Trabajadores activos y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) interpusieron ante Juzgados del Poder Judicial Federal, más de 10 mil amparos en contra de la reforma a la Ley de Pensiones, aprobada “fast-track” por el Congreso de Veracruz  el 18 de julio, y que afectaría a 26 mil trabajadores jubilados, y 100 mil trabajadores en activo que cotizan al IPE.

La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, dijo que la iniciativa que envió el gobernador Javier Duarte de Ochoa y que fue aprobada por 35 diputados locales, “contiene artículos aberrantes que van en contra de artículos constitucionales”.

Entre los artículos que mayor inconformidad ha causado entre los trabajadores destaca el Artículo 16, que establece que los recursos para cubrir el costo de las prestaciones  establecidas en esta ley y los gastos de administración  del Instituto de Pensiones se obtendrán de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, pensionados y el patrón.

Chávez Tejeda dice que en la ley abrogada, las aportaciones al IPE eran tripartitas: gobierno, patrón y trabajadores activos.

Con este artículo, “se está permitiendo al estado zafarse de  su responsabilidad de aportar al sistema de pensiones. Esta ley le permite al gobierno ya no aportar, y deja al IPE para su mantenimiento en manos de los trabajadores, los patrones y los jubilados”.

Sin embargo, la nueva ley que exime al estado de sus obligaciones con el IPE mantiene sus privilegios.

 “Esta Ley le da al gobierno permiso de ausentarse de aportar para las pensiones, pero al mismo tiempo, le deja las manos metidas en el Instituto, porque  la ley le permite que siga nombrando al director del IPE, al Consejo Directivo del IPE, que son los responsables del desfalco financiero del IPE”, insiste la lidereza de los pensionados.

El articulo 17 es otro que genera escozor entre la población porque ante la salida del Estado de las aportaciones, obliga a los jubilados a realizar una aportación del 12 por ciento de su pensión al IPE.

“Esta es la primera vez en la historia, desde que se crearon los sistemas de pensiones, en que nos van a cobrar el 12 por ciento de nuestra pensión, cuando nosotros ya cotizamos durante muchos años”.

Otro aspecto que preocupa a los trabajadores que cotizan en el IPE es que la anterior ley tenía un artículo 78 que establecía que en caso de quebranto financiero,  el gobierno del estado se encargaría de pagar los pensiones del estado; artículo que en la nueva ley no existe.

Aunado a esto, la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Copipev) dijo que el Gobierno de Veracruz pretende borrar la deuda histórica que tienen con el Instituto de Pensiones.

Esto, luego de que en al nueva Ley del IPE, se ha establecido el artículo transitorio 14 que establece que para efecto de lo dispuesto en la ley, “el Instituto de Pensiones del Estado, en el ámbito de la armonización contable, únicamente podrá registrar en su contabilidad los adeudos adquiridos mediante convenios suscritos bajo la vigencia de ésta Ley”.

“Es decir, a partir de la promulgación de la ley, el gobierno ya no debe nada, y eso no puede ser. Es un robo, se robaron nuestro dinero, el gobierno pidió prestado y  tienen que pagar, porque eso es dinero de los trabajadores”.

Chávez Tejeda comentó que desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la administraciones estatales comenzaron a pedir prestamos al IPE. Fidel Herrera Beltrán solicitó un préstamo por 3 mil millones de pesos, y al inicio de su administración Javier Duarte de Ochoa también hizo una solicitud.

 “En la actualidad, el Gobierno Estatal debe 5 mil millones de pesos, pero es muy probable que sea mas”, destaca.

La presentaciones de amparos en contra de la nueva ley del IPE, aprobada el 18 de julio, y publicada en la Gaceta del Estado el 21 de julio, tuvo lugar la mañana de este viernes, después de una marcha de las oficinas del Instituto de Pensiones a los juzgados Federales. Más de 20 cajas, con los amparos llegaron al recinto judicial federal.

Los amparos son interpuestos en el contexto del recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que la ley atenta contra derechos humanos fundamentales de los trabajadores.

“Para nosotros es un gran apoyo el recursos de inconstitucionalidad que interpuso la CNDH ante la SCJN, creemos que eso nos ayudará a que esta Ley no entre en vigor”, concluyó.