La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios suficientes de que el pasado 30 de junio, tras un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, estado de México, que duró unos ocho minutos, varios militares privaron de la vida a por lo menos una decena de presuntos secuestradores después de que éstos resultaron heridos y ya se habían rendido, informaron funcionarios federales.

Sin embargo, una marcha en defensa de los militares detenidos por el caso Tlatlaya fue convocada por miembros del Ejército.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en mensajes publicados en Facebook y Twitter con el "hashtag" #yosoy26 llaman a solidarizarse con los uniformados el sábado 11 de octubre en una marcha que irá del Zócalo a Los Pinos.

En tanto, las autoridades han determinado que “hay dictámenes en criminalística de campo y en medicina forense que hemos podido adminicular (agregar) debidamente a las declaraciones de los militares sujetos a proceso (en el fuero castrense). También encontramos contradicciones en los testimonios de los participantes (de ocho integrantes del Ejército), lo que nos arroja luces sobre la probable comisión de al menos 10 homicidios dolosos, entre otras conductas graves”, afirmó un fiscal de la PGR que pidió el anonimato según se informa en otra nota del diario La Jornada.

A decir de los funcionarios consultados, la procuraduría ejercitó acción penal contra los ocho militares, tres de ellos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, y los otros cinco por encubrimiento y falsedad en declaraciones.

Según las fuentes consultadas, los imputados modificaron la escena del delito y después de al menos dos horas dieron parte a las autoridades del estado de México con el fin de que acudieran a ese sitio para efectuar los primeros peritajes en criminalística forense.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acompañado del procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, anunció ayer que la dependencia a su cargo tenía elementos de prueba para imputar los delitos de homicidio calificado a por lo menos tres efectivos castrenses.

Según Murillo Karam, los militares que acudieron a la detención de los presuntos secuestradores fueron atacados al llegar al lugar de los hechos, en virtud de lo cual abrieron fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, después de al menos ocho minutos de enfrentamiento, los ocho militares, encabezados por un teniente, repelieron la agresión, aunque después de contenerla ingresaron al inmueble y allí privaron de la vida a varios integrantes del grupo criminal pese a que se habían rendido.

El ejercicio de la acción penal implica que los militares detenidos deberán enfrentar proceso por delitos graves, por lo que no podrán obtener la libertad provisional bajo caución.

La PGR solicitará en las próximas horas diversas órdenes de cateo en domicilios de los ahora detenidos, con el fin de tratar de acreditar diversos medios de prueba por la probable responsabilidad de los imputados en los delitos mencionados.

En su edición del pasado viernes, La Jornada publicó que al menos 14 de las 22 personas ultimadas en Tlatlaya fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

El diario recogió en su edición de ese día la opinión del criminólogo José Luis Mejía Contreras, quien aseveró que los disparos tuvieron que haber sido a mansalva, es decir, que se les ejecutó.

En tanto, los textos en las redes sociales que convocan a la marcha de militares señalan que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, traicionó a los efectivos al enjuiciarlos.

La Procuraduría militar investiga a 25 elementos del Ejército involucrados en los sucesos del 30 de junio en las que resultaron muertas 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

La PGR anunció el martes que tres de los uniformados serán acusados de homicidio.

De acuerdo con la nota del periódico Reforma, en la página change.org se registró una petición para que se libere a los detenidos. Ahí se afirma que fueron capturados por "hacer su trabajo".

"La PGR tiene que convencer que los tres militares procesados no son chivos expiatorios", opinó el General retirado Carmelo Terán.

El Ejército comprometido a esclarecer los hechos: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Ejército mexicano ha refrendado su compromiso con el estado de derecho y la justicia, al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, donde murieron 22 personas tras un operativo militar.

Al inaugurar el Congreso Internacional y la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ómbudsman, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado colaboración irrestricta para que la autoridad competente determine la verdad jurídica del caso e inició una propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos.

“Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes.

“Quiero dejar acentuado este compromiso: habrán de coadyuvar con la CNDH para avanzar en las propias diligencias que realiza este organismo autónomo”, reiteró durante su discurso según la nota publicada por El Universal.

El presidente confió en que las investigaciones esclarezcan la verdad del caso de Tlatlaya, a fin de reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano en favor de los derechos humanos.

Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, y del jefe de la Unidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Mecanismos Regionales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Vladlen Stefanov, el Presidente —quien se escuchó afónico por un malestar en la garganta— dijo que las Fuerzas Armadas están comprometidas con los derechos humanos.

“Esta convicción de respeto a los derechos humanos la comparten plenamente nuestras Fuerzas Armadas, quienes desempeñan su ardua responsabilidad con firme compromiso con los derechos humanos”, reiteró Peña Nieto.

Explicó que en los primeros ocho meses de este año el número de recomendaciones de la CNDH dirigidas a las Fuerzas Armadas fue 87.5%, menor al mismo periodo de 2012.

Insistió que el gobierno trabaja para consolidar un Estado democrático de derecho, en el que todos sus habitantes ejerzan plenamente libertades y derechos constitucionales.

“Estamos convencidos de que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de ser una obligación constitucional, es un deber irrenunciable”, agregó el mandatario.

Sostuvo que el país cuenta con una CNDH consolidada y con organismos de protección estatales.

Recordó que su administración respalda la labor de los ombudsman en México, que se han aceptado todas las recomendaciones de la CNDH y se emprendieron acciones para su cumplimiento.