probable responsabilidad de los delitos de homicidio calificado en agravio de las seis personas.

Recordó que otros 22 policías municipales que fueron detenidos el sábado 27 de septiembre, horas después de los hechos de violencia, ya están formalmente presos en el penal de Acapulco.

Por otra parte, manifestó que la Fiscalía promoverá un juicio para desaforar al alcalde José Luis Abarca y pueda dar cuentas de su participación en los ataques.

Normalistas rechazan la versión oficial

 Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa rechazan la versión del Gobierno de Guerrero, quien asegura que sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos participó en ataque a normalistas.

 "Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueran los del crimen organizado. Nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado.

"Se están queriendo lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado. Que no se hagan güeyes. Ellos perfectamente saben quiénes fueron", aseguró Uriel Alonso, vocero del comité estudiantil.

Se tendrán los análisis de ADN

La PGR tendrá el próximo martes o miércoles los resultados de las pruebas de ADN que se realizan a los cuerpos encontrados este fin de semana en fosas clandestinas ubicadas en un cerro de Iguala, a fin de establecer si se trata de alguno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desde el viernes 26 de septiembre se encuentran desaparecidos, informaron fuentes gubernamentales.

Un elemento probatorio fundamental para que los fiscales de la PGR –dependencia que atrajo las investigaciones del caso Ayotzinapa– puedan esclarecer los hechos está relacionado con las declaraciones que pueda rendir el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, sobre quien pesa ya una orden de localización emitida por el Ministerio Público, pero de quien se desconoce su paradero.

El edil perredista huyó de ese municipio luego de que el cabildo municipal le autorizó licencia de 30 días. Su domicilio personal ya fue cateado, pero las autoridades federales y estatales siguen en su búsqueda.

A decir de las fuentes consultadas, este lunes la PGR solicitará por escrito copia a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero de todo lo actuado en la averiguación previa que se abrió por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, y se requerirá, entre otras cosas, copia de la declaración que en su momento rindió Uzziel Peralta Rodríguez, director de tránsito municipal de Iguala.

La zona donde se encontraron las fosas, ubicada al poniente de Iguala, es resguardada por más de 200 elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Armada de México.

Normalistas provocan destrozos y bloqueos

Normalistas de Ayotzinapa bloquearon al mediodía de ayer la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, para exigir justicia en el caso de sus compañeros asesinados y que las autoridades informen si los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Iguala corresponden a los desaparecidos.

Según otra nota del periódico Excélsior, los normalistas llegaron hasta el lugar donde se une la carretera federal Acapulco-Chilpancingo y la Autopista del Sol, en la entrada sur de la ciudad y cerraron los dos sentidos de la Autopista.

En el lugar, aseguraron que este bloqueo y otras acciones más forman parte de su plan de acción para presionar a las autoridades para cumplir con la ley y se castigue a los agresores de sus compañeros.

El secretario de Seguridad de Chilpancingo, Constantino González, dijo que cerca de las 16:00 horas, los estudiantes liberaron la vialidad, sin embargo, un grupo pidió cuota “voluntaria” a los automovilistas para que sigan su camino.

Asimismo, cubiertos los rostros con sus playeras, realizaron pintas en las instalaciones de la caseta de Palo Blanco y destruyeron cámaras de vigilancia, cortaron cables, equipo de cómputo para cobrar a los automovilistas y lo que estuvo a su alcance.

Durante el bloqueo, los manifestantes encararon a las fuerzas federales para reclamarles acciones efectivas.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas envió a Guerrero un grupo especializado, integrado por personal jurídico, médico, de sicología y trabajo social, para garantizar la atención a las víctimas de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y exigió a las autoridades federales y estatales una investigación que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y permita la reparación integral del daño.