Como respuesta a una serie de denuncias ciudadanas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició una investigación para determinar si la presa que se ubica dentro de terrenos propiedad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción y concesiones de agua.

El director de la Conagua, David Korenfeld, anunció ya solicitó al organismo de cuenca noroeste verificar la documentación de cinco represas que fueron denunciadas en la entidad, entre ellas la que involucra al gobernador, para determinar si el uso de la aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, tiene concesiones.

En caso de encontrar anomalías, la Conagua procederá en primera instancia con la clausura de la obra; posteriormente, se liberará el recurso hídrico de comprobarse que se violó el derecho de uso de terceros y, finalmente, de no contar con los permisos legales la presa será demolida.

“No vamos a hacer juicios de valor, vamos a determinar si se cuenta con los permisos o no para la utilización de aguas nacionales en cada uno de los rincones denunciados en el estado de Sonora”, advirtió el funcionario según una nota del diario 24 Horas.

Por medio de imágenes aéreas del Sistema Nacional de Información Ambiental, que administra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se determinó la existencia de infraestructura para contener agua sobre los cauces del arroyo Manzanal y el río Bacanuchi, así como la fecha desde que hay presencia de la obra.

Korenfeld explicó que en marzo de 2011 se empieza a ver la construcción sobre el cauce de una infraestructura que no estaba en enero de 2010. Un año después, en marzo de 2012, la obra ya cuenta con agua y cortina.

El director de la Conagua enfatizó que la inspección a la presa en los terrenos de Padrés se hará de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, además de que se dará seguimiento a otras cuatro denuncias relacionadas con otros actores y personajes que tienen cuerpos de agua.

En la conferencia de prensa conjunta, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, informó que no serán removidos de sus cargos los delegados de Profepa, Sagarpa y Conagua, como lo exigió el gobernador.

Añadió que el nombramiento y permanencia de delegados federales son responsabilidad de la Federación.

Además, rechazó alguna motivación política en la atención del río Sonora en relación con el derrame de tóxicos.

Ignoran funcionarios veto del gobernador

Aunque durante dos días el gobernador de Sonora pidió a la Federación que fueran separados de sus cargos, los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa acudieron ayer a un recorrido por los pueblos del Río Sonora.

Si bien los delegados César Alfonso Lagarda, de Conagua; Jorge Sulio Orozco, de Semarnat, y Jorge Carlos Flores Monge, de Profepa, no son ya bienvenidos por el gobernador en el Comité de Operación de Emergencias para atender el derrame, ellos se presentaron ante pobladores de Banámichi.

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, la reunión fue encabezada por el delegado de la Secretaría de Gobernación y coordinador de delegados federales, Adolfo García Morales, y acudieron los delegados de Sedesol, Conafor, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, y de Agricultura.

Durante la reunión, Lagarda informó que el órgano que encabeza fue el primero en atender la contingencia, en distribuir agua en pipas, perforar pozos y comenzar los análisis de agua.

"La Conagua es la única dependencia que lleva el monitoreo del agua, hemos tomado más de 2 mil 400 muestras de agua en el Río Sonora por seguridad de los habitantes", dijo.

Productores de Banámichi resaltaron el compromiso de Conagua de abrir una delegación en ese Municipio, así como el de incluir a la sociedad civil en el consejo de cuenca.

A raíz de un reportaje televisivo, donde los titulares de Conagua y Semarnat calificaron como "ilegal" una presa construida recientemente en el rancho de él y su familia, el gobernador pidió la salida de los delegados.

Desde el martes, la presa en el rancho "El Pozo Nuevo de Padrés", propiedad del mandatario de Sonora y su familia, comenzó a liberar el agua que había retenido en los últimos cuatro años, aguas arriba de la población de Bacanuchi.

Ramón Aguirre, presidente del ejido Bacanuchi, informó que el agua que salía de la presa sobre el Río Manzanal, comenzó a escurrir por el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora.

El ejidatario lamentó que el agua que en la presa estaba limpia, no pueda ser utilizada por los pobladores de Bacanuchi, pues el río del mismo nombre está aún contaminado con sulfatos de cobre y metales pesados que dejó el derrame tóxico el 6 de agosto.