El poder judicial pretende cerrar en unas horas el asesinato de Regina Martínez, la valiente periodista que se dedicó a denunciar la corrupción política y a los criminales en Veracruz, México. Exigimos que investiguen como causa del asesinato las denuncias periodísticas que hizo. NO CIERREN EL CASO SIN INVESTIGAR. Paremos los asesinatos a periodistas en México. Los silenciadores tienen que estar en la cárcel. No más impunidad.

CARTA COMPLETA

Sr. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sr. Javier Duarte Ochoa

Gobernador de Ignacio de Veracruz-Llave

Sr. Jesús Murillo Karam

Procurador General de la República

Sr. Luis Ángel Bravo Contreras

Procurador de Justicia del Estado de Veracruz

Sr. Edel Álvarez Peña, Sr. Andrés Cruz Ibarra,Sra. Martha Ramírez Trejo

Magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado

El 28 de abril de 2012 fue asesinada la periodista Regina Martínez Pérez en su casa de Xalapa, Veracruz, quien tenía más de 25 años informando de los problemas sociales, corrupción política, el crimen organizado y violaciones a los derechos humanos en la entidad. Los que la conocimos y leímos podemos testificar que era honesta, valiente y aliada de los ciudadanos, que hasta sus últimos reportajes denunció la peligrosa complicidad entre políticos y criminales.

Su asesinato indignó a la sociedad veracruzana, caló hondo entre los periodistas de todo el país y tuvo repercusión en el mundo entero. Desde entonces hemos exigido justicia no sólo porque lo mínimo que debe garantizarse en cualquier sociedad que se autonombre “democrática” es sancionar el homicidio, sino por el agravio que se está haciendo a su memoria, por ser mujer y por haberse mantenido fiel a su misión de periodista en un estado donde los periodistas son asesinados.

Todos sabíamos que Regina era incómoda y que había muchas personas poderosas interesadas en silenciarla. Quienes leíamos sus reportajes cada semana en la revista Proceso sabíamos que en ellos estaba jugándose la vida. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha investigado su labor profesional como causa de su asesinato y, por el contrario, fabricó a Regina una personalidad distinta a la que tenía para cuadrar la hipótesis de que una persona llamada José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, [quien está prófugo] era su novio y fue quien planeó un robo y la asesinó, acompañado de la persona presentada como cómplice, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, quien fue consignado ante la juez pero alegó que había sido torturado y amenazado para autoinculparse.

Por incongruente, la explicación del asesinato por robo pronto fue echada abajo por los propios magistrados veracruzanos.

El 14 de abril de 2013, en la causa penal 358/2012, la jueza de primera instancia Beatriz Rivera Hernández, falló contra “El Silva” por la supuesta complicidad y lo condenó a 38 años de prisión. Sin embargo, debido a la apelación 673/2013 el 8 agosto de ese año, ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo que ser liberado por las anomalías en el juicio y las faltas al debido proceso.

Días después, un familiar de Regina promovió un juicio de amparo que correspondió conocer al Cuarto Tribunal en Material Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, registrado con el número 751/2013, que inexplicablemente se mantuvo congelado por más de 8 meses. Fue hasta el pasado 19 de junio de 2014 que los magistrados federales, al revisar la sentencia, ordenaron a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado que vuelva a estudiar el delito de homicidio calificado por considerar que no había quedado probada la plena responsabilidad de “El Silva” como cómplice del crimen de Regina. Y ordenaron una nueva sentencia.

Ha sido inexplicable en estos más de dos años que la Procuraduría General de la República no haya investigado este crimen, a pesar de haber anunciado que lo haría y de estar facultada constitucionalmente para ello. Es sabido que Regina denunció en sus reportajes a políticos locales, por lo que las investigaciones deben de hacerse fuera de Veracruz, y en el expediente hay infinidad de declaraciones y pruebas que cambiarían el curso de la investigación y que los jueces estatales y federales han ignorado.

Las sentencias opuestas de los jueces estatales y federales confirman que se quiere fabricar una explicación al crimen de Regina, negar que fue asesinada por sus investigaciones periodísticas. Las copias de los reportajes que la periodista publicó los últimos dos años en la revista Proceso están dentro del expediente y contienen pistas sobre quién la mató.

Sabemos que el poder judicial del estado está a punto de cerrar el caso para siempre, burlar la justicia y manchar la memoria de Regina. Todas las personas que firmamos esta carta petición exigimos a las procuradurías General de Justicia del Estado y de la República investiguen como causa del asesinato el trabajo periodístico de Regina y presenten resultados sobre esa línea de investigación, y que los magistrados de la Séptima Sala hagan un pronunciamiento debidamente fundado y motivado de estas pruebas –que existen en el expediente-- y que para los jueces no son importantes pero para nosotros, ciudadanos, sí lo son.

Exigimos justicia para Regina. No más impunidad.