Paso del Macho, Ver.- (AVC) El ingenio Central Progreso se declaró insolvente para liquidar los más de 100 millones de pesos retenidos a los productores abastecedores de caña, por lo que la CNC demanda la intervención del Gobierno federal ante el conflicto social que se avecina.

Rosalío Hernández García, dirigente de la CNC dijo que la factoría no cuenta con recursos para cubrir 39 millones de pesos por concepto de liquidación cañera, 6.6 millones de pesos retenidos en cuotas y no entregadas al Seguro Social; 2.6 millones de Agrofinanciera; 13.3 millones a Banorte y cerca de un millón de pesos a Sofagro, entre otros conceptos.

Al cumplirse el octavo día de protesta, la respuesta de la factoría perteneciente a Grupo Machado fue contundente: no hay recursos para liquidar adeudos, por lo que la desolación prevalece en esta región productora.

El líder lamentó que el diálogo con la factoría sea infructuoso, no hay voluntad para cubrir los pendientes con los cañeros, que de entrada necesitan al menos 28 millones de pesos de los 100 que se reclaman, pero ni a eso están dispuestos.

Este martes, se cumplieron 12 días de la toma del ingenio, se esperaban noticias buenas pero los 500 cañeros afiliados reunidos al pie de la fábrica, sólo recibieron malos anuncios, pese a ser muy tolerantes, por lo que no descartan emprender otras acciones para llamar la atención del Gobierno federal.

El valor de la zafra en Paso del Macho supera los 70 millones de pesos, sin embargo, sólo se entregaron 28 millones 422 mil 74 pesos quedando a deber cerca de 40 millones de pesos.

La base cañera se pronunció porque la CNC demande al Gobierno federal intervenir al ingenio Central Progreso, como ocurrió en el 2001 con Vicente Fox, a fin de salvar la grave crisis que afecta a más de 5 mil familias abastecedoras de caña y proveedores de la factoría, que tampoco han encontrado respuesta a sus reclamos de pago.

De entrada, dijo, se afecta la seguridad social de las familias cañeras porque se retuvieron 6.6 millones de pesos en cuotas pero no se entregaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afectando a productores y a sus trabajadores del campo.