Poza Rica, Ver.- Los propietarios de los centros de verificación vehicular del estado de Veracruz se oponen a los cambios a la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente debido a que incrementarán los precios del servicio a los usuarios, y les despojarán las concesiones que les otorgó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), y con ello, perderán sus fuentes de empleo y el de sus trabajadores.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación de centro de verificación vehicular en la entidad, Pablo López García, advirtió que la reforma provocará nuevos aumentos de hasta el 66 por ciento y las multas por vencimiento de revisión rebasarán los 600 por ciento en las tarifas actuales.

A la fecha, los prestadores de servicios de este ramo mantienen el costo en 191 pesos, equivalentes a tres salarios mínimos, pero con las modificaciones constitucionales pasará a 318 pesos, mientras que las sanciones son de apenas 507 pesos, y con los cambios pasará hasta los 3 mil 500 pesos.

Por lo que, los concesionarios afirman que las reformas aprobadas el pasado 15 de julio de este año, es otra estrategia más del Gobierno del Estado para recaudar fondos económicos ya que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se encuentra en “bancarrota”.

El representante de esta organización exhortó a las autoridades estatales a que obliguen al personal de la Sedema y de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado (DGTTE) a realizar operativos en los municipios de la entidad para regular la emisión de gases contaminantes al medio ambiente a través del uso de unidades motrices con desperfectos.

Reiteró que en Veracruz circulan aproximadamente 900 mil vehículos que no cumplen con sus verificaciones tal y como lo establece la Ley Estatal de Protección al Ambiente y la Norma Oficial Mexicana.

Pero ahora con la nueva reglamentación aprobada, la autoridad estatal exige una nueva prueba dinámica, traída de la Ciudad de México, que será más rigurosa y obligará a los automovilistas a dar mantenimientos más severos a sus unidades de transporte, lo que en consecuencia les generará mayores gastos.

Pablo López García aseguró que los 220 centros de verificación vigentes en el estado tienen la capacidad de atender a un millón 400 mil vehículos, por lo que reprimió las decisiones de los diputados del Congreso de Estado que aprobaron el proyecto de reforma, creado por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Lo más lamentable, dijo, es que los empleados perderán su trabajo y a los concesionarios les arrebatarán los permisos que, en 2003 las obtuvieron con un periodo de 53 años de servicio. “Por eso no es justo de que ahora se hable de un proyecto de una nueva convocatoria para nuevos verificentros, como si en Veracruz no existiera tales verificadores”, reprochó en la rueda de prensa.

Por ello, la mañana de este viernes los socios de la organización y los trabajadores acudieron a las oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicada en el fraccionamiento Palmas, para presentar sus amparos, y así evitar que los desplacen de sus derechos de concesión; de manera paulatina lo realizarán en otros municipios de la entidad.